Por Ramón Alberto Garza
Conozco desde hace muchos años a Joaquín Vargas. Y estoy convencido de que si salió a decir que lo intentaron chantajear a cambio de silenciarlo, es cierto. Aristegui no necesita defensa alguna. Su trayectoria, su ejercicio diario de libertad, hablan por sí mismos. Callarla, imposible.
El conflicto por la banda de 2.5 GHz vino a descubrir en una sola exhibición el sistema de componendas al que están expuestos los concesionarios de radio y televisión.
Un sistema que canjea, que cede a cambio de, que da pero exige sometimiento. Y cuando no se le da gusto, chantajea y arrebata.
La dinámica es perfecta en un ambiente de oligopolios en el que unos cuantos detentan esas concesiones y están dispuestos a pagar el precio del sometimiento a cambio de crecientes privilegios.
Pero ese mismo sistema es perverso cuando lo que se busca es igualdad de condiciones en la asignación de frecuencias, o equidad en el acceso a las licitaciones. Sobre todo en un clima de respeto a la libertad.
Cuando hace 12 años los panistas llegaron a Los Pinos, los comunicadores libres pensamos que el viejo sistema priista de canonjías a los medios llegaría a su fin.
Tantos años padecieron los panistas desde la oposición el yugo de las frecuencias sometidas a los caprichos del presidente en turno, que lo sensato habría sido asumir el destino de la apertura y la libertad.
Pero no. Ni Vicente Fox ni Felipe Calderón tuvieron la estatura ni los tamaños necesarios para enfrentar a la hidra de mil frecuencias y toneladas de papel. Y frente a esos poderes fácticos, ambos se convirtieron en estatuas de sal.
Peor aún, traicionaron sus promesas de moralizar la relación entre el Estado y los medios sucumbiendo a los favores de un puñado de concesionarios a los que no solo no acotaron, sino que los embriagaron de poder.
Para cualquier político que conozca dónde radica el poder real en México, hoy es más importante reunirse con uno de los magnates de las televisoras o la radio, que con el mismísimo presidente de la República. Y eso se lo debemos a los panistas.
Por eso no tienen cara de quejarse de que desde las pantallas o desde ciertas frecuencias se fabricó una candidatura o un futuro presidente. Porque fueron Fox y Calderón los que endosaron ese poder absoluto a los concesionarios.
Y es ahí donde se inscribe el conflicto por la banda de 2.5 GHz. En la exigencia de unos cuantos que reclaman al gobierno que ellos sí se sometieron al sistema. Y que por eso tienen el derecho de arrebatarle el “juguete” a quien, en ejercicio de su libertad o de su interés, decidió no aceptar el script que le fijaron para la sucesión presidencial 2012.
Conozco desde hace muchos años a Joaquín Vargas. Y estoy convencido de que si salió a decir que lo intentaron chantajear a cambio de silenciarlo, es cierto.
Carmen Aristegui no necesita defensa alguna. Su trayectoria, su ejercicio diario de libertad, hablan por sí mismos. Las palabras silencio y mordaza no están en su diccionario. Callarla, imposible.
Puede ser que en el fondo existan algunas razones, como precio y dimensión de proyectos. Y que eso fuera sujeto a negociaciones en el uso de la frecuencia de 2.5 GHz. Pero hay otros caminos y otras instancias para zanjar las diferencias.
Cuando todos “los niños de los medios” le hacían el feo a la frecuencia, Joaquín Vargas negoció y compró el “juguete”. Y le invirtió.
Ahora que el “juguete” está de moda y que saben que puede ser un gran negocio, los otros “hermanitos” le lloran a papá gobierno, que termina despojando del “juguete” al único que en su momento lo valoró. ¿Es justo?
Lo único que evidencian estas formas –así haga falta debatir el fondo– es que en el patio de los medios mexicanos hay “consentidos” a los que hay que premiar y “desobedientes” a los que se les tiene que castigar.
Columna publicada originalmente en Reporte Índigo, cuyo director es Ramón Alberto Garza
http://www.reporteindigo.com/reporte/mexico/joaquin-y-carmen
