Por Sergio Sarmiento
La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) de las Naciones Unidas salió ayer a defender sus intereses. Emitió un comunicado en el que deplora la iniciativa de legalización de la mariguana aprobada el 31 de julio por la Cámara de Diputados de Uruguay y que debe ser todavía ratificada por el Senado y promulgada por el presidente José Mujica.
“Dicho proyecto de ley –advierte– contravendría totalmente lo dispuesto en los tratados de fiscalización internacional de estupefacientes, en particular la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, en la que el Uruguay es parte… La JIFE insta a las autoridades del Uruguay a que garanticen que su país siga cumpliendo plenamente el derecho internacional, que restringe el uso de los estupefacientes, incluido el cannabis, exclusivamente a fines médicos y científicos”.
La JIFE dice que asume esta posición para evitar “graves consecuencias para la salud y el bienestar de la población y para la prevención del uso indebido del cannabis entre los jóvenes” y “exhorta a las autoridades del Uruguay a que sopesen detenidamente todas las posibles repercusiones antes de adoptar una decisión”.
La desesperación de la organización es evidente. Los narcotraficantes son los mayores interesados en impedir la legalización de las drogas porque sería el fin de su negocio, pero los segundos son las instituciones burocráticas y de policía creadas al amparo de la guerra contra las drogas. Ahí están la Drug Enforcement Agency (DEA) de los Estados Unidos y la JIFE. La legalización significaría el fin de los empleos y privilegios de sus funcionarios.
Sostener que estas instituciones actúan por la salud y el bienestar de la población, y para impedir el abuso de las drogas por los jóvenes, es hipócrita. Las más de cinco décadas de represión desde la firma de la Convención de 1961 no han servido para reducir ni el comercio ni el consumo, especialmente entre los jóvenes. Todo lo contrario: tanto el comercio como el consumo han aumentado. Uno pensaría que medio siglo es suficiente para enterarse que una política no está funcionando.
Uruguay podría ser el primer país en legalizar la mariguana, pero cuidado, porque las reglas que acompañan a esta medida son excesivamente engorrosas. Las personas podrían cultivar mariguana para autoconsumo, pero con un máximo de seis plantas. También podrían participar en clubes de producción, que sólo podrían contar con 99 plantas y 45 miembros. En las farmacias se vendería mariguana, pero sólo hasta 40 gramos mensuales por familia. Los consumidores tendrían que registrarse además en un Instituto de Regulación y Control del Cannabis, con todo el riesgo de seguridad personal que esto implica.
El Instituto podría emitir permisos a empresas privadas para producir la hierba, pero a discreción. La adquisición y el consumo seguirían siendo más fáciles en Portugal, donde están prohibidas las drogas pero se han eliminado las sanciones penales, o en los Países Bajos y algunos estados de la Unión Americana, donde se toleran.
Lo que irrita al JIFE no es que pueda haber más consumo. La experiencia en Portugal sugiere que no hay un aumento permanente del consumo con la despenalización.
El problema es el precedente jurídico. Si Uruguay legaliza el cannabis, otros países podrían hacerlo después. Ya en Estados Unidos se permite el uso médico de la mariguana en 19 estados y el recreativo en dos. Pero si otros países siguen el liderazgo de Uruguay, los burócratas de la JIFE perderían sus empleos. Y eso sí sería una tragedia para ellos.
Transgénicos— El Consejo de Estado, o tribunal constitucional, de Francia ha suspendido la prohibición que el gobierno francés había impuesto al cultivo de maíz transgénico MON810 de Monsanto. El producto no implica riesgos para la salud, según el Consejo. Francia, como México, prohíbe el cultivo de maíz transgénico, pero lo importa en grano en grandes cantidades.
Fuente: Reforma
