Desde enero pasado, el general de División Roberto Miranda Moreno es el nuevo agregado militar de México en España, luego de ser el jefe del Estado Mayor del presidente Enrique Peña Nieto, y convertirse en el último titular de esa élite militar tras la disolución del organismo por disposición del nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
El nombramiento del alto mando militar fue conocido por Apro en el marco de la visita que el expresidente Enrique Peña Nieto hizo en días pasados a Madrid, que tuvo una gran difusión en la prensa mexicana al conocerse dos fotografías en las que aparece acompañado de una mujer distinta a Angélica Rivera.
La embajada de México en España informó que con la visita de Peña Nieto a España no se produjo ningún contacto oficial ni institucional con el exmandatario, ni se solicitó ningún tipo de apoyo como a veces sucede con algunos expresidentes.
Y sobre la posibilidad de que el general Miranda se haya encontrado con su exjefe, la embajada precisó que no conoce si en el ámbito privado algún miembro de la legación estableció contacto con Peña Nieto.
Fuentes diplomáticas confirmaron a Apro que el nombramiento del general Miranda al frente de la agregaduría militar de México en España fue propuesto por el anterior gobierno al equipo de transición de López Obrador, quien dio su beneplácito para que el militar ocupara esta posición.
Los anteriores militares al frente de la agregaduría terminaron su responsabilidad en julio pasado, pero su reemplazo quedó en suspenso unos meses y fue hasta el inicio del nuevo gobierno que se dio luz verde al general Miranda para que se desplazara a España en enero.
El 28 de noviembre pasado, el aún presidente Peña Nieto encabezó un acto con el EMP –acompañado por el general Miranda—donde les hizo un reconocimiento y los convocó para que en la nueva etapa del país “sigan forjando con lealtad y patriotismo el prestigio y la grandeza de las Fuerzas Armadas”.
Además señaló: “Sin su apoyo hubiera sido imposible realizar estas actividades que requirieron la presencia del presidente de la República en cada rincón del país”. Y añadió que fue un privilegio contar con la lealtad “a toda prueba” de este grupo que tiene más de un siglo de haber sido creado.
El general Miranda, nacido en Morelos en 1955, licenciado en Administración Militar por la Escuela Superior de Guerra, con varias maestrías, una en seguridad nacional y otra en derechos humanos por la UNAM, fungió como subjefe de Seguridad del EMP en el sexenio de Felipe Calderón. Desde su ingreso al EMP en 1995 estuvo al frente de inteligencia y contrainteligencia, así como responsable de organizar al Cuerpo de Guardias Presidenciales.
Sin embargo, su paso como titular del EMP no estuvo exento de escándalos. En noviembre de 2014, la revista Proceso difundió que entre noviembre de 2006 y abril de 2009 (fines de Vicente Fox y parte del gobierno de Calderón) ejecutivos de la empresa estadounidense Bizjet sobornaron a personal de la Coordinación General de Transportes Aéreos Presidenciales, la Policía Federal y el gobierno de Sinaloa para obtener contratos de mantenimiento, reparación y revisión de aeronaves oficiales.
Dos exejecutivos de la firma aseguraron que uno de los que recibió sobornos por más de dos millones de pesos en el EMP, fue el general de brigada Crisanto García, un protegido del general Miranda.
Durante la gestión del general Miranda, el general Crisanto fungió como subjefe de Logística, uno de los cargos más relevantes del desaparecido cuerpo, pues se encarga de la operación y mantenimiento de los aviones oficiales –hoy en venta por el actual gobierno—.
También estuvo a cargo de la organización y protocolo de los actos de la esposa del presidente de la república, de la sección de Transmisiones y de la Coordinación general de Transportes Aéreos Presidenciales del EMP.
Los escándalos sobre el general Crisanto García con el negocio con las autopartes de aviones y helicópteros no fueron suficientes para que el general Miranda lo cesara. Por el contrario, lo siguió protegiendo.
`Becado´ el general del desafuero de AMLO
El nombramiento del general Miranda no fue el único. Como Agregado Militar Adjunto de México en España fue nombrado el general de Brigada de Justicia Militar Alejandro Ramos Flores, quien en 2004 como subprocurador de la PGR fue el operador del procurador Rafael Macedo de la Concha en el desafuero de Andrés Manuel López Obrador.
Entonces como subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR, Ramos demandaba que López Obrador ingresara a prisión y se oponía con vehemencia a que éste fuera candidato presidencial.
Por más de 18 años, el general Ramos ha sido el ‘cabildero’ en múltiples casos polémicos, incluida su defensa del proceso de militarización de los organismos de seguridad.
Recientemente, fue el portavoz de la posición del mando militar para oponerse a la Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa que ordenó un tribunal colegiado, idea que retomó el gobierno de López Obrador.
Como jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ofreció una entrevista al diario El Universal (el 1 de octubre de 2018) en la que descalificó la Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa, por considerar que carecía de imparcialidad y objetividad porque buscaba “la responsabilidad del Ejército por una supuesta omisión”.
Asimismo, fue un cabildero frecuente ante tribunales y ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra los juicios de amparo de militares en retiro a quienes se les negó el derecho de ascenso por haber dejado las Fuerzas Armadas.
No solo eso, Ramos fue el principal portavoz de la Sedena para defender el dictamen de la Ley de Seguridad Interior que impulsó Peña Nieto.
El militar desestimó todos los argumentos en contra de la discrecionalidad que esa ley otorgaba al jefe del Ejecutivo en el manejo de las fuerzas armadas y su papel en tareas civiles.
La prensa registro sus permanentes apariciones en las reuniones en el Senado mexicano donde se discutía legislación.
En 2012, el general Ramos fue uno de los cabilderos más asiduos a la Corte, para oponerse a la liberación de la francesa Florence Cassez, entonces condenada a 60 años de prisión acusada de secuestro.
El gobierno de Felipe Calderón argumentaba que aún con las violaciones al debido proceso que alegaba la defensa de la francesa, no se debía invalidar la sentencia condenatoria contra Cassez.
En su columna del 11 de octubre pasado, en sitio de internet EstadoMayor.mx, el periodista Juan Veledíaz lo señala como pieza de la estrategia mediática para temas relevantes de interés para el gobierno de turno y el mando militar, y que “se ganó sus ascensos al generalato como ‘pago’ por sus servicios”.
Fuente: Apro
