El exgobernador prófugo de Veracruz Javier Duarte de Ochoa está fuera del país por lo menos desde principios de noviembre, afirmó su abogado.
Pasaporte falso de Javier Duarte incautado en aeropuerto de Tapachula
La defensa del propio Duarte dio esa versión en un escrito fechado el 4 de noviembre y presentado ante el Juzgado 37 Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, como parte del expediente 912/2016.
“El señor Javier Duarte Ochoa se encuentra fuera del país atendiendo diversas cuestiones, es cierto”, dice el escrito del abogado Juan Carlos Cajigas Lozano, “razón por la cual mi representado no puede comparecer de manera personal”.
Duarte pidió licencia como gobernador el 13 de octubre y, luego de despedirse utilizando un helicóptero del Gobierno estatal, no se volvió a saber de él.
La PGR ofrece una recompensa de 15 millones de pesos por informes que lleven a su captura, la cual un juez federal ordenó el 18 de octubre por lavado de 439 millones de pesos y delincuencia organizada.
A finales de noviembre, un sujeto fue detenido en el Aeropuerto de Tapachula en posesión de dos pasaportes falsos con las fotos de Duarte y su esposa, Karime Macías.
El Juez 37, José María García, había citado a Duarte a comparecer personalmente el 25 de noviembre para estampar su firma y realizar una prueba pericial de grafoscopía.
Su contraparte en el juicio en cuestión alegó que la rúbrica del ex gobernador había sido falsificada en el escrito inicial de demanda, presentado el 5 de octubre.
Como Duarte nunca se presentó, el juez tuvo por cierta la falsedad de la firma, y el 13 de diciembre desechó la demanda por daño moral que el exgobernador promovió contra su sucesor, Miguel Angel Yunes, y contra Grupo Reforma, por algunas notas publicadas en este diario.
Cajigas Lozano es uno de los socios del despacho Cervantes Sáinz, uno de los más caros de la Ciudad de México, especializado en casos mercantiles y de reestructura financiera, como los de ICA, GEO y Satmex, por mencionar algunos.
Fuentes legales estiman que Duarte habría tenido que hacer un pago significativo por el servicio inicial de consulta y presentación de la demanda por daño moral.
Fuente: Reforma
