Acusado e investigado por autoridades federales por presuntos desvíos de recursos y a 12 meses de concluir su administración, el gobernador priista Javier Duarte de Ochoa envió al Congreso local un paquete de iniciativas para proponer un sistema estatal anticorrupción.
La iniciativa incluye la propuesta de retirar el fuero constitucional a la figura del gobernador, secretarios de despacho, alcaldes y síndicos. Los únicos que quedarían exentos de esta medida serían el Fiscal General del Estado y al presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
Luego de 60 meses de gobierno en los que Duarte y su gabinete legal y ampliado han sido señalados por desvíos de recursos por la Auditoria Superior de la Federación (ASF), demandados ante la PGR por legisladores federales de oposición (PAN y PRD) y por la propia ASF, el priista decidió enviar este paquete de iniciativas.
El PAN acusó al gobierno de Duarte de haberse llevado tres mil millones de pesos por concepto del impuesto del dos por ciento a la nómina y la Tesorería y Contraloría General admitieron que deberán regresar más de tres mil 600 millones de pesos a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) porque no los iban a poder solventar.
Este lunes Duarte dio una conferencia de prensa para anunciar su paquete de iniciativas que entre otras medidas prevé:
Que la legislatura apruebe el nombramiento del Contralor General del Estado, la creación de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y la eliminación del fuero a funcionarios públicos, incluido al gobernador del estado, así como la creación de un Comité Coordinador Anticorrupción y la expedición, por parte del Congreso local, de la legislación en materia anticorrupción, en concordancia con la Constitución federal.
“En el caso de la Fiscalía Especializada en Combate a la corrupción (…) se trata de un órgano especializado en detectar, sancionar y erradicar los hechos de corrupción y conflictos de intereses de competencia estatal. Su titular también será nombrado por las dos terceras partes del Congreso local en los mismos términos que establece la Constitución Política Federal, y su duración en el encargo será por cinco años”, señala la iniciativa.
En tanto el Comité Coordinador Anticorrupción estará integrado por el titular del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS), el Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, el Contralor General, el Magistrado Presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, un miembro del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, así como el titular de la CEDH y un representante ciudadano.
Duarte advirtió que la iniciativa de ley, que no será aplicada a él y funcionarios de su gobierno, deja en claro que todo servidor público podrá ser sujeto a los procedimientos penales correspondientes por cualquier delito que cometan sin que pueda suspenderse por motivos de inmunidad o fuero constitucional.
“Hoy la ciudadanía demanda conductas más responsables de todos los entes políticos, un sistema moderno que castigue la corrupción y dé transparencia en el ejercicio público. Eso es lo que la ciudadanía quiere y lo que los servidores públicos les debemos a todos los ciudadanos de Veracruz”.
Fuente: Apro
