El ex gobernador Javier Duarte, detenido por uno de los mayores escándalos de corrupción en México, aguardaba el domingo su extradición en una pequeña cárcel militar en Guatemala, donde están recluidos varios políticos y jefes del narco.
Su abogado, Rodrigo Sandoval, dijo en las afueras de la prisión que Duarte probablemente aceptará ser extraditado, por lo que podría ser un proceso rápido.
“Tuve la oportunidad de platicar con el señor Duarte y dice que está esperando su extradición y a sus abogados de México. Entiendo que sí va a aceptar su extradición”, señaló a periodistas.
No obstante, en el proceso de extradición participan ambas cancillerías, así como distintos órganos judiciales de Guatemala que tienen que cumplir distintos trámites.
Duarte fue detenido en la noche del sábado en un hotel de Panajachel, un pueblo turístico a orillas del lago Atitlán, tras más de cinco meses de búsqueda. El ex funcionario viajaba con su esposa, que no quedó detenida.
Entró ilegalmente a Guatemala, pero no puede ser deportado
Autoridades de la Procuraduría General de la República (PGR) de México confirmaron que Javier Duarte de Ochoa, exgobernador de Veracruz detenido el pasado 15 de abril en Guatemala, ingresó ilegalmente a Guatemala por un punto de la frontera terrestre que comparte con México.
La información fue suministrada en una conferencia de prensa este 16 de abril con Omar García Harfuch, director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la PGR; Alberto Elías Beltrán, subprocurador jurídico y de Asuntos Internacionales, y el Encargado de Negocios ad interim de la Embajada de México, ministro Luis Domínguez.
La frontera que Guatemala comparte con México, Belice, Honduras y El Salvador tiene numerosos puntos ciegos o pasos sin control oficial. En 2016, la Comisión Internacional de Límites y Aguas del Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala identificó al menos 126 pasos no autorizados en toda la frontera de Guatemala, de los cuales 57 tienen acceso desde México para peatones y vehículos. Beltrán afirmó que pese a que Duarte ingresó al país ilegalmente, no puede ser deportado porque ya existe un pedido de extradición de por medio.
La incautación de pasaportes falsos con la foto de Duarte y su esposa Karime Macías, el 10 de noviembre de 2016, fue el indicio de que el exgobernador estaba en Guatemala desde entonces o principios del mes, según García. “Esta era una de las líneas fuertes de investigación”, dijo el jefe de la AIC. Los documentos le fueron incautados a un sujeto detenido en Tapachula, Chiapas que dijo que los Duarte querían trasladarse a Guatemala con urgencia. Sin embargo, las autoridades de la PGR informaron que cuando el exgobernador fue capturado en el hotel La Riviera de Atitlán, en Panajachel, Sololá, a 140 kilómetros al oeste de la capital guatemalteca, sólo tenía 72 horas de estar en ese establecimiento.
García agregó que Duarte nunca salió de su habitación. Pocas horas después de su captura, el subdirector de Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil (PNC), Stu Velasco, dijo que el exmandatario pagó todos sus gastos en efectivo y utilizó un nombre falso para reservar su habitación en el hotel, pero en la conferencia de prensa se informó que le hallaron un pasaporte válido con su nombre y fotografía. No obstante, el documento no registra su ingreso a Guatemala. Velasco dijo que las autoridades todavía están en el proceso de analizar las evidencias que fueron halladas en su habitación, y no reveló cuáles fueron los hallazgos.
Las autoridades de la PGR anunciaron que una vez que México oficialice la petición de extradición, por medio de la PGR y la Cancillería, y las entidades homólogas en Guatemala, Duarte será informado en una audiencia de los cargos que enfrenta en México y que respaldan el pedido de extradición. Si el exfuncionario no apela la extradición, las autoridades estiman que su extradición podría ocurrir en espacio de un mes.
Si Duarte apela la extradición, el tribunal deberá decidir, con base en los indicios que México presente, si procede enviarlo a su país para enfrentar a la justicia. Los funcionarios estiman que esta segunda opción podría demorar hasta seis meses. Sin embargo, en otros casos de extradición en los que el procesado se opone a ser extraditado, el proceso para enviarlo al país reclamante se ha extendido hasta cuatro años, en casos de acusados por narcotráfico reclamados por Estados Unidos. El abogado guatemalteco Rodrigo Sandoval, quien representa al exgobernador, declaró a la prensa en las afueras de la cárcel de Matamoros (donde está en prisión Duarte) que su cliente no se opondrá a la extradición.
Las autoridades mexicanas dijeron que no podían revelar las identidades de los familiares que acompañaban a Duarte, pero aseguraron que ninguno enfrenta cargos en México. Además, aseguraron que entre los familiares no figuran menores de edad, descartando la posibilidad de que los hijos del exgobernador se encontraban con él. Un reporte de prensa reveló que los hijos de Duarte habían sido trasladados a Guatemala en un vuelo privado por otro familiar, pero las autoridades no divulgaron datos al respecto. “Ellos son libres de moverse en cualquier país”, indicaron.
Fuente: Reuters/ Apro
