Por Víctor M. Quintana
Nadie se imaginó que el año posterior al asesinato de Ismael Solorio y de su esposa Manuelita Solís iba a ser tan llovedor. Como si el sepultar a esta pareja de luchadores fuera sembrar lluvias en estas sierras sufrientes y resecas. Nunca imaginaron quienes desearon o planearon la artera muerte de ellos, que estaban cavando la tumba de procesos de despojo; que depositaban la semilla de la lucha en gente que antes tenía miedo de luchar, que abrían dos huecos muy difíciles de llenar, pero de ahí saldría, adolorida, incansable, la rabia justiciera y actuante de toda una familia: hijos, hermanos, hermanas, madres, padres.
Todo esto y más se dijo el martes 22 de octubre en el ejido Benito Juárez, Buenaventura, Chihuahua, en la conmemoración del primer aniversario del asesinato de Ismael Solorio y Manuelita Solís, barzonistas, luchadores por el agua de su región y contra la minera Mag Silver. Ahí estaban los hijos de ellos, las madres, las hermanas y hermanos; las autoridades del pueblo; el párroco, el pastor evangélico, El Barzón y varias organizaciones sociales más. La unidad del pueblo restaurada luego de la cizaña y división sembradas por la minera canadiense.
A pesar de que el o los asesinos materiales e intelectuales de Ismael y Manuelita continúan impunes, el sacrificio de éstos ha sido como la cosecha de un buen año. El ejido Benito Juárez ha ido superando sus diferencias: apenas tres semanas después del crimen, la asamblea ejidal rechazó por unanimidad el establecimiento y la operación de la minera El Cascabel en tierras ejidales y le ordenó retirar el equipo de la comunidad. Refrendaron la unidad al nombrar a la nueva directiva del ejido: en primera convocatoria se eligieron un comisariado y un consejo de vigilancia de personas integrantes del movimiento en defensa del agua y del territorio.
Más aún: en el proceso electoral local de este año, el ejido propuso como candidato a alcalde a uno de sus activistas. Tomaron el registro partidario que pudieron y tuvieron tanto arrastre en el municipio de Buenaventura, que el PRI tuvo que acudir a lo más granado de sus acarreos para derrotarlos en los números finales, no en la presencia entre la ciudadanía. También se logró que algunos integrantes del movimiento por la defensa del agua fueran elegidos como autoridades del módulo de riego de la región.
En febrero pasado las y los barzonistas emprendieron una cabalgata desde Benito Juárez que, conjuntamente con las marchas desde Cuauhtémoc a la capital del estado por comunidades serranas constituyeron Las Jornadas por la Justicia. La presencia de los campesinos barzonistas y de las comunidades indígenas reivindicando territorios, aguas, recursos naturales, denunciando la impunidad fue un gancho al hígado para un gobernador que se aprestaba al carro completo en las elecciones y tal vez fue el punto de arranque del distanciamiento del gobernador con la ciudadanía.
Mag Silver impugnó la decisión ejidal ante el Tribunal Agrario, pero fue derrotada. Con el apoyo del gobierno del estado ha buscado criminalizar la lucha de la comunidad de Benito Juárez. Presentó una injustificada y desproporcionada demanda por daños que asciende a 40 millones de dólares porque se le sacó su equipo del ejido. Por otro lado, los nuevos delegados de las dependencias federales, sometidos al gobernador, han establecido un veto de hecho contra los productores de Benito Juárez al excluirlos de los programas de apoyo al campo.
Ante esto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha otorgado medidas cautelares a 12 dirigentes barzonistas para garantizar su seguridad en el contexto de la lucha en defensa del río del Carmen y por la salida de la minera de sus tierras. No hay que olvidar que Chihuahua sigue siendo uno de los tres estados más peligrosos para las y los defensores de derechos humanos.
Como se recordó en la soleada y otoñal mañana del 22 de octubre, a pesar de todo la lucha de los compañeros de Ismael y Manuelita sigue rindiendo frutos ya significativos: en marzo, en el Día Mundial del Agua, el titular del Ejecutivo federal firmó el acuerdo que a través de una veda provisional suspende y prohíbe la perforación de pozos en las zonas denominadas de libre alumbramiento. Ahora se requiere la autorización, expresa, legal, sustentada y documental de la Comisión Nacional del Agua para perforar. Además, el acuerdo obliga a Conagua a reglamentar el vital líquido que se extrae cada año de los acuíferos para que no sobrepase la disponibilidad de recarga anual de éstos.
El movimiento logró también terminar con los aprovechamientos ilegales del agua del río del Carmen para riego agrícola. Se iniciaron procedimientos contra los pozos ilegales, aunque no ha habido ejecución de muchos de ellos. Y la PGR desmanteló la infraestructura de riego en los predios más representativos y simbólicos de los agricultores piratas de las aguas subterráneas.
El contagio y la inspiración del movimiento de los campesinos de Benito Juárez han cundido. Primero regiones de Chihuahua: El Sauz, Jiménez, Camargo; muy recientemente a los ciudadanos que defienden el río Casas Grandes. Sus ecos resuenan en las movilizaciones norteñas en defensa del agua, como la orgullosa batalla de los yaquis para impedir que les quiten su agua para llevársela a Hermosillo.
En el sacrificio de Ismael y Manuelita se condensaron como en las semillas, presente y futuro de dos vertientes de los movimientos sociales indígenas y rurales de México y América Latina: el movimiento de defensa de los territorios contra la minería a cielo abierto, y el movimiento por la defensa del agua. Por eso, la muerte de ellos hace un año fue como las primeras lluvias que caen en el desierto: de inmediato hacen aparecer renuevos, brotes de lucha, floraciones de acciones colectivas de las comunidades que combaten con y por su dignidad.
Fuente: La Jornada
