Por Luis Javier Valero
Los asesinatos de Ismael Solorio Urrutia y su esposa Manuela Martha Solís, integrantes del ejido Benito Juárez, miembros de El Barzón, es el punto culminante de varios conflictos creados al amparo de un conjunto de instituciones gubernamentales, de todos los niveles, prohijados por la explosiva y compleja situación reinante en el noroeste del estado, en el que dos de los problemas más candentes se juntaron: el del agua y la explotación minera.
En ambos, las ambiciones mercantiles se toparon con el eje más sólido y con mayor claridad política de la dirigencia campesina de Chihuahua, el conformado por los hombres y mujeres del ejido Benito Juárez, del municipio de Buenaventura, motor de El Barzón chihuahuense.
A ese selecto grupo pertenecía Ismael Solorio. Las balas que lo mataron a él y su esposa fueron cuidadosamente seleccionadas; su ejecución, sabían sus asesinos intelectuales y materiales, podría desencadenar una descalificación nacional, pero le apostaron al desmadejamiento de la organización.
No solamente se cruzan aquellos grandes problemas en esa zona; el narcotráfico y la lucha de los cárteles por la supremacía en ella han ocasionado que, prácticamente, sea una región sin gobierno. No son cuentos los que relatan la vigilancia diurna y nocturna de los grupos criminales sobre el tráfico de las personas y vehículos en la zona.
Es ahí en donde gracias a la inconmensurable corrupción se abrieron miles de pozos ilegalmente; en donde se construyeron cientos de presones del mismo modo y en donde la “impoluta” CFE, la que se “opone” a todas las ilegalidades, intentó establecer un reino de terror sobre los productores caídos en cartera vencida, pero que a cambio sí autorizó el establecimiento de miles y miles de tendidos ilegales de energía eléctrica.
Por si faltara algo, la empresa minera canadiense, (¿hay de otras que les interese la explotación áurea?) Meg Silver, inició la exploración de la mina El Cascabel, para explotar el oro mediante el método de lixiviación de cianuro de sodio.
Peor aún, para ese tipo de explotación se requieren cantidades industriales de agua, la que corre el riesgo de quedar muy contaminada, no solamente por algún derramamiento accidental del cianuro, sino porque el agua residual y la lluvia entran en contacto con los residuos de la explotación y esa mezcla se va a los mantos freáticos.
Ante el cruce de semejantes conflictos y la actitud omisa, o cómplice de las instancias gubernamentales, cuesta trabajo aceptar que no se haya desatado en mayor grado la violencia, pues es un conflicto que se dejó crecer, que se presentaba gracias a las enormes corruptelas alrededor del otorgamiento de las concesiones para el uso del agua, sobre todo la subterránea.
Sin ningún asomo de racismo, ni de discriminación de ninguna índole, pero el problema mayor lo han generado los nuevos asentamientos de menonitas en el norte y noroeste del estado, quienes han llegado abriendo una enorme cantidad de nuevos pozos para la extracción de agua, en la mayor parte de los casos sin los permisos correspondientes, con la consistente presunción de que se les otorgaron de manera ilegal.
No es un conflicto reciente, ni las protestas de los barzonistas se presentaron hasta que se presentó la sequía del año pasado. Varios años atrás, el principal dirigente de El Barzón, por pura casualidad también de Benito Juárez, y quien conformaba con Solorio una dupla sensacional en la dirigencia campesina, Martín Solís, advertía del riesgo inminente sobre las reservas de agua y denunciaba “la colusión de las autoridades encargadas de vigilar la explotación y uso del agua subterránea con los más recientes compradores de tierras en las vastedades del Estado Grande”.
El peligro es inminente, señalaba, tanto, que hasta la reserva estratégica de agua de Juárez, el manto Conejos-Médanos, estaba en riesgo.
En esas fechas, Solís denunció que los menonitas habían abierto al cultivo más de 80 mil hectáreas, “traen mucho dinero”, decía. “Los menonitas compraron 80 mil hectáreas a un precio promedio de 200 dólares cada una. Tal vez sea lo más sencillo”, dice, pues se calcula han invertido “algo así como 80 millones de dólares, pero se van a acabar el agua, vienen de Seminole, en Texas, allá se acabaron el agua. Primero llegaron a la zona de El Oasis, en Ojinaga, en donde abrieron al cultivo 20 mil hectáreas, sobreexplotaron el agua, se la acabaron pues perforaron más de 300 pozos, además de que provocaron una sobrecarga de las líneas eléctricas”. (Nota de LJVF, Aserto No. 52, noviembre 2007).
Congruentes, Solorio y Solís, afrontaron ese conflicto, como ya lo habían hecho años atrás cuando el problema de las carteras vencidas, luego cuando pagar la electricidad se volvió un infierno para los productores agropecuarios, y siempre, especialmente Ismael, con alegría, con la picardía natural de los productores del campo, pero con la sagacidad de quienes acudieron y egresaron de instituciones de educación superior.
Todo ello en medio, encima, del polvorín en que se ha convertido esa zona, aunado a la llegada de la empresa minera y el manto corruptor desplegado por la mina a través de la repartición de míseros salarios.
Ambos conflictos llegaron a niveles que se podían prever acciones como la que le quitó la vida a Ismael y Manuela. Sucedió lo mismo que con Marisela Escobedo, se sabía del peligro que corría y desplegaron una “discreta” protección (así lo diría Carlos Manuel Salas, el fiscal de Chihuahua); luego, en el caso de Álvaro Sandoval, el héroe de Palomas, la Fiscalía General afirmó que había rechazado la protección oficial.
Lo mismo había sucedido con Fernando Oropeza, el ex subdirector de la Unidad de Bajo Riesgo (la antigua Penitenciaría del Estado) quien armó una conferencia de prensa enfrente de Palacio de Gobierno en la que denunció las enormes corruptelas en los penales. Dos días después fue asesinado.
Igual sucedió con Solorio y Manuela Solís. Los barzonistas previeron el ataque. Lo intuyeron después de las “protestas de los ejidatarios” en favor de la mina.
Algo deben cambiar en el Gobierno del Estado, pero ya. Ante los reclamos de Marisela Escobedo, se argumentó que su trabajo indagatorio no estaba bien hecho. A Oropeza lo enviaron a recabar pruebas de la corrupción denunciada por él; los barzonistas sufrieron un tremendo linchamiento mediático. Nada se dijo ante la violentísima persecución del delegado de Conagua, a manos de individuos a bordo de 7 vehículos, a más de 200 km, para evitar las revisiones de los pozos, luego de amenazas de muerte a los productores si no disminuían sus presiones para clausurar los pozos ilegales y la revisión de Conagua. (Nota de Antonio Rebolledo, El Diario, 24/X/12).
Todos coincidimos en las gravísimas irresponsabilidades y corruptelas de las dependencias federales, pero algunas estatales no son ajenas, mucho menos las encargadas de la seguridad pública y la procuración de justicia.
Por desgracia, los asesinatos de Ismael y Manuela no cancelan los conflictos, pueden ser el detonante de algo peor.
Hoy por hoy la facultad para evitarlo está en manos del gobernante local.
Está obligado. La solución pasa por hacer vigente el estado de derecho, sólo así se les podrá hacer justicia a quienes cayeron valientemente ante las balas ordenadas por quienes sólo defienden mezquinos intereses.
Fuente: El Diario
