Isabel Miranda Torres fue denunciada ante la Fiscalía General de la República (FGR) por haber simulado pruebas en la causa que se sigue, desde hace más de tres lustros, contra los supuestos secuestradores de su hijo, Hugo Alberto León Miranda.
Pesan en su contra dos hechos delicados: de acuerdo con Carlos León Miranda —padre biológico de Hugo Alberto— Isabel Miranda habría engañado en 2006 a la entonces Procuraduría General de la República (PGR), cuando ella presentó una muestra de sangre que le tomaron a él, como si perteneciera al señor José Enrique del Socorro Wallace Díaz.
Tuvo como propósito esta trampa simular que el hijo de Isabel Miranda era descendiente biológico de Wallace Díaz.
Este año Carlos León Miranda declaró en audiencia ante al juez del caso, Francisco Marroquín Arredondo, y ahí narró la trampa fraguada por su prima hermana, (y madre de su hijo), Isabel Miranda Torres.
Esta simulación está relacionada con la gota de sangre supuestamente hallada por los servicios periciales de la PGR, en febrero de 2006, en el departamento 4 de la calle Perugino, número 6, en la colonia Mixcoac de Ciudad de México.
De acuerdo con el expediente judicial esa gota de sangre habría ofrecido coincidencia en 100% con el ADN del señor Wallace.
En otras palabras, la fabricación que habría producido Isabel Miranda al hacer pasar a Carlos León como si fuera José Enrique Wallace destruyó la validez de una prueba principal en la acusación contra los supuestos secuestradores de Hugo Alberto.
El segundo argumento por el que se denunció a Isabel Miranda está ligado igualmente a la gota de sangre, pero de otra manera. El expediente penal del caso consigna que peritos de la PGR realizaron una primera inspección en el departamento de Perugino a mediados de julio de 2005, pero en esa fecha no encontraron ninguna información relevante.
Siete meses después, una segunda inspección pericial, realizada en el mismo inmueble, sorprendió con dos hallazgos: sangre en la regadera y una licencia caduca de Hugo Alberto Wallace debajo de la alfombra.
Isabel Miranda explicó a la opinión pública que el descuido y la falta de profesionalismo de los peritos durante la primera inspección impidieron hallar la evidencia que sí se obtuvo meses después.
Habría, sin embargo, otra versión posible para esta inconsistencia pericial. En septiembre de 2005, dos meses después de la supuesta muerte de Hugo Alberto León, el departamento 4 de Perugino 6 fue rentado por un varón cuyo nombre es Rodrigo Osvaldo De Alba Martínez.
Esta persona habitó dicho departamento entre septiembre de 2005 y febrero del año siguiente, fecha en que se realizó el segundo cateo.
Hasta hace poco cabía preguntarse si el tal Osvaldo De Alba no se habría prestado para sembrar la sangre y la licencia de conducir, pero no había pruebas para afirmar tal cosa.
Nueva evidencia apuntala ahora dicha hipótesis: en septiembre de 2005 Osvaldo De Alba recibió un pago de la empresa Showposter, cuya directora era la señora Isabel Miranda y la principal accionista su hija, Claudia Wallace. Esta evidencia se encuentra en los estados contables de la compañía. En efecto, De Alba, el inquilino de Perugino, era empleado de Miranda cuando alquiló el departamento.
Existe también constancia de que, en 2010, De Alba fue dado de alta en el IMSS por otra empresa de Isabel Miranda (Showcase Publicidad), y en 2011 por el Colegio Aztlán, que también era de su propiedad.
Estas tres piezas de evidencia permiten inferir que el personaje en cuestión fue contratado por Isabel Miranda para romper la cadena de custodia del departamento de Perugino con el objeto de sembrar tanto la sangre como el documento de identidad, en fecha posterior al secuestro y supuesto deceso de su hijo.
Existe una lista abultada de elementos que corroborarían la fabricación de la tragedia que ha otorgado tanto rédito político y económico a Isabel Miranda. Por lo pronto, los argumentos aquí expuestos son difíciles de refutar: una declaración de Carlos León Miranda y la inscripción de De Alba ante el IMSS, así como el pago realizado por Showposter en septiembre de 2005.
Dice Isabel Miranda que la denuncia presentada en su contra ante la FGR por el Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP) es un distractor frente a las acusaciones que ella ha hecho, a su vez, para demeritar el trabajo que está realizando su director, Netzaí Saldoval Ballesteros.
Lo que ocurre en realidad es que ella está en aprietos graves debido a las pruebas presentadas por el IFDP en su contra. Si la FGR está dispuesta a revisarlas con un mínimo de rigor, en breve la señora Miranda verá la cara de la justicia desde un estrado distinto al que hasta ahora le había favorecido.
En este contexto no es dato menor que el día de ayer se haya suspendido la audiencia prevista para concederle a Brenda Quevedo Cruz —víctima entre muchas otras personas de la señora Miranda— la posibilidad de ser juzgada en prisión domiciliaria.
Sin embargo, el juez Marroquín Arredondo, acaso temiendo que este caso vaya a afectar su propia carrera, (el proceso de su ratificación como juzgador atraviesa por días difíciles), difirió la audiencia sin argumentos consistentes.
Al parecer, el poder de Isabel Miranda todavía alcanza para amedrentar a las personas responsables de administrar justicia.
El caso Wallace será principal en la historia judicial del país, porque implica todos los vicios que padece hoy la impartición de justicia en México.
Brenda Quevedo Cruz lleva 14 años sin sentencia en primera instancia, porque supuestamente no llegó a tiempo su acta de nacimiento a la oficina del juez, un castigo injusto continúa pesando sobre su existencia.
La liberación de Brenda Quevedo y la acción penal contra Isabel Miranda son dos cosas que todavía pueden ocurrir en simultáneo. Ambas, gracias al IFDP, que está emparejando una cancha nada equitativa, ofreciendo a los inculpados, tengan o no medios económicos, posibilidad de contar con una defensa justa.
Cabe aquí celebrar el coraje de la defensoría pública para decir la verdad en un contexto en el que predominan las mentiras.
@ricardomraphael
Fuente: Milenio
