El nombramiento de los próximos fiscales general y anticorrupción ya empezó a generar problemas. Sectores de la sociedad –ONG y empresarios, principalmente– creen que ambos deben ser nombrados sin la intervención presidencial. López Obrador no piensa lo mismo. En opinión de Gerardo Laveaga, director general del Instituto Nacional de Ciencias Penales, el nombramiento del fiscal general (que sustituirá la figura del procurador general) debe ser prerrogativa del presidente, no así el del fiscal anticorrupción, quien debe ser independiente del Ejecutivo para poder juzgar, entre otros, al propio jefe del Ejecutivo.
Por Jorge Carrasco Araizaga/ Proceso
La discrepancia comenzó cuando Andrés Manuel López Obrador anunció desde su precampaña que de ganar las elecciones propondría a los próximos fiscales general y anticorrupción. Hasta dio nombres de quienes podrían ser. La advertencia alertó a las organizaciones no gubernamentales (ONG) que habían contribuido para que el Congreso detuviera la designación de un “fiscal carnal”, como pretendió el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Ahora López Obrador se mantiene en su postura, a contrapelo del activismo de influyentes organizaciones sociales, pero también de la Confederación Patronal de la República Mexicana, en lo que es el primer desacuerdo público en la luna de miel que el candidato ganador y los empresarios han pretendido difundir tras los comicios del domingo 1.
Ninguna de las partes cede, aunque la semana pasada comenzaron formalmente una serie de encuentros en los que el único punto de coincidencia es que se debe cambiar la forma en que México ha “procurado” la justicia, a la vista de que es uno de los países con más impunidad en el mundo. Apenas uno de cada 10 delitos se castiga.
Gerardo Laveaga, director general del Instituto Nacional de Ciencias Penales, está en favor de que el presidente de la República mantenga la facultad constitucional de proponer al que será el primer titular de la Fiscalía General de la República (FGR), la entidad que sustituirá a la centenaria Procuraduría General de la República (PGR).
La autonomía que reclaman las ONG para el nuevo fiscal general la reserva el investigador para quien será el nuevo fiscal anticorrupción.
“Todos estamos de acuerdo en que se deben combatir la corrupción y los altos niveles de impunidad. Cuando vemos que algunas procuradurías tienen un nivel de impunidad de hasta 95% es claro que tenemos que hacer algo. Pero en el debate sobre la autonomía de la fiscalía hay una confusión”, comenta en entrevista.
Con su insistencia de que debe castigarse a los funcionarios corruptos, dice que los delitos contra los servidores públicos no se pueden perseguir igual que los de la delincuencia federal: “El resultado es que no se persiguen unos ni otros. Por eso es necesaria una fiscalía anticorrupción independiente, que única y exclusivamente se concentre en los delitos de los servidores públicos”.
Las ONG piden que la FGR sea autónoma, como lo dice el artículo 102 de la Constitución, pero buscan una nueva reforma para que la designación del titular y de los fiscales anticorrupción y de delitos electorales esté en manos de expertos de la sociedad civil, el Congreso y el presidente de la República, y no sólo en éste, como ha sido hasta ahora.
Ese artículo no está regulado, y mientras no haya una ley no va a haber consenso, ataja Laveaga.
–¿Por qué no hacer eco de esta exigencia si la experiencia en México nos demuestra que los ministerios públicos han estado al servicio de los presidentes y de los gobernadores?
–Porque el bono democrático lo tiene el presidente de la República, que es quien gana una elección y presenta un programa de gobierno. Para ser autónomo, el fiscal general tiene que ser electo, pero no es el caso de México. Además, el Estado no puede renunciar a su facultad sancionadora. Hay que garantizar que se castigue el delito, pero eso no se logra con una fiscalía general autónoma.
“Los delitos se enfrentan a partir de la discrecionalidad, como en Estados Unidos o Inglaterra; o de la legalidad, como en Italia y España, donde se dice que se tiene que perseguir todo. Pero ningún país tiene un aparato para perseguir todos los delitos que se cometen.
“La autonomía implicaría que el fiscal decidiera qué delitos sí y cuáles no perseguir. Y en ese caso, el presidente de la República, quien goza del bono democrático, carecería de la discrecionalidad para la persecución de los delitos de acuerdo con su política criminal.”
En la práctica, si el presidente está interesado en la evasión de impuestos, delitos ambientales o el contrabando, un fiscal autónomo podría decir que no, que su prioridad es el secuestro o el homicidio, ejemplifica. “Necesitamos una FGR que dependa del presidente de la República para que él nombre al fiscal y pueda removerlo”.
Casos separados
Laveaga pone por separado el caso del fiscal anticorrupción: “En este caso estamos ante un modelo moderno en el que el Estado sí puede ceder parte de su potestad punitiva. Pero sólo para delincuencia gubernamental, para perseguir a los servidores públicos corruptos.
“En los demás delitos, el presidente tiene que decidir y el procurador ser su empleado. Las organizaciones no gubernamentales están disparando balas al aire. En lugar de concentrarse en la fiscalía anticorrupción lo están haciendo en una institución del Estado, que es la facultad punitiva, a la que ningún Estado va a ceder.”
–Pero nuestra experiencia es que si el presidente no quiere, un delito no se investiga, aunque no se trate de funcionarios del gobierno, como sucede en el caso de empresarios o dirigentes sociales.
–Ahí tenemos que confiar en el bono democrático. Veamos lo que está pasando en Guatemala. Cada dos años están cambiando de presidente. Hay ingobernabilidad. Llega un presidente y lo persiguen. Llega otro y lo mismo. Uno está en la calle, otro en la cárcel, otro prófugo. Es un desorden institucional que asusta. Además, no hay ninguna garantía de que un fiscal autónomo, en cuya designación participe la sociedad civil, sea eficaz.
–La fiscalía anticorrupción va a formar parte del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). ¿Es garantía para ir contra los funcionarios públicos que delincan?
–Con una fiscalía anticorrupción autónoma que funcione, dentro o fuera del SNA, los servidores públicos tendríamos mucho cuidado de cometer un delito. Tendría que ser autónoma como el Banco de México o la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, aunque con dientes, no como sucede ahora con ese organismo. De otra manera sería una simulación pavorosa.
–En la tradición presidencialista mexicana, el fiscal general, como empleado del presidente, sólo va a decir “sí señor”…
–Como un secretario de la Defensa o el jefe de la Policía Federal.
–Pero de ese mismo fiscal va a depender el fiscal anticorrupción…
–Yo no lo pondría en la Fiscalía General. Los separo porque ya no sería independiente ni autónomo. El gran problema es que el modelo en el que el ministerio público anticorrupción depende del jefe de Estado es el modelo napoleónico que está en crisis en todo el mundo. Los abusos que se han cometido en México, Estados Unidos, España, donde sea, han llevado a buscar nuevos modelos. Tenemos que apostarle a una fiscalía anticorrupción que sólo se dedique a perseguir la criminalidad gubernamental.
“Pero del otro lado imaginemos un fiscal general enfrentado al presidente de la República. El presidente le pediría perseguir ciertos delitos, pero el fiscal podría decidir en cuáles se va a concentrar. En última instancia, el presidente diría: ‘Bueno, no vas a disponer de los militares o los policías’. Sería un fiscal impotente, de risa. O al revés, que el fiscal decida no ejercer.
“Sería una ingobernabilidad absoluta. Es lo mismo que puede pasar con el fuero. En todos los países democráticos, el jefe de Estado y de gobierno está protegido. Se entiende, porque debe tener cierta confianza para maniobrar. Si terminado su periodo se le encuentran faltas, se va a prisión.
–El hecho es que hoy tenemos una PGR colapsada, descabezada, con un encargado de despacho. ¿Hay que reconstituir toda la idea de procuración de justicia en México?
–Creo que no. No estoy de acuerdo en que hay que hacer una revisión de fondo. El problema es que los ministerios públicos no son independientes. El titular de la procuraduría es resultado de un nombramiento político. Pasa en Alemania, España, Francia, Inglaterra. Pero ahí ellos no pueden quitar a un ministerio público; salvo, por supuesto, que se cometa algún delito, y se va a prisión. Tenemos que garantizar la inamovilidad y la independencia de los ministerios públicos.
–Hasta ahora el presidente electo no ha elaborado un pronunciamiento en torno a su propuesta de procuración de justicia…
–Coincido en que falta todavía un pronunciamiento. Es muy temprano para poder juzgar esto. Tiene de aquí a diciembre para hacerlo y estos debates pueden contribuir.
–Con una historia de dos siglos de falta de castigo que tenemos, ¿es posible acabar con la impunidad, como ha dicho que hará el próximo gobierno?
–Creo que sí. En muchos casos es un tema de decisión política. Por eso, justamente, el fiscal general tiene que depender del presidente de la República. Y si él no quiere perseguir a su propio equipo en caso de que cometa delitos, funcionaría una fiscalía anticorrupción autónoma, que sea diferente a la que persigue los otros delitos federales. Tiene que haber una fiscalía distinta que vaya sobre los servidores públicos que delincan.
–¿Existe alguna experiencia internacional comparable?
–Sí, pero en distintos niveles. En Inglaterra los servidores públicos tienen un régimen distinto. En Estados Unidos se hacen fiscalías ad hoc para ciertos delitos (como el caso Watergate, con Richard Nixon; el caso Lewinsky, con Bill Clinton; o el de ahora, con Donald Trump, por su presunta relación con Rusia durante la campaña electoral). No ubico algún país en donde exista una fiscalía anticorrupción sólo para eso. México tiene todas las oportunidades para innovar y creo que necesitamos una figura así.
–¿Cómo entender la insistencia de tener un fiscal general autónomo?
–Creo que en las organizaciones no gubernamentales están muy entusiasmados y muy preocupados por el tema de la corrupción. Creo que lo que les preocupa es que sea el presidente quien pueda ocultar o negarse a perseguir a la gente de su equipo que ha cometido un delito penal. Por eso la importancia de una fiscalía anticorrupción, que significa ceder parte de la facultad punitiva del Estado porque el modelo napoleónico ha fracasado y en este sentido tiene razón la sociedad civil.
“Tenemos que buscar mecanismos para que no se abuse de la figura del ministerio público. Pero creo que la sociedad civil a veces se casa con un tema. Se niega a abrirse y, en su cerrazón, en vez de lograr cien no logra ni cincuenta.”
Esta entrevista se publicó el 15 de julio de 2018 en la edición 2176 de la revista Proceso.
