Padres de los normalistas de Ayotzinapa exigieron que se permita entrevistar a los militares y advirtieron que siguen en pie de lucha, a 13 meses de los hechos de Iguala, Guerrero.
Con la exigencia de que se cumpla el acuerdo firmado entre el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y el Estado mexicano, padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa se pronunciaron contra la estrategia de “descalificación a las víctimas, a sus representantes legales y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, impulsada por algunos “medios de comunicación oficiales y al servicio de la autoridad”.
En el contexto del décimo tercer mes de los ataques de las fuerzas de seguridad contra los normalistas en Iguala, Guerrero, algunos familiares de los desaparecidos y estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa se manifestaron en el Hemiciclo a Juárez, antes de realizar una marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino.
En entrevista con reporteros, Melitón Ortega, vocero de los padres de los 43 normalistas, señaló que entre los puntos de urgente implementación de los acuerdos firmados en Washington la semana pasada, resalta la canalización del expediente a la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR).
“Lo más importante es que se garantice la creación de la unidad especializada (dentro de la Subprocuraduría de Derechos Humanos) para que tomen en cuenta las líneas de investigación propuestas por el GIEI, porque la SEIDO (Subprocuraduría Especuializada en Investigación de Delincuencia Organizada) ha estado trabajando en contra del informe del equipo de expertos. No podemos mantener en manos de ellos el expediente”, destacó Ortega.
El abogado, quien también representa a familiares de los tres estudiantes ejecutados hace un año, hizo una relatoría de los intentos del gobierno de Enrique Peña Nieto por “convertirnos en cenizas” al imponer la “verdad histórica” y desplegar “una campaña feroz contra la Normal y los padres de familia”.
Subrayó: “Los editoriales de periódicos, pantallas de televisión y cine, tribunas de legislaturas locales y federales, así como algunos especialistas y analistas públicos, vociferan contra las víctimas y contra el GIEI y su informe”.
Asimismo, resaltó que para desactivar el movimiento, las autoridades han inventado “divisiones inexistentes en la organización de los padres de familia de los 43 estudiantes”. También han recurrido a la criminalización de los normalistas asociándolos “con grupos delictivos” y a la “cooptación de víctimas”.
Al censurar la negativa a investigar a autoridades municipales de Guerrero, Morelos y el Estado de México, “señalados de tener vínculos con la delincuencia organizada”, pero también de la desaparición de los jóvenes, el orador inscribió en la estrategia mediática de “estigmatización, mentiras y desprestigio” la producción de la película ‘La Noche de Iguala’, realizada por el periódico ‘Excélsior’ y dirigida por Jorge Fernández Menéndez.
Para los padres de los normalistas, el filme “criminaliza a nuestros hijos hoy desaparecidos y ofende la memoria de los estudiantes asesinados”. De igual manera, va en contra de las conclusiones del GIEI, donde se señala que el objetivo de los normalistas era participar en la manifestación del 2 de octubre en la ciudad de México, que estaban desarmados, que “no se trató de un enfrentamiento” y, sobre todo, que “no existe ninguna evidencia que apoye la hipótesis generada con base en testimonios, en el sentido de que 43 cuerpos fueron cremados en el basurero municipal de Cocula el 27 de septiembre de 2014”.
Ortega insistió que los hechos se enmarcan en un “crimen de Estado que debe ser investigado y castigado”, y exigió la presentación de los estudiantes; castigo a los responsables materiales e intelectuales de los hechos; cese a la “criminalización, hostigamiento y descalificación en contra de los estudiantes de Ayotzinapa y padres de familia”; el cumplimiento del convenio de colaboración firmado en Washington, y el acatamiento de los recomendaciones del GIEI.
El abogado también urgió trasladar el expediente de la SEIDO a la Subprocuraduría de Derechos Humanos y crear la unidad especializada, que deberá contar con “la presencia del equipo de expertos hasta que concluya la investigación”.
Luego de señalar que se ha negado a sus representantes –abogados de los centros de derechos humanos Agustín Pro Juárez y Tlachinollan–el acceso al expediente después de la última detención de Gildardo López Astudillo, relacionado con la desaparición de los normalistas, insistió en la necesidad de que el GIEI verifiqué la legalidad de su declaración.
Finalmente, Melitón Ortega urgió a la PGR a implementar el acuerdo de colaboración, con la participación del GIEI, para que se abran las líneas de investigación señaladas y se localice a los jóvenes desaparecidos.
