La liberación de Gildardo López Astudillo El Gil, señalado como jefe de plaza de Guerreros Unidos en Iguala, Guerrero, al momento dela desaparición de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, es un precedente “grave” que deja la posibilidad de liberar a otros 50 detenidos por este caso, dijo Alejandro Encina, quien anunció que iniciarán procesos de investigación sobre la actuación de jueces, agentes del Ministerio Público y funcionarios de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) en este caso.
Alejandro Encinas advierte que la laxitud del poder judicial y de la fiscalía puede ocasionar la liberación de 42 detenidos más por Ayotzinapa. “La mal llamada verdad histórica -insiste- se construyó con la simulación”. Carcel para Murillo y Zeron ya! pic.twitter.com/ryLSZMPZM2
— epigmenio ibarra (@epigmenioibarra) September 4, 2019
Al respercto, el presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció por una reforma en el Poder Judicial y la Fiscalía General de la República (FGR). Dijo que la liberación “es algo que debe amerita una investigación de fondo para avanzar en darle credibilidad a las instituciones, sobre todo las encargadas de impartir justicia, porque estas cosas demeritan mucho a las instituciones”.
AMLO dijo confiar en que el Consejo de la Judicatura intervendrá en este caso y también sostuvo que el titular de la Suprema Corte de Justicia es una persona íntegra, pero insistió que se debe analizar todo el Poder, no solo al presidente, ya qué hay ministros y jueces.
El mandatario agregó que “es momento de iniciar un reforma a fondo tanto en la Fiscalía como en el Poder Judicial, y le tengo confianza a sus titulares, lo qué pasa es que son instituciones que se han venid echando a perder porque había impunidad, influyentismo, nepotismo, corrupción, la Procuraduría era una cosa tremenda. Ahora Alejandro Gertz es una gente con integridad”.
Al ofrecer un balance del caso en la conferencia de prensa que encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, indicó que tras la desaparición de los normalistas hubo 142 detenidos, en cuyos casos varias de las pruebas fueron desestimadas.
Recalcó que Juez Samuel Ventura Ramos, Juez primero de Distrito de procesos penales federales en Tamaulipas, determinó que no existían elementos para acreditar el delito de delincuencia organizada, y desestimó 44 pruebas contra López Astudillo que buscaban acreditar el delito de secuestro. Se suscribió analizar sólo un parte de los tomos y se consideró analizar que fue sometido a tortura
“Es un precedente muy grave (la liberación), es una sentencia absolutoria de uno de los principales perpetradores de los delitos de desaparición de delincuencia organizada y lamentablemente no es el único caso, sino que, además que sentará presidente para que se puedan establecer sentencias absolutorias a los demás involucrados, viene a fortalecer la tendencia que ya se había venido registrando con la libertad de otros detenidos en el caso de Ayotzinapa” indicó el funcionario federal.
Dijo que estos elementos abren la puerta a la posible liberación de otros 50 detenidos, lo que demuestra “la indebida integración de la investigación, la mal llamada verdad histórica se construyó con base en la simulación en beneficio de los perpetuándoles y en contra de las víctimas… Habiendo elementos suficientes para fincar responsabilidades, con una laxa aplicación de la ley pueden salir libre”
Recalcó que “Se trata de impartir justicia, no de interpretar la ley y se debe anteponer”, por lo que exhortó a la Fiscalía para que reencaucé la investigación, subsane las omisiones y permita una investigación para deslindar responsabilidades de las autoridades
Sostuvo que el gobierno federal está dispuesto a proporcionar los recursos correspondientes para que se inicie la investigación de jueces y autoridades
“Seguiremos haciendo las investigaciones, pero requerimos que la autoridad judicial haga su trabajo y no permita que estos hecho queden impunes”, apuntó.
Confirmó que un juez amparó a Tomás Zerón -encargado de las investigaciones en la administración pasada- para mantener protección y seguridad brindada por el Estado, pero a la vez, la vistaduría de la Fiscalía General de la República lo investiga por su actuación en este caso, así como a ex funcionarios.
Además subrayó: “No hay ninguna identidad con la llamada verdad histórica, los puntos son totalmente distintos y la verdad histórica choca con la propia realidad”.
Fuente: La Jornada
