La investigación divulgada por la agencia AP y que implica a la titular Anne Milgram, se produce en un momento en que la DEA se enfrenta a repetidas revelaciones de mala conducta de agentes que han sacudido a la agencia federal y a una crisis de fentanilo que se cobra más de 100 mil muertes por sobredosis al año y que la propia Milgram ha calificado como la “amenaza de drogas más mortífera a la que se ha enfrentado nuestro país”.
Un organismo de control federal está investigando si la Administración para el Control de Drogas de EE.UU., bajo la dirección de Anne Milgram, adjudicó indebidamente millones de dólares en contratos sin licitación para contratar a sus antiguos asociados, dijeron a The Associated Press personas familiarizadas con la investigación.
La Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia está examinando contratos por valor de 4,7 millones de dólares en concepto de “planificación estratégica y comunicación” para contratar a personas que Milgram conocía de su época como fiscal general de Nueva Jersey y como profesora de Derecho en la Universidad de Nueva York, a un coste muy superior al de los funcionarios públicos.
Al menos una docena de personas han sido contratadas en virtud de estos contratos, entre ellas algunas del círculo íntimo de Milgram que se ocupan de inteligencia, análisis de datos, divulgación en la comunidad y relaciones públicas, un trabajo que a menudo requiere autorizaciones de seguridad y que tradicionalmente realizaba la propia plantilla de 9.000 personas de la DEA.
También está bajo escrutinio el pago de 1,4 millones de dólares a un bufete de abogados de Washington por una reciente revisión de las operaciones de la DEA en el extranjero, plagadas de escándalos, que fue ampliamente criticada por dar poca importancia a la mala conducta de los agentes y a cómo prevenirla. El coautor de esa revisión fue Boyd Johnson, ex mano derecha de uno de los mejores amigos de Milgram, Preet Bharara, cuando era fiscal de los EE.UU. en Manhattan. El propio Bharara aterrizó en el bufete, WilmerHale, incluso cuando se estaba llevando a cabo la revisión.
“Algunos de estos acuerdos parecen muy pantanosos”, dijo Scott Amey, consejero general del Proyecto de Supervisión Gubernamental, una organización no partidista, señalando que la contratación federal no está destinada a eludir el proceso de contratación del gobierno y debe llevarse a cabo sin ningún trato preferencial y evitando incluso la apariencia de un conflicto de intereses. También se prohíbe a los contratistas desempeñar “funciones inherentemente gubernamentales”, como dirigir a empleados federales.
“Los contratos nunca deben adjudicarse en función de a quién se conoce”, dijo Amey.
AMPLIACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
Los detalles de la creciente investigación, que comenzó hace varios meses en respuesta a las quejas de los empleados, proceden de varias personas entrevistadas por la oficina del Inspector General que hablaron de la investigación en curso y proporcionaron documentos de contratación bajo condición de anonimato. Si se detecta una conducta indebida, el Inspector General puede recomendar desde sanciones administrativas hasta acciones penales.
La investigación se produce en un momento en que la DEA se enfrenta a repetidas revelaciones de mala conducta de agentes que han sacudido a la agencia federal de estupefacientes y a una crisis de fentanilo que se cobra más de 100.000 muertes por sobredosis al año y que Milgram ha calificado como la “amenaza de drogas más mortífera a la que se ha enfrentado nuestro país”.
La DEA se negó a poner a Milgram a disposición para una entrevista o para discutir la investigación y los contratos específicos, en su lugar la liberación de una declaración.
“La DEA ha actuado con urgencia para establecer una nueva visión, apuntar a las redes criminales globales responsables de cientos de miles de muertes de estadounidenses, concienciar a la opinión pública sobre cómo una sola pastilla puede matar, y promover y contratar a cientos de personas de gran talento”, decía. “Estos cambios se han realizado a través de un proceso extenso y en varias partes, y estamos comprometidos a garantizar que la DEA está trabajando sin descanso para proteger la seguridad nacional, la seguridad y la salud del pueblo estadounidense.”
Anthony Coley, un ex portavoz del Departamento de Justicia que conoce a Milgram desde hace 15 años, dijo que la investigación puede provenir de empleados que no están contentos con ese cambio organizativo y están buscando maneras de “hacer retroceder o socavarlo, incluso si las acusaciones subyacentes no son ciertas.”
“Pero para eso están los inspectores generales”, dijo, “para llamar a bolas y strikes”.
MANDATO PARA LIMPIAR LA CASA
Con su bravuconería de Nueva Jersey y su enfoque “Moneyball” de la guerra contra las drogas basado en los datos, Milgram, de 52 años, llegó a la DEA hace casi dos años con el mandato de limpiar la casa.
Sin embargo, la designada por Biden no tardó en irritar a la opinión pública al expulsar a varios funcionarios de carrera de la DEA a los que consideraba parte de una cultura de camarillas que permitía que floreciera la mala conducta. En su lugar, favoreció el asesoramiento de los abogados recién instalados y de los analistas de datos que trabajan con ella en una parte aislada de la planta 12 de la sede de la DEA conocida como “la burbuja”.
Milgram también se ha esforzado por mostrar una tolerancia cero con la conducta sexual inapropiada y el racismo en sus filas, advirtiendo a los agentes de que ahora pueden ser despedidos por determinadas primeras infracciones, lo que supone un cambio con respecto a administraciones anteriores.
Una de sus primeras medidas fue ordenar una revisión externa de las operaciones de la DEA en el extranjero, que se extienden por 69 países. Se produjo a raíz de la sonada detención de José Irizarry, un agente caído en desgracia que ahora cumple una condena de 12 años en una prisión federal tras confesar haber blanqueado dinero para los cárteles de la droga colombianos y haber sustraído millones de las incautaciones de activos y de los informantes para financiar un viaje internacional de placer con cenas de lujo, fiestas y prostitutas.
ASOMBROSAMENTE IMPRECISO
Pero las personas seleccionadas para llevar a cabo la revisión levantaron cejas. Uno de ellos, John “Jack” Lawn, es una leyenda de la DEA, pero sus conocimientos datan de su etapa al frente de la agencia en la década de 1980. Tras dejar el gobierno, Lawn dirigió el Century Council, un grupo de la industria de bebidas, que financió una investigación sobre el abuso del alcohol en los campus universitarios dirigida por la madre de Milgram, experta en la materia de la Universidad de Rutgers.
El coautor de Lawn, Boyd Johnson, trabajó como fiscal en casos internacionales de drogas antes de convertirse en socio de WilmerHale. Tanto Johnson como Milgram tienen estrechos vínculos con Bharara, quien después de ser despedido como fiscal de Estados Unidos por el presidente Donald Trump se unió a la facultad de NYU junto a Milgram y juntos presentaron el podcast sobre temas legales “Cafe Insider.” El año pasado -cuando se estaba llevando a cabo la revisión de las operaciones en el extranjero- Bharara se incorporó a WilmerHale. Y este año, la DEA contrató fuera del bufete a la antigua asistente de investigación de Milgram en la NYU para que se convirtiera en su jefa adjunta.
Las normas de licitación competitiva para la revisión fueron eludidas por el argumento de la DEA de “urgencia inusual y apremiante”, diciendo que la “amenaza de las drogas extranjeras ilícitas para la salud y la seguridad del público estadounidense nunca ha sido mayor.”
Pero en lugar de los seis meses previstos para sacar la revisión, se tardó casi el triple.
“Es un completo despilfarro del dinero de los contribuyentes”, dijo Matthew Donahue, que dirigió las operaciones de la DEA en el extranjero hasta que se peleó con Milgram y fue trasladado a Colombia, una degradación que le llevó a jubilarse.
Donahue dijo que él y varios otros veteranos de la DEA en el extranjero nunca fueron entrevistados como parte de la revisión, que apenas mencionó Irizarry u otros escándalos, y tomó prestado en gran medida de las auditorías a disposición del público y los manuales operativos de la DEA.
“Es algo que podría haberse escrito en tres días”, afirmó.
El senador republicano por Iowa Chuck Grassley, que lleva mucho tiempo oponiéndose al despilfarro gubernamental y es miembro del Comité Judicial del Senado, tachó la revisión de WilmerHale de “asombrosamente vaga” y envió recientemente a Johnson una carta en la que le pedía una serie de documentos, antecedentes sobre su relación con Milgram y le preguntaba si ella o alguien más de la DEA había solicitado ediciones del informe.
“Aunque en un principio la DEA presentó este informe como una ‘revisión exhaustiva’ de la estrategia de operaciones exteriores de la DEA, el informe pasa por alto o ignora graves deficiencias de la agencia y dedica la mayor parte de sus 49 páginas a citar documentos de dominio público que se podrían haber sacado de un sitio web”, escribió Grassley en la carta de la semana pasada.
Ni Lawn, ni Johnson, ni Bharara, ni WilmerHale respondieron a las peticiones de comentarios.
La administradora de la DEA, Anne Milgram, a la izquierda, habla mientras el Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, Damian Williams, a la derecha, escucha durante una conferencia de prensa en el Departamento de Justicia en Washington, el viernes 14 de abril de 2023. El Departamento de Justicia ha presentado cargos contra 28 miembros del poderoso cártel mexicano de Sinaloa, entre ellos los hijos del famoso narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, en el marco de una amplia investigación sobre el tráfico de fentanilo. (AP Photo/Susan Walsh)
La administradora de la DEA, Anne Milgram, habla durante una rueda de prensa en el Departamento de Justicia en Washington, el viernes 14 de abril de 2023. (AP Photo/Susan Walsh)
VÍNCULOS EN NUEVA JERSEY
Otro de los contratos sin licitación sometidos a escrutinio fue para José Cordero, un veterano funcionario de la policía de Nueva York cuyos lazos con Milgram se remontan a 2007, cuando, siendo fiscal general, ella le nombró primer director estatal de bandas, armas y delitos violentos de Nueva Jersey.
Juntos revisaron el departamento de policía de Camden -entonces bajo control estatal debido al aumento de la delincuencia y la corrupción- mediante el análisis en tiempo real de las estadísticas de delincuencia y los datos de inteligencia para desplegar los recursos necesarios. El planteamiento recibió elogios a escala nacional, ya que la tasa de homicidios de la que entonces era la ciudad más peligrosa del país se redujo casi a la mitad.
“Tenemos mucha cultura que cambiar”, dijo Milgram en una charla TED en 2014 sobre la aplicación de las estadísticas a la lucha contra la delincuencia. “Pero la gran noticia de todo esto es que sabemos que funciona”.
Menos de tres semanas después de asumir el alto cargo en la DEA, Milgram adjudicó a Cordero lo que se ha convertido en un contrato de casi 400.000 dólares para realizar análisis de datos de estadísticas criminales.
Pero Donahue dijo que la experiencia de Cordero en policía urbana tiene menos valor para la DEA, que procesa una avalancha de inteligencia procedente de escuchas telefónicas extranjeras y nacionales, así como de informantes, para desmantelar redes criminales transfronterizas.
Cordero no respondió a las peticiones de comentarios.
LA LIMPIEZA
Varias de las contrataciones en cuestión se incorporaron a la DEA a través de The Clearing, un contratista federal con sede en Washington que presta servicios administrativos externos a la DEA y a otras agencias federales.
Los 4,7 millones de dólares facturados por The Clearing a la DEA en concepto de “servicios de consultoría sobre planificación estratégica y comunicación” durante los dos últimos años han representado el 30% de sus contratos federales durante ese periodo, según muestran los registros.
Entre las personas de The Clearing sometidas a escrutinio se encuentra Lena Hackett, ex congresista demócrata y fundadora de Community Solutions, una consultora de Indianápolis centrada en la salud pública y la justicia penal. Milgram la describió como su principal socia en un proyecto de reforma policial que estableció en Indianápolis mientras impartía clases en la Universidad de Nueva York.
Los registros internos muestran que Hackett informa regularmente a las oficinas de campo, prepara declaraciones políticas y memorandos para Milgram y se reúne con familias afectadas por la crisis del fentanilo. Por sus servicios, la DEA presupuestó 257 dólares la hora, más del triple de lo que ganan por hora los altos funcionarios de la agencia, incluido el jefe de extensión comunitaria.
Otra de las personas contratadas a través de The Clearing es Julia Pacetti, una publicista neoyorquina que ha dirigido campañas mediáticas para destacados personajes públicos y autores.
Según los documentos, la empresa de Pacetti, JMP/Verdant, cobraba 11.500 dólares al mes, más gastos, por redactar comunicados de prensa, gestionar solicitudes de entrevistas y organizar ruedas de prensa, un trabajo que algunos empleados de la DEA consideraban redundante, dado el personal de relaciones públicas con que contaba la agencia.
Varios comunicados de prensa recientes de la DEA -incluidos los que anunciaban redadas de fentanilo como parte de la campaña de la agencia “Una píldora puede matar”- no procedían de la cuenta de correo electrónico oficial de la DEA, sino de “Julia Pacetti-Verdant”.
Ni The Clearing, ni Hackett, ni Pacetti respondieron a las peticiones de comentarios.
“Esto parece terrible para los contribuyentes”, dijo Don Fox, ex director en funciones y consejero general de la Oficina de Ética Gubernamental. “La apariencia es horrible”. ___ La investigadora de AP Rhonda Shafner contribuyó a este reportaje desde Nueva York.
Fuente: AP
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