El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz informó que se iniciará una investigación oficiosa para revisar que el actuar del juez que hace unos días impuso cinco años de prisión y 70 pesos de multa a Diego Cruz Alonso, uno de los Porkys implicados en un caso de pederastia en 2015, se haya apegado al debido proceso y de acuerdo con las leyes en la materia.
En un comunicado, señaló que “en caso de ser procedente, el servidor público podría ser sancionado desde un apercibimiento privado hasta la inhabilitación del mismo, si su desempeño no se hubiera apegado a la normatividad ni a las leyes vigentes”.
El Consejo de la Judicatura, indicó, tiene en todo momento la obligación de proteger, promover, respetar y salvaguardar los derechos humanos de los justiciables; por ello, reiteró su compromiso con la impartición de una justicia pronta y expedita observando siempre el principio fundamental de juzgar con perspectiva de género.
El pasado 10 de agosto La Jornada informó que Diego Cruz Alonso, uno de los cuatro integrantes del grupo de jóvenes conocido como Los Porkys, acusados de agredir sexualmente a una menor, podría quedar libre en breve, luego de que un juez le reclasificó el delito que le imputa la fiscalía y le dio la sentencia más baja, de cinco años de prisión.
Cruz Alonso fue detenido en Madrid, España, en junio de 2016, acusado de pederastia agravada, por participar en la agresión sexual de una joven de 17 años, con identidad resguardada. Según el relato, en enero de 2015 la menor fue introducida a la fuerza a un automóvil Mercedes Benz color negro, placas YKR-53-08, del estado de Veracruz.
En el vehículo, Cruz Alonso y otro sujeto, actualmente evadido de la justicia, le quitaron el teléfono y realizaron diferentes actos eróticos en contra de la voluntad de la chica y en detrimento de su integridad sexual, física y sicológica.
Le reclasifican delito y lo condenan a 5 años de cárcel
Por estos hechos, la Fiscalía General del Estado señaló a Cruz Alonso por el delito de pederastia agravada. Sin embargo, el juez que estudió el caso desestimó las agravantes presentadas por la dependencia: reclasificó el delito por el de violación sexual y le otorgó la sentencia más baja, de cinco años de prisión.
Con esta sentencia, el pasado 8 de agosto, Diego Gabriel y su abogado Edgar García Martínez se presentaron ante el juez primero de primera instancia del distrito judicial de Veracruz, Rubén Adrián Romero Maldonado, para solicitar que se le otorgue la sustitución de la pena privativa de libertad.
Según la legislación vigente, una persona sentenciada a cinco años de prisión puede obtener algún beneficio sustitutivo de la pena de prisión aplicable en el presente caso, procede concederle la sustitución de la pena privativa de libertad.
Fuente: La Jornada
