El Parlamento de Bolivia anuncia que demandará al gobierno de facto por la recepción no autorizada de un crédito del FMI que causó daño económico al país.
La jefa del Senado de Bolivia, Eva Copa, en unas declaraciones divulgadas el miércoles por la oficina de prensa del Senado, informó de un proceso contra la autoproclamada presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, y su ministro de Economía por el crédito que recibió del Fondo Monetario Internacional (FMI) sin el aval previo del Poder Legislativo.
“Corresponde hacer un proceso por daño económico al país al ministro de Economía y la presidenta porque ella está autorizando estos ingresos. Nosotros estamos preparando toda la documentación”, sostuvo Copa.
Al respecto, hizo hincapié en que, con esta medida, Áñez “vulneró totalmente la Constitución”, agregando que el gobierno de facto no solo recibió un crédito de 327 millones de dólares del FMI, sino que incluso pagó ya una cuota de 1,6 millones de dólares por intereses.
En esta misma línea, enfatizó en la importancia de abrir este proceso contra Áñez, pues según Copa, el gobierno de facto utiliza los recursos del Estado para su “campaña política”.
Áñez negoció con el FMI un préstamo de 327 millones de dólares, supuestamente para combatir la pandemia del nuevo coronavirus, sin embargo, el Parlamento rechaza este crédito argumentando que estaba condicionado a cambios de política económica, incluida una devaluación de la moneda local, y a la falta de un contrato formal entre el FMI y el país.
Además, Copa, acusó a la presidenta de “jugar con la salud del pueblo” al realizar una campaña en los medios, exigiendo al Parlamento la aprobación del crédito mencionado.
Áñez, quien llegó al poder en noviembre de 2019, ahora enfrenta una ola de críticas por su gestión en diversos asuntos, entre ellos la propagación del nuevo coronavirus, causante de la COVID-19, el aplazamiento de las elecciones y la grave crisis económica en el país andino.
Es más, el gobierno de facto, en vez de invertir en el sector de la salud, autorizó la asignación de más de cinco millones de dólares para la compra de agentes químicos que se utilizan en la represión de manifestaciones.
Fuente: Hispan TV
