La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) investiga la probable violación a derechos humanos de jornaleros agrícolas en San Quintín, Baja California, y Comondú, Baja California Sur.
La CNDH informó que visitadores adjuntos se trasladaron al municipio de San Quintín, ahí entrevistaron a jornaleros y sus representantes, quienes señalaron haber sido detenidos y recibir malos tratos por elementos de la Policía Municipal, cuando protestaban por las condiciones de trabajo en que se encuentran.
El martes pasado, unos 800 jornaleros que realizaban un paro laboral, bloquearon con palos, piedras y llantas la carretera Transpeninsular, en demanda de ser inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el fin al acoso sexual en los campos y mejores salarios, además de una mesa de negociación con las autoridades del Gobierno estatal y los dueños de las empresas.
Sin embargo, luego de más de 30 horas de bloqueo, arribaron a la zona decenas de policías federales, estatales y municipales y comenzaron a desalojar la zona presuntamente utilizando balas de goma y gas lacrimógeno. Ahí 200 personas fueron detenidas.
Los jornaleros defendieron su bloqueo con piedras y palos, mientras, de acuerdo con el semanario Zeta, los policías de los tres órdenes de Gobierno continuaron con el desalojo “a balazos”.
El miércoles de la semana pasada se registraron diversos actos vandálicos, que según lo denunciado por los manifestantes, fueron incitados por personas ajenas al movimiento, incluso acusaron a los líderes sindicales de la CTM y de la CROM, a quienes señalaron de ser los causantes de la explotación que viven en los campos.
Un día después, el Gobernador panista de Baja California Francisco “Kiko” Vega de Lamadrid se reunió con jornaleros de la comunidad de San Quintín quienes le recriminaron su lejanía con respecto a sus exigencias de que se garantice sus derechos humanos y laborales en los campos.
Pero la reunión con el Gobernador no terminó con las manifestaciones. El viernes un contingente de unas 60 personas se manifestaron para exigir la destitución del delegado de la Comisión Nacional de los Pueblos Indígenas (CDI) Juan Malagamba Zetella, a quien acusan de “solapar” las violaciones a los derechos humanos cometidas contra los jornaleros
Al respecto, el organismo autónomo informó que se levantaron las actas circunstanciadas correspondientes. De igual manera, indicó que personal de la CNDH dialogó con autoridades locales y federales, así como con representantes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, para obtener información sobre los hechos.
Dijo que en estos encuentros han participado autoridades locales como el Secretario y el Subsecretario de Gobierno, así como el Secretario del Trabajo; en cuanto a las autoridades federales, representantes del IMSS.
Por otra parte, refirió que visitadores adjuntos de la CNDH se trasladaron al municipio de Comundú, Baja California Sur, donde obtuvieron testimonios de varios jornaleros, así como también realizaron gestiones ante autoridades tanto del fuero común como federales, para que se brindara asistencia médica a algunos de ellos.
“El personal de la CNDH llevó a cabo la revisión de las averiguaciones previas iniciadas por los hechos, además de que tiene previsto entrevistarse con autoridades federales y estatales involucradas en la investigación de hechos relacionados con la situación de los jornaleros rarámuris”, detalló la CNDH.
La Comisión Nacional dijo que permanecerá vigilante de la evolución de los acontecimientos, y en su momento emitirá la resolución que conforme a derecho proceda.
Fuente: Sin Embargo
