Por Arturo Rodríguez García/ Proceso
Propietarios originarios de la tierra y de los recursos que hay en ella, los pueblos indígenas enfrentan una amenaza: los megaproyectos energéticos, que trastornan a sus comunidades entre despojos, atropellos políticos y judiciales y la presión para que abandonen usos y costumbres ancestrales.
Lo mismo en los desiertos de Baja California que en los valles del Istmo de Tehuantepec, en la Sierra Norte de Puebla o alrededor del volcán Popocatépetl; en la costa del Golfo de México o a través de las planicies semidesérticas del norte, la realidad desmiente la campaña publicitaria del Gobierno de Enrique Peña Nieto, que promete más inversiones, empleos y alimentos con la reforma energética.
El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala (FPDTA) lo documenta con datos oficiales: por ejemplo, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) estiman que 5% del agua del país se destina a abastecer las termoeléctricas, cuando toda la actividad industrial del país consume 4%. Tan sólo la termoeléctrica de Petacalco gasta tres veces más líquido que toda la población del Distrito Federal.
De hecho el FPDTA surgió para coordinar a quienes se oponían al Proyecto Integral Morelos (PIM), heredado por la pasada administración estatal y que pretende instalar dos termoeléctricas en la comunidad nahua de Huexca, en el municipio agrícola de Yecapixtla, Morelos.
A fin de alimentar esas plantas se extraería el agua del valle de Cuautla y del municipio de Ayala, y se las dotaría de combustible mediante un gasoducto que rodearía el Popocatépetl, para lo cual se expropiarían tierras de cultivo en comunidades nahuas de Tlaxcala, Puebla y Morelos. Además, siempre estaría latente el riesgo de una erupción.
Conforme a la tendencia del sexenio calderonista, el proyecto fue encargado a las empresas españolas Energás, Abengoa, Elecnor y OHL (Proceso 1870); esta última tuvo en su consejo de administración al actual director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin.
Como nunca se les informó ni consultó a las comunidades conforme a la ley para echar a andar el PIM, además de que ahora se les intenta imponer, el FPDTA investigó los problemas derivados de las termoeléctricas en el país. Juan Carlos Flores, integrante de la organización, afirma: “La instalación de los gasoductos provoca la industrialización de la zona que atraviesan y la disminución de la tierra agrícola. Las termoeléctricas tienen un radio de afectación al aire de 50 kilómetros y la emisión de óxidos de nitrógeno reduce las cosechas 35 por ciento. Como se reduce la producción agrícola, se acaba con el agua de la zona y se instalan gasoductos; hay comunidades en vías de extinción”.
En un artículo académico sobre el PIM (http://enelvolcan.com/abr2013/241-ivision-nueva-o-vision-correcta-y-a-largo-plazo-huexca-y-los-riesgos-ocultos-de-las-plantas-termoelectricas), el fisicomatemático Antonio Sarmiento Galán confirma que ese tipo de instalaciones producen óxido bióxido de nitrógeno, asociado con la muerte de cuna, ataques al corazón, asma, bronquitis y problemas cardiopulmonares.
En su texto el científico indica, entre otros argumentos, que esa industria favorece también la contaminación por ozono, que daña la salud de humanos y animales e inhibe el crecimiento de algunas plantas.
En consecuencia, dice Juan Carlos Flores, “nos oponemos a una reforma energética como la que se propone. No podemos avalar una reforma que pretende incrementar proyectos de muerte, construyendo más termoeléctricas, gasoductos y megaproyectos, sin siquiera ofrecer una política de aguas nacionales”.
Prioridad de Peña Nieto
El 6 de diciembre del año 2012, Enrique Peña Nieto concedió una entrevista en el avión presidencial. Cuando los reporteros le preguntaron cuáles temas le preocupaban, no respondió que la seguridad o la economía, sino la energía.
“Hay temas de los que ya me estoy ocupando desde ahora, donde tenemos algunos rezagos que hay que atender de manera inmediata. Por ejemplo, para hablar del tema de electricidad, de gas, abasto de gas, que está resultando un problema, no tenemos hoy los ductos para la distribución de gas. Este y otros temas de coyuntura se están atendiendo, estamos encontrando solución. Yo espero que realmente vaya compartido con la sociedad”.
El 13 de agosto, el mandatario y su secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, presentaron la Estrategia Integral de Suministro de Gas Natural con base en un diagnóstico catastrófico: el déficit de gas en México es de 35 por ciento, lo que pone en riesgo la seguridad energética.
Peña Nieto explicó que su Gobierno pretende importar más gas en el corto plazo y, en el mediano, continuar la construcción de ductos para traer el gas importado. A largo plazo, el objetivo es explorar nuevos yacimientos, y aun después, si la reforma energética se logra, incrementar la producción asociándose con empresas privadas.
En síntesis, la administración de Peña Nieto seguirá importando gas con la meta de que los particulares lo produzcan en el futuro. Poco o nada se habló de fuentes alternativas de energía ni se mencionó que las termoeléctricas actuales producen muy poco en comparación con su capacidad ni de que la “estrategia” de gas es prácticamente la misma que la de Calderón, pues se basa en la construcción de ductos y termoeléctricas en el país, conectados a la frontera norte porque se considera sobre todo la importación de gas texano.
Actualmente, sin reforma energética, en el país hay 89 termoeléctricas; 12 de ellas, todas con capital privado, comenzaron a operar en los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón. De acuerdo con Peña Nieto y su equipo, de aquí a 2025 se planea instalar 20 plantas más.
Los más ricos y los más pobres
Siglas y nombres se reproducen en la rebatiña por las riquezas energéticas. No hay presidente que se les resista ni Gobierno que los desampare. Con Carlos Salinas de Gortari fueron beneficiarios de las privatizaciones, aumentaron sus fortunas en unos años y ahora se preparan para multiplicar su riqueza participando como contratistas y proveedores en el sector energético.
Dos de los hombres más ricos de México, Carlos Slim Helú y Germán Larrea Mota Velasco, dueños de imperios formados a partir de las privatizaciones de paraestatales, intentan tomar la Sierra Norte de Puebla, una zona pobre y abandonada pero que se asienta en tierras repletas de codiciados minerales.
El Servicio Geológico Mexicano, en su publicación Panorama Minero de Puebla, señala que de 2005 a 2011 se expidieron mil 986 títulos de concesión –sin precisar cuáles minerales se extraerán– para una superficie de un millón 875 mil 538 hectáreas, es decir, 55.11 por ciento del territorio de ese estado.
Los nahuas y totonacos que permanecen en la sierra poblana han visto el desplazamiento de sus vecinos, la destrucción de los bosques, los bruscos cambios que provoca la extracción de minerales en sus comunidades y el anuncio de más planes invasivos.
Se trata de ocho proyectos hidroeléctricos en la Sierra Norte, tres de ellos del Grupo México. Quienes los rechazan argumentan que los efectos nocivos de esas plantas alcanzarán incluso a Veracruz, pues los ríos Necaxa, Tuxpan, Tecolutla, Cazones y Nautla surgen en la sierra poblana y desembocan en el Golfo de México.
Desde principios de 2011 el gobernador poblano Rafael Moreno Valle presentó el proyecto del Grupo México junto con el brazo derecho de Larrea, Xavier García de Quevedo. Según ellos, en la construcción de las tres hidroeléctricas se invertirán 2 mil millones de pesos.
El mandatario afirmó que se trata de un proyecto sustentable, que reducirá emisiones contaminantes y con el cual podrían encenderse todos los focos de San Martín Texmelucan y Huejotzingo al mismo tiempo. Lo que no dijo es que toda esa energía la aprovecharán las mineras ni que fue su padre homónimo quien gestionó los permisos estatales para el Grupo México, según La Jornada de Oriente.
Además, desde 2009 la minera Frisco inició trabajos de exploración y en 2012 comenzó a construir instalaciones para una mina a cielo abierto en varias zonas de la sierra, en particular Tetela de Ocampo.
Como en otras entidades, a Frisco y Grupo México se les señala de promover clientelarmente sus proyectos y simular consultas convocadas por el Gobierno estatal y alcaldes afines a esas empresas, quienes acaban por imponerlos con sobornos, represión policiaca y persecución extrajudicial (Proceso 1905). La población se opone, sobre todo en Tetela de Ocampo y en Zautla, donde impidió la operación de la empresa china JDC Minerales, que tiene una concesión otorgada en junio de 2012.
En 65 municipios la gente se organizó en 12 movimientos de oposición a los que llaman “proyectos de muerte”. Raymundo García, un representante de esas comunidades, advierte que oficialmente se les informó que en la Comisión Reguladora de Energía y en la Semarnat no hay documentos que avalen la construcción de ninguna de esas plantas, pero aun así las autoridades y las empresas quieren imponerlas.
En febrero, aun sin aquellas autorizaciones, el Grupo México introdujo maquinaria en la comunidad Ignacio Zaragoza para abrir un camino. Ante la protesta de los habitantes, la empresa retiró los aparatos a la cabecera municipal, donde el alcalde, Héctor Arroyo, promueve el proyecto confrontando a la comunidad.
“Nos quieren exterminar”, dice Raymundo García. Y hace un recuento: en 1989 una helada afectó la cosecha del café y, cuando la producción se recuperó, el precio cayó. Además, la Conasupo cerró y se terminaron los programas que apoyaban el desarrollo agrícola. El Gobierno estatal les negó apoyo a los productores de maíz y, desde el inicio de esta administración, anunció la creación de “Ciudades Rurales” por los tres niveles de Gobierno.
“Después de revisar los documentos de las Ciudades Rurales, vemos que están preparando nuestro desplazamiento ante los proyectos mineros y eléctricos”, dice. Y advierte que la reforma al artículo 27 constitucional incluida en la iniciativa energética de Peña Nieto acelerará el exterminio de los pueblos indígenas.
Colonialismo
Despojados de sus territorios durante siglos, confinados a la aridez del desierto sudcaliforniano, menos de 500 integrantes de la tribu Pai Pai se resisten a dejar morir su lengua, sus costumbres, los cuentos y leyendas de sus antepasados.
Los Pai Pai forman parte del grupo yumano, que está en riesgo de desaparecer. La Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas (CDPI), de la Secretaría de Gobernación, considera que estos grupos son objeto de un exterminio sistemático.
El investigador de El Colegio de la Frontera Norte, Miguel Olmos Aguilera, ha dado seguimiento a los conflictos del único grupo Pai Pai en México (ya que el resto vive en Estados Unidos) documentando el litigio que sostienen desde hace cinco décadas para recuperar las tierras de Jamao, que les arrebató –dicen– la familia Loperena.
Confinados a la parte alta de la sierra de Santa Catarina, los Pai Pai se enfrentan a otro posible despojo, ya que uno de sus representantes cedió las tierras a una empresa que pretende establecer en la zona una central de energía eólica.
De acuerdo con el acta foliada con el número 29477 y firmada por el notario número 5 de Ensenada, el presidente del Consejo de Vigilancia de la comunidad, Raúl Sandoval, no sabe leer ni escribir y plasmó su huella digital en el contrato mediante el cual cede más de 62 mil hectáreas para su explotación.
Como en los casos de la Sierra Norte de Puebla, el PIM y la mayoría de las zonas indígenas previstas en megaproyectos similares, en la sierra de Santa Catarina no se han realizado consultas, como establecen el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas.
De acuerdo con el comisionado de la CDPI, Jaime Martínez Veloz, la jerarquía constitucional de esos dos instrumentos internacionales debe aplicarse y, cuando así proceda, anular los contratos, concesiones y permisos para los megaproyectos energéticos y mineros, aunque estén avalados por el Gobierno federal (Proceso 1905).
El 18 de agosto el Congreso Nacional Indígena emitió en San Cristóbal de las Casas una declaración sobre estas situaciones, que se acumulan en todo el país. Como primer punto, exigió la liberación de los integrantes de etnias presos por defender la tierra y el agua de sus regiones.
Asimismo denunció la presencia de grupos paramilitares coludidos con los Gobiernos para imponer grandes proyectos privados en la costa nahua, la meseta purépecha y la sierra de Amatlán, en Jalisco. También condenó la represión al pueblo ikoots de San Mateo del Mar y San Dionisio del Mar, así como a los binniza’a de Juchitán y la colonia Álvaro Obregón, todo con el fin de consolidar los corredores eólicos de las empresas españolas Endesa, Iberdrola, Gamesa y Unión Fenosa en la región del Istmo. Además, acusó a la empresa eólica Dragón de intentar la invasión de tierras comunales en San Juan Volador, municipio de Pajapan, Veracruz.
Fuente: Proceso
