El CPJ critica a la PGR por no atraer crímenes contra periodistas pese a tener las facultades para hacerlo
El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés), criticó a la Fiscalía Especial para la atención de delitos cometidos contra periodistas que depende de la Procuraduría General de la República (PGR), por no atraer los crímenes cometidos contra comunicadores a pesar de tener las facultades de hacerlo. En especial los dos asesinatos cometidos durante esta administración.
“Dos periodistas han sido asesinados desde que la ley entró en vigor y la PGR aún está decidiendo si va a ejercer competencia. Para algunas organizaciones de periodistas y grupos civiles que trabajaron mucho para conseguir la aprobación de la ley, el retraso parece ser una señal desagradable que las viejas reglas todavía se aplican”, dice Mike O’Connor, representante del CPJ en México, por medio de un texto difundido desde ayer.
O’Connor se dice preocupado porque las cosas no cambien en un país en donde 69 periodistas han muerto desde 1994, 28 de ellos a consecuencia de su labor informativa.
“Conozco a las familias de los periodistas caídos y en casi cualquier lugar fuera de la Ciudad de México conozco a periodistas aterrorizados que no cubren los temas que molestarían a políticos corruptos o a capos del crimen organizado para protegerse. A menudo son los temas más importantes. Viajo a los pueblos, ciudades y estados enteros donde los jefes del crimen deciden qué son las noticias que el público no va a recibir. Entonces cuando el gobierno federal decidió no tomar de inmediato los dos primeros asesinatos, confieso que me enojé. Todavía no sé si esa es la reacción correcta”, acusa en documento titulado “Fiscalía especial mexicana vacila sobre primeros casos”.
Resalta que el 6 de junio de 2012, la Constitución mexicana fue modificada para otorgar mayor competencia al gobierno federal sobre delitos contra la prensa. Luego, el 3 de mayo de este año, una ley entró en vigor para explicar cómo se aplicaría esa enmienda. La ley fue aprobada por una amplia mayoría en el Congreso y otorgó facultades ampliadas a la PGR en los casos donde los periodistas son víctimas de violencia.
Sobre esta situación recoge los comentarios de la titular de la fiscalía, Laura Borbolla, quien le aseguró que la decisión de actuar o no en los dos casos es de ella y que no se ha movido por buenas razones.
“Es cierto que tenemos la competencia pero yo quiero que los estados quisieran darnos estos casos por su voluntad, si es posible”, dijo Borbolla al CPJ.
“La funcionaria ha solicitado paciencia porque, según afirma, en México la vida no es siempre nuevas leyes y líneas geométricas rectas con ángulos perfectos de 90 grados. Cómo usar las nuevas facultades en esta coyuntura es fundamental, insiste Borbolla, porque el gobierno federal no puede iniciar una serie de guerras con los estados sobre la competencia en los casos de periodistas”, escribe O’Connor.
Asimismo analiza brevemente a los dos casos, para saber lo difícil que es tomar la decisión correcta:
El primer periodista asesinado tras la aprobación de la ley fue Mario Jorge Chávez en el estado de Tamaulipas, en la frontera con Texas. Fue uno de los fundadores del periódico digital El Ciudadano, según su sitio web. La página web cerró alrededor del 24 de mayo, fecha en que Chávez desapareció. Otros periodistas de Ciudad Victoria, donde estaba radicado el diario, indicaron al CPJ que cuatro personas que trabajaban con la publicación están en la clandestinidad.
De acuerdo con funcionarios federales y funcionarios de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que han examinado los registros de la policía estatal, la novia de Chávez afirmó a la policía que después de su desaparición recibió llamadas exigiendo un rescate, pero después las llamadas pararon. El 30 de mayo, revelan los archivos de la policía, la novia de Chávez, Maritza López, y su hermano, Carlos, denunciaron su desaparición, según funcionarios federales.
Los archivos de la policía estatal muestran que la policía recibió una llamada anónima el 10 de junio que resultó en el descubrimiento del cuerpo de Chávez en un camino rural, según indicaron los funcionarios federales y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Su cuerpo había sido desmembrado, una práctica común en los homicidios cometidos por el crimen organizado.
El informe de la policía indica que su cuerpo fue identificado oficialmente por López, su novia, en la morgue del estado y su identidad confirmada después por pruebas de ADN, según los funcionarios federales.
Sin embargo, el portavoz de la procuraduría general del estado, Rubén Ríos, dijo al CPJ : “No tenemos ningún informe sobre la muerte de esta persona […] Ni hay un registro de la desaparición de Chávez. […] No hay ningún registro de su nombre en ningún informe policial reciente, […] Además no hay información sobre un cuerpo descubierto a lado de un camino rural el 10 de junio o en alguna fecha cercana”.
Mike O’Connor asegura que este tipo de reacciones muestran por qué las investigaciones estatales en los crímenes contra periodistas producen tan malos resultados, y por qué la nueva ley que otorga al gobierno federal mayor poder de tomar el control de una investigación es un paso adelante.
Indica que a pesar de que Laura Borbolla no ha tomado competencia oficial sobre el caso ya ha enviado a sus agentes para hacer una investigación paralela o para trabajar junto a los investigadores del estado.
“Esto, sin embargo, involucra a agentes federales con investigadores locales que están intentando encubrir el asesinato”, denuncia el representante de CPJ en México.
Sobre el segundo caso comenta:
La segunda muerte después de la aprobación de la ley ocurrió en Oaxaca, un estado en el sur del país. Las autoridades locales no han resuelto ningún asesinato de periodistas, según la investigación del CPJ, incluyendo el de un estadounidense quien murió en 2006. El pasado 17 de julio, el cuerpo de Alberto López Bello fue hallado golpeado y baleado fuera de la ciudad de Oaxaca. Cubrió la fuente policíaca para el periódico El Imparcial y era reportero policial del programa de radio “Foro Político”.
Al principio, los funcionarios federales afirmaron que los investigadores estatales estaban haciendo un buen trabajo, así que no había ninguna razón para la intervención federal. Pero alrededor del 23 de julio, un correo electrónico largo con detalles claros comenzó a circular entre los investigadores del estado alegando que algunos de sus altos funcionarios eran responsables del asesinato porque el periodista sabía sobre sus conexiones con narcotraficantes importantes.
Los autores del correo electrónico se identificaron como investigadores del estado disgustados por la corrupción, aunque el origen no está confirmado. Los periodistas locales afirmaron al CPJ que el correo electrónico parece creíble.
Por ello concluye que es difícil saber en quien pueden confiar las autoridades federales como socios en investigaciones. Reconoce que pueden existir buenas razones para pensar en las sensibilidades locales, pero insiste en que hay mejores motivos para preocuparse por las autoridades locales, que encubren asesinatos o incluso pueden ser los asesinos.
Fuente: Sin Embargo
