El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto Castillo, dio a conocer que formalizaron una nueva denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra de la ex titular de la entonces secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles.
En paralelo, añadió Castillo al término de una conferencia de prensa ofrecida en Palacio Nacional sobre facturas falsas, se ha iniciado la revisión de otros 105 convenios que efectuó la secretaría con diversas dependencias.
A pregunta expresa sobre el anuncio que efectuó la FGR de que insistirá en que Robles se mantenga en prisión preventiva durante todo el proceso que ya se le sigue por una primer denuncia, el titular de la UIF solo señaló que es respetuoso de las determinaciones que adopte el fiscal General, Alejandro Gertz Manero.
Resuelven hoy medida cautelar contra Robles
El abogado Julio Hernández Barros, defensor de Rosario Robles Berlanga, señaló que de acuerdo con la resolución del Quinto Tribunal Unitario se deben cambiar las medidas cautelares que se dictaron en contra de quien fuera la titular de la Secretaría de Desarrollo Social y quien está vinculada a proceso por el delito de ejercicio indebido del servicio público y haber provocado un daño al erario superior a los 5 mil millones de pesos.
Entrevistado en la Fiscalía General de la República, a unas horas de que se realice una audiencia en la que se analizará si se confirma la prisión preventiva o se le concede el derecho a enfrentar el proceso en libertad, el litigante señaló que hasta el momento no se tienen indicios de que Emilio Zebadúa y Ramón Sosamontes, dos de los colaboradores más cercanos de Robles Berlanga se hayan acogido al beneficio de oportunidad y colaboren con el Ministerio Público federal en contra de su ex jefa.
El litigante indicó que el quinto tribunal unitario consideró que no hay elementos suficientes para que se mantenga la prisión preventiva como medida cautelar contra Robles Berlanga.
Consideró también que hay violación al derecho que la funcionaria tiene a enfrentar su proceso en libertad, pues no es un delito que esté tipificado como grave y que en la determinación que se tome por la tarde nochge se debe justificar que la medida que se imponga a la ex funcionaria sea la menos lesiva.
Fuente: La Jornada
