El Instituto Nacional Electoral (INE) presentó hoy una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en contra de la llamada Ley Bonilla, que amplía de dos a cinco años el mandato de la próxima gubernatura.
Argumentó que esa legislación contraviene la Constitución Federal, ya que se pretende que tenga efectos retroactivos cuando fue expedida con posterioridad a los comicios de junio pasado.
Este es el segundo recurso legal interpuesto por el INE para salvaguardar la certeza del proceso electoral en Baja California. El primero fue presentado el pasado 24 de octubre y se trató de una acción declarativa ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para solicitar que se aclarara el periodo del próximo gobierno.
El INE consideró que de manera implícita si tiene facultades para interponer la acción de inconstitucionalidad, ya que el recurso se inscribe en su función de mantener un Estado democrático, como rector de los procesos electorales a nivel nacional y garante del sufragio secreto, efectivo, libre, informado y directo.
La Constitución expresamente señala, en su artículo 105: “las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse, por lo menos, noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse y, durante el mismo, no podrá haber modificaciones legales fundamentales”.
En la Acción de Inconstitucionalidad, el INE expuso que la reforma efectuada por el Congreso de Baja California para ampliar el periodo de gestión del gobernador electo, de dos a cinco años, pone en riesgo la certeza jurídica establecida en el artículo 41 Constitucional, ya que dicha modificación, posterior al proceso electoral, cambió las reglas sobre las cuales la ciudadanía y los diversos actores políticos de la entidad participaron en los comicios del pasado 2 de junio.
La norma vigente en materia electoral establece claramente las etapas de los procesos electorales y el periodo del mandato de quienes resultaran electos, de modo que su incumplimiento viola los derechos de los participantes en el proceso electoral, quienes acudieron a las urnas bajo unas reglas sobre las cuales se desarrolló y concluyó.
La Ley Bonilla pretende desconocer ese hecho y lesiona principios fundamentales de la democracia, cuyos preceptos se han venido construyendo en el país, añade.
En un comunicado, el INE señaló que continuará con las acciones jurídicas a su alcance para defender los principios de la democracia y dotar de certeza jurídica a la ciudadanía de Baja California y de todo el país, sobre el cumplimiento de los principios con que se desarrolla el sistema democrático nacional.
Fuente: La Jornada
