La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol, en inglés) giró una ficha roja para localizar al ex líder del PRI en la Ciudad de México, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, contra quien existe una orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en los delitos de trata de personas, en las modalidades de explotación sexual agravada, en grado de tentativa, y de publicidad engañosa, y por asociación delictuosa.
Funcionarios del gobierno federal informaron que la ficha fue girada hoy, motivo por el cual 195 países ya están alertados de que el priista es buscado.
Hace unos días, el juez 16 de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México ordenó la aprehensión de Gutiérrez de la Torre, así como de la diputada local del PRI, Sandra Esther Vaca Cortés, y el ex secretario de finanzas de dicho partido, Roberto Zamorano Pineda. También de Claudia Priscila Martínez González y Adriana Rodríguez Regalado, señaladas como las presuntas reclutadoras en la red de trata.
Los delitos que se le imputan están tipificados como graves en el anterior sistema de justicia, y en caso de ser detenidos, no podrán enfrentar su proceso en libertad.
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) solicitó el apoyo de la Fiscalía General de la República (FGR) para pedir a Interpol la ficha roja.
Asimismo, requirió el apoyo del Instituto Nacional de Migración (INM) para que colaboren en la búsqueda de estas personas. Gutiérrez de la Torre y Zamorano Pineda interpusieron amparos para evitar su captura, los cuales fueron admitidos a trámite por Jorge Antonio Medina Gaona y Yazmín Eréndira Ruiz, jueces Décimo Primero y Décimo Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal, respectivamente.
El mandamiento judicial se otorgó a la FGJ capitalina después de siete años de que surgió el escándalo y de que la entonces Procuraduría General de Justicia de la CdMx, en la administración de Miguel Ángel Mancera, dio dar carpetazo al asunto. La indagatoria se reabrió porque un Tribunal Federal amparó a tres probables víctimas. Por su parte, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), bloqueó las cuentas bancarias de los antes mencionados.
En mayo de 2019, la entonces PGJ-CdMx reabrió la pesquisa contra el priista, la cual originalmente comenzó en 2015. En el gobierno de Miguel Ángel Mancera, la procuraduría local determinó el no ejercicio de la acción penal por considerar que no existían pruebas para acusar a las personas mencionadas.
Sin embargo, un juez de Distrito y un Tribunal Federal resolvieron que la investigación debía continuar para determinar si existió o no participación del priista en la supuesta red de tráfico sexual.
Fuente: Milenio
