La senadora y ex presidenta de Argentina, Cristina Fernández Kirchner, calificó este jueves como un “exceso” y una violación al Estado de derecho el pedido de prisión preventiva previo desafuero que formuló el juez federal Claudio Bonadio a partir de una denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman por presunto encubrimiento del cruento atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), perpetrado en julio de 1994, mediante el Memorándum de Entendimiento firmado con Irán en 2013, que nunca se puso en práctica.
El cargo de traición a la patria y encubrimiento no surgen de nada de lo expuesto por Bonadio, quien ordenó en la madrugada de este jueves la detención de Carlos Zanini, el ex secretario legal y técnico de la presidencia Fernández de Kirchner, en Río Gallegos, Santa Cruz.
Luego siguió por el dirigente social y del movimiento Miles, Luis D’ Elía, en esta capital y de Fernando Esteche, ex dirigente de Quebracho y profesor de la Facultad de Comunicación Social de La Plata. Se agregaron para procesarlos sin prisión preventiva, Oscar Parrilli, ex Secretario de la Presidencia y el diputado Andrés Larroque.
Al comerciante de origen sirio Jorge Khalil, a quien se le fincó el disparatado cargo de ser un “embajador paralelo” de Irán. Vecinos llegaron a solidarizarse con Khalil cuando la policía invadió su casa.
En conferencia de prensa, la ex mandataria (2007-2015) agradeció el apoyo de los demás sectores de la oposición, que “se han solidarizado” por la persecución del juez Bonadio.
Esta situación llevó a la convocatoria espontánea de una marcha, que resultó multitudinaria en Plaza de Mayo, donde continuaba la noche de este jueves en demanda de la libertad de los presos políticos, justicia para los asesinatos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel en el sur del país, repudiando el ajuste, la reformas, tarifazos y exigiendo el fin de la persecución política.
“Estamos viviendo un estado de excepción”, fue el planteamiento de dirigentes políticos de distintos sectores. Importantes juristas, incluso no kirchneristas, establecieron que el Memorándum de Entendimiento firmado con Irán, aprobado por el Congreso en 2013, nunca se puso en práctica porque la república islámica no avanzó más cuando Israel intentó presionar al gobierno argentino para que no se llevara adelante el proyecto que tendía a solucionar un conflicto dentro del derecho internacional.
Esto iba a permitir que viajaran jueces argentinos a Teherán para tomar declaraciones a funcionarios imputados por Estados Unidos e Israel -sin prueba alguna- de ser responsables del atentado, teniendo en cuenta que no hay tratados de extradición con Irán.
Fernández de Kichner ratificó que “es absurda la indagatoria por traición a la patria que se trata de un acto de política exterior no judiciable, que mereció el tratamiento del Parlamento argentino”.
“No hay causa y no hay delito”, advirtió, y acusó al presidente Mauricio Macri de ser el “máximo y principal responsable de presidir una corporación política y judicial para perseguir a la oposición”. Sentenció: “Macri es director de la orquesta y Bonadío ejecuta la partitura judicial”.
Para poder introducir el cargo de traición a la patria, Bonadío consideró el atentado contra la embajada israelí en Buenos Aires en 1992, y el de la AMIA como actos de guerra. “Un disparate”, señalaron la ex presidenta y diversos dirigentes.
La ex mandataria también se refirió a la actuación del ex secretario de Interpol, el estadunidense Robert Noble, quien negó que el gobierno de Fernández de Kirchner hubiera pedido el levantamiento de las alertas rojas contra los iraníes como aseguró el fallecido fiscal Nisman en la denuncia apresurada que presentó a principios de 2015 contra la presidenta, después que él mismo había apoyado el memorándum.
Bonadío menciona que dudaba de la imparcialidad que podría tener Noble, por su amistad con el también acusado canciller argentino Héctor Timerman, quien está gravemente enfermo, por lo cual quedará en su domicilio.
Al destacar el manejo de medios como redes del Estado para perseguir y disciplinar a la oposición, la ex presidenta expuso: “Los medios son responsables de esta persecución política y son partes de este armado”.
Resaltó ante una pregunta, que fue citada en abril de 2016 cuando no tenía fueros y es evidente que esperaron este momento, cuando ella tiene que asumir su cargo el próximo lunes. “No nos vamos a asustar ni nos vamos a disciplinar frente al ajuste y al saqueo ni dejar provocar, vamos a defender a millones de argentinos ante el ajuste”, sostuvo, y llamó a la acción serena para responder a este siniestro desvario vario judicial.
El ex ministro de Transporte, Florencio Randazzo que se separó del Frente para la Victoiria cuestionó que el juez haya pedido el desafuero y la detención de la senadora y recordó que en 2015 hizo referencias a que la imputación a Fernández de Kirchner por un memorándum que “fue público y ratificado por el parlamento nacional era absolutamente un disparate”.
También hubo un fuerte comunicado del partido Peronista y de Unidad Ciudadana. El resultado es que ante este caso el peronismo se unió en todas sus líneas para reprobar esta causa. “Macri ha desatado una cacería contra toda voz crítica. Macri te puede reprimir, te puede encarcelar o hasta te puede matar, como a Maldonado o Nahuel. En este caso se trata de la orden de detención a varios opositores”, dijo Roberto Navarro, un periodista perseguido y agregó “se nos está diluyendo la democracia entre los dedos. El que no hace nada es cómplice”.
