Por Carlos Fazio
Todo indica que Michoacán será otra vez el laboratorio de la política de (in)seguridad del régimen. El 1º de agosto, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, anunció que el gobierno federal entrará en pleno a esa entidad para combatir municipio por municipio, comunidad por comunidad a los grupos de la economía criminal. Garantizó que el Ejército, la Marina y la Policía Federal continuarán en ese estado hasta devolver la paz y la tranquilidad a los michoacanos. Dado que el antónimo de paz es guerra, el rescate de Michoacán se hará en clave militar. Y como su antecesor Felipe Calderón, Enrique Peña impulsa ahora una política de recuperación de territorios de manos de la criminalidad; aunque, como dijo el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, no habrá milagros.
A simple vista parece un cambio de estrategia que rompe con la narrativa que venía ensayando el gobierno, discurso propagandístico que priorizaba las tareas de investigación e inteligencia frente al uso de la violencia estatal en el combate a la delincuencia. Apenas dos días antes (30 de julio), durante un acto de premiación a oficiales de las fuerzas armadas, había dicho Peña: En el gobierno de la República estamos privilegiando el uso de la inteligencia por encima del uso de la fuerza. Una nueva narrativa que, en su afán por desmarcarse de la catástrofe humanitaria generada por la guerra de Calderón, reivindicaba la unidad y la coordinación interinstitucionales (federal/estatal) y el respeto a los derechos humanos, en el marco de una estrategia de deliberado ocultamiento de los hechos de violencia, destinada a crear entre la población la percepción de que ésta está bajando.
El plan B del Ejecutivo podría conducir al mismo pecado original que su equipo atribuyó a Calderón: que las disputas de poder generaron una falta de coordinación entre los miembros del gabinete de seguridad nacional. Pero cabe consignar que si algo existió −y hasta en exceso− bajo el régimen de Calderón, fue inteligencia. El Ejército, la Marina, la Policía Federal y otros servicios han venido contando con sofisticados aparatos y personal entrenado y capacitado para desarrollar labores de investigación, inteligencia y espionaje interno. El problema es otro y tiene que ver con el uso y los fines de la información de inteligencia.
Al respecto, los papeles de Wikileaks y el caso Snowden han venido a confirmar lo señalado de manera temprana en La Jornada sobre la presencia, por ejemplo, de compañías como Verint Technology Inc aquí (ver El Plan México: militarización, daños colaterales y soberanía, 21/7/07, y La intervención va, 22/8/11, C. Fazio). El caso Verint remite a la instalación, en 2007 (a un par de meses de la llegada de Calderón a Los Pinos), de un equipo para interceptar, analizar y usar la información captada de todo tipo de sistemas de comunicación que operan en México.
Licitado por el Departamento de Estado estadunidense como parte de la avanzada de la Iniciativa Mérida (septiembre 2007) y destinado a la Procuraduría General de la República (PGR) del entonces titular Eduardo Medina Mora (ex Cisen y actual embajador en Washington), el equipo fue operado a discreción por Genaro García Luna al mando de la desaparecida Secretaría de Seguridad Pública. Su misión era monitorear o captar todas las comunicaciones privadas (correos, chats y mensajes electrónicos, faxes, llamadas telefónicas de aparatos fijos, celulares y redes internas), lo que incluía, a pedido de García Luna, la intercepción de todas las llamadas de Telmex, Telcel, Nextel, Unefon, Iusacell, Cisco y Prodigy.
Equipos de intrusión similares fueron adquiridos por el Cisen (el servicio de inteligencia civil y contrainteligencia para la seguridad nacional de México), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Marina y la PGR (al final de la gestión de Marisela Morales, actual cónsul en Milán, la dependencia compró a la firma Obses el software FinFisher/Finspy, para grabar conversaciones de teléfonos inteligentes, tipo Blackberry).
La ganancia para Washington fue la penetración de los distintos organismos de inteligencia del Estado mexicano con la anuencia de Felipe Calderón, quien incluso permitió la instalación aquí de la llamada Oficina Binacional de Inteligencia (OBI), bajo control estadunidense, con sus tres oficinas satélites en Tijuana, Ciudad Juárez y en la base militar de Escobedo, Nuevo León. Con el agravante de que Washington no sólo ha venido obteniendo información de inteligencia en tiempo real en el territorio nacional −en abierta violación de la soberanía de México−, sino que además utiliza sistemas de espionaje con lenguajes encriptados, a lo que se suma información recabada vía satélite y drones (aviones no tripulados) sobre temas militares, energéticos y de los grupos de la economía criminal.
De vieja data, la sistemática vigilancia furtiva de instituciones, funcionarios y ciudadanos mexicanos por diversas agencias estadunidenses −reveladas y documentadas en julio por el ex asesor externo de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés), Edward Snowden− permite concluir que el Pentágono, la CIA, la DEA, la FBI y otras instancias tienen cuadriculado el territorio y cuentan con información suficiente que, suministrada a sus contrapartes locales, permitiría desarticular a los grupos criminales que hoy controlan territorios y tienen al país en guerra, amén de que los aparatos de seguridad del Estado mexicano también cuentan con sofisticados sistemas de espionaje.
Ergo, inteligencia sobra y recursos también. La pregunta es por qué no se usan. ¿Será porque sólo se busca −hoy, como antaño− administrar los lucrativos negocios de la economía criminal, vinculada con megaproyectos, la minería, el agua y la tala clandestina? Con anuencia de Washington, ¿se inicia en Michoacán el nuevo reparto de la narco-para-política bajo el régimen de Enrique Peña?
Fuente: La Jornada
