¿Inteligencia? Ninguna

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Por Luis Javier Valero Flores

Son de tal trascendencia las informaciones relativas al asesinato de los abogados Salvador Urbina y César Cordero, que postergaron la elaboración sobre otros temas igualmente importantes, y de muy graves consecuencias para la comunidad juarense –como todo lo relacionado con la Ciudad Vallina– que abordaremos en próxima ocasión.

Quizá como ningún otro hecho de sangre, el presente nos mostró con toda crudeza la absoluta debilidad del sistema de procuración de justicia, de la prevención del delito, de la seguridad pública y, sobre todo, de la absoluta inexistencia de los instrumentos de la llamada “inteligencia” para combatir al crimen organizado.

Hace que crezca inconmensurablemente la sensación de la plena indefensión de la sociedad ante el poderío del crimen organizado –de la delincuencia en lo general– y la ineficiencia del aparato del Estado en combatirlo.

La simple revisión del historial delictivo del presunto asesino muestra palmariamente lo anterior ¿Dónde estaban las dependencias de inteligencia, “cruzando” datos de las detenciones de un hombre que permanentemente estaba involucrado en hechos delictivos, casi todos ellos con el uso de armas de fuego?

Las múltiples detenciones de este individuo, las penas impuestas (multas de mil 500 pesos, etc.) nunca motivaron a nadie a sospechar que formaba parte de la delincuencia organizada presente en Juárez.

El presunto asesino de los abogados, Óscar Adrián Martínez Martínez, salió 7 veces de la cárcel, de 2009 a la fecha.

¿Los delitos? Todos relacionados con la actividad del crimen organizado (ubicados entre los 23 delitos que Edgar Buscaglia, el perito de la ONU en materia del crimen organizado, señala como los relacionados directamente con el tráfico de drogas) que van del robo, posesión de armas, drogas y el homicidio. (Nota del Staff, El Diario, 31/V/14).

Todas las pifias y descuidos imaginables en los asuntos penales, fueron cometidos por jueces de garantía, jueces distritales, agentes de los ministerios públicos estatales y federales, así como por las policías de los tres niveles. Tantos, que mereció, como bien lo señala la nota, un reportaje de El Diario (enero de 2011, “Multihomicida en libertad pone en evidencia las fallas en el sistema de justicia penal”).

El recuento es larguísimo: “El 19 de febrero de 2009 se le detuvo por portación de arma de fuego exclusiva de las fuerzas armadas y salió libre supuestamente por falta de pruebas. El 16 de septiembre de ese mismo año se le arrestó nuevamente por robo a una negociación y el 9 de noviembre… fue condenado a dos años de prisión pero con derecho a libertad condicional y luego detenido otra vez por robo y sentenciado nuevamente a un año y cuatro meses… con derecho a libertad condicional.

El 14 de septiembre de 2010 fue señalado como presunto responsable de robo en grado de tentativa y portación de arma de fuego, por lo que fue liberado en el fuero común el 18 de septiembre de ese mismo año y por el fuero federal dos días después, el 20 de septiembre. Ya en libertad, recibió una sentencia condenatoria a 3 años y multa de 3,900 pesos, pero el juzgador le otorgó la sustitución de la sentencia por servicio a la comunidad… El 8 de enero de 2011 ingresó nuevamente por posesión de mariguana, armas de fuego… y cartuchos. Una vez más salió libre bajo fianza. Por un robo cometido en noviembre de 2009 salió libre sin compurgar condena”. En julio de 2013 ingresó nuevamente por robo agravado…, “el 22 de agosto de 2013 lo pusieron a disposición del Ministerio Público Federal por portación de arma de fuego y fue supuestamente sentenciado a dos años de prisión por ese delito”.

“Para el 10 de octubre de ese mismo año ya gozaba de libertad plena, hasta que fue detenido… como presunto autor material del homicidio de los abogados…”. (De los Reporteros, “La puerta giratoria”, El Diario, 31/V/14).

Enerva la información. Multas de mil 600 pesos; liberado por “falta de pruebas” cuando se le detuvo por portación de armas prohibidas; luego, por robo calificado, y nuevamente sentenciado a pagar ¡Mil 96 pesos!; enseguida, un juez federal, probablemente en el DF, lo liberó después de haber sido detenido por participar en una balacera (Julio de 2010 en El Granjero). Nuevamente lo detienen por una tentativa de robo, lo liberan sin cargos; otra portación de arma, libre con fianza. En otro proceso, el juez federal lo sentencia a pagar 3 mil 900 pesos ¡y trabajo a favor de la comunidad!

La siguiente detención fue mejor: Lo acusaron de posesión de mariguana, portación de arma de fuego sin licencia y posesión de cartuchos para armas de fuego de uso exclusivo del Ejército. No hay problema, al día siguiente en la calle, después de depositar una fianza.

Otra. Asaltó una gasera, lo detienen, lo sentencian “a un año y seis meses de cárcel, el pago de una multa consistente en mil 942 pesos y la entrega de 400 pesos como reparación del daño, además le concedió el beneficio de condena condicional”. (Nota del Staff, El Diario, 31/V/14).

En agosto del año pasado nuevamente lo detienen por portación de un arma de fuego sin licencia. Ya saben lo que ocurrió. Pagó otros 3 mil pesos.

Todo lo anterior a pesar de que en el Artículo 86 del Código Penal del Estado de Chihuahua se señala que para otorgar la condena condicional, el beneficiario no deberá haber “cometido delito doloso en los seis años anteriores a los hechos por los cuales se le juzga”. (Ibídem).

¿Cómo, ante el impresionante historial delictivo, a nadie se le ocurrió recurrir las sentencias otorgadas y obtener la detención del delincuente?

¿Dónde estaban los fiscales cuando a este delincuente –porque recibió sentencias condenatorias– le señalaban penas ridículas, luego de cometer delitos extremadamente violentos?

¿Por qué no apelaron las sentencias dictadas? ¿No consideraban ridículo que las sanciones económicas fueran de mil pesos?

¿En qué planeta vivían los jueces que dictaron esas sanciones?

¿Fueron investigados por el Supremo Tribunal de Justicia? ¿Estaría informado el anterior presidente del Poder Judicial de Chihuahua, o andaría muy ocupado acompañando al gobernador César Duarte en las giras de trabajo de éste?

¿Llegaron a sospechar, digo, que formaba parte de alguno de los cárteles de la droga presentes en Juárez?

¿Sabrán, acaso, el historial de las armas que portaba, en las distintas detenciones que sufrió el presunto asesino de los abogados?

Y si lo anterior es espeluznante, el móvil del crimen lo es más. A cambio de asesinar al abogado Urbina, el sicario obtendría “libertad” para trabajar “la plaza”, lo que le permitiría “vender drogas al menudeo y cometer robos a mano armada…”, asienta la nota del Staff. (El Diario, 31/V/14).

Según esta información, Martínez Martínez “se encontraba al frente de una de las células del Cártel de Sinaloa y desde temprana edad se incorporó a la pandilla Artistas Asesinos o AA…”.

Lo anterior se sabe gracias a “La labor de investigación de campo de los policías ministeriales (que) es apoyada con el trabajo de inteligencia desde el Centro Estatal de Estadística Criminal (CEEC), a través de las áreas de Investigación de Gabinete, de Análisis Delictivo, Georreferenciación e Información Cibernética; el Departamento de Plataforma México e Información Estatal e Información de Estadística Criminal, señalaron”. (Ibídem).

Bueno, pues a pesar de todo lo anterior, de acuerdo a la información proporcionada por los distintos medios de comunicación, este presunto sicario podría salir libre por los errores cometidos por las corporaciones policiacas y prejudiciales en su detención. Los jueces federales le podrían otorgar la libertad si los fiscales de Chihuahua no demuestran la legalidad de la detención ¿Tenían orden de aprehensión en contra del detenido? ¿Llevaban órdenes de cateo para acceder a las viviendas en la búsqueda del acusado?

Tales inquietudes tienen un sustento: Nada ganamos con que nos muestren a los presuntos responsables de estos delitos, si a vuelta de unas semanas, o meses, un juez federal ordena la liberación, sólo porque las autoridades locales no hicieron su trabajo conforme a la ley.

Y lo más importante. El Diario informó que, de acuerdo con sus fuentes, bastó una llamada telefónica para cometer el asesinato; que esa llamada salió del penal ¿Ya saben, por tanto, quién es el autor intelectual del asesinato de Salvador Urbina y César Cordero?

¿No nos va a ocurrir lo que aconteció hace unas semanas en Monterrey, en donde tres magistrados liberaron a Juan Andrés Amaya Palacios por una falla de procedimiento en la detención, luego de ser acusado de la comisión de distintos delitos?

“Los magistrados resolvieron el caso el 3 de octubre del 2013, cuando revocaron el fallo del juez primero, por lo que ordenaron la inmediata libertad de los sentenciados, con el argumento de que hubo dilación de cinco horas de los militares en la puesta a disposición de los detenidos ante el Ministerio Público”. (Nota de Reforma, El Diario, 20/V/14).

Una vez libre, asientan las autoridades policiales, se involucró en 7 asesinatos. Ya fue reaprehendido.

Es decir, no es un problema del sistema de justicia penal, ni exclusivo de Chihuahua. En el ámbito local, bajo el nuevo sistema de justicia, varios jueces de garantía le otorgaron distintos beneficios al presunto asesino de Urbina.

Lo mismo ocurrió con la justicia federal; los jueces de distrito, bajo el viejo sistema de justicia penal (lo mismo que en el citado caso del estado de Nuevo León) le otorgaron la libertad, o penas ínfimas a un individuo que se podía colegir, con suficiente contundencia, que era un integrante de alguno de los cárteles de la droga.

A nadie se le ocurrió trasladar esa información a las áreas de inteligencia del Estado mexicano ¿O sí?

Esta tragedia nos lleva, también, a la discusión sobre la conveniencia de legalizar el tráfico de drogas.

A individuos como éste se les acabaría la materia de trabajo y la sociedad vería disminuir sensiblemente los niveles de violencia hasta ahora desatados… y los adictos –que mantendrían su número, de acuerdo a los estudios de la ONU en este sentido– no estarían en el riesgo –y la tentación– de cometer crímenes con tal de obtener la droga.

asertodechihuahua@yahoo.com.mx; Blog: luisjaviervalero.blogspot.com; Twitter: /LJValeroF

 

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