Funcionarios que validaron la “verdad histórica” del exprocurador Murillo Karam en torno a los 43 normalistas de Ayotzinapa fueron removidos de la Unidad de Servicios Periciales de la PGR, “quemados” por el caso Iguala. Sin embargo, siguen trabajando en otras áreas de la procuraduría, en tanto que la unidad de la que salieron se hunde en la inoperancia con funcionarios sin experiencia, sin personal para cubrir la sobrecarga de trabajo, sin capacitación y sin recursos ni insumos para desempeñar sus tareas en apoyo del Ministerio Público Federal.
Los padres y familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidoa en Iguala, Guerrero, marcharon de las instalaciones de la PGR hacia el Antimonumento para exigir la aparición con vida de los jóvenes estudiantes y el diálogo directo con el procurador general de la república Raúl Cervantes.
8 DE MAYO DE 2017, CIUDAD DE MEXICO
FOTO: OCTAVIO GOMEZ
Por Marcela Turati/ Proceso
El grupo que desde la Unidad de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República (PGR) validó la “verdad histórica” del caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, versión externada por el entonces procurador Jesús Murillo Karam y por el jefe de la Agencia de Investigaciones Criminales, Tomás Zerón, y desmentida por instancias nacionales e internacionales, sigue activo en la institución.
Pese a que tres procuradores han pasado en este sexenio por la PGR, hoy encabezada por un interino, no hubo una depuración real: a raíz de la remoción de Zerón los directivos que se encargaron de validar “científicamente” las pruebas –como la supuesta quema de los estudiantes en el basurero de Cocula o las confesiones de los presuntos asesinos– fueron camuflados dentro del organigrama con otros cargos directivos y siguen encargados de identificar personas desaparecidas o certificar casos de tortura.
Sara Mónica Alegría y Mauricio Cerón Solana, los dos funcionarios de alto nivel que salieron de Servicios Periciales cuestionados tras los informes del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la oficina de la ONU para los Derechos Humanos y un informe preliminar de la visitaduría general de la PGR –que no se dio a conocer–, se dedican ahora a asesorar a sus suplentes y dan cursos sobre búsqueda de desaparecidos a futuros técnicos forenses.
Tanto Cerón –captado en video durante una visita ilegal al río San Juan, con un hueso en la mano, justo un día antes del “hallazgo” de ese hueso del normalista Alexander Mora– como Mónica Alegría –excoordinadora general de Servicios Periciales y quien usó su área pare defender las “verdades” de Zerón, de Murillo Karam y de su sucesora, Areli Gómez– dictaron cátedra en el congreso nacional Las Ciencias Forenses Aplicadas a la Identificación de Desaparecidos: Porque Todos Tienen un Nombre, el 15 y 16 de julio de 2017 en el Centro Médico Siglo XXI.
Junto con su equipo –entre ellos, personal de la PGR– enseñaron cómo se debe buscar a personas desaparecidas. Entre los asistentes y promotores del curso estaba Anselmo Apodaca, sucesor de Alegría.
Pese a que la PGR anunció cambios en la Unidad de Servicios Periciales, que se encarga de apoyar al Ministerio Público Federal con evidencia científica para resolver casos de violaciones graves a los derechos humanos y crímenes atroces, aquella sigue operando de manera deficiente: mantiene a los directivos “quemados” por Ayotzinapa y contrató a algunos nuevos sin la experiencia requerida, carece de personal para cubrir la sobrecarga de trabajo, no brinda capacitación constante y de calidad a sus funcionarios y escatima en recursos e insumos para que realicen su trabajo.
Ese es el panorama dibujado por diversos empleados de la Unidad de Servicios Periciales consultados por Proceso.
Los entrevistados aseguran que con el maquillaje exprés que se quiso dar al área, más que avances hubo un retroceso. Por ejemplo, la nueva Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura (FEIDT) –creada en enero tras las quejas de organizaciones de derechos humanos, la ONU y la CIDH sobre el extendido uso de la tortura como método de investigación criminal– sigue usando al mismo personal de Servicios Periciales, no siempre experto y sí sobrecargado de trabajo.
Hasta septiembre de 2017 su rezago era de más de 2 mil casos. Sólo en la fase de mecánica de lesiones (una de las tres por las que debe pasar cada caso) había mil 95 expedientes atorados.
“Con el doctor Eduardo González Mata (exdirector de Especialidades Médico Forenses) el diagnóstico era que se necesitaban 100 médicos y 100 psicólogos para acabar con el rezago de carpetas de tortura, y ya se tenían aprobados y capacitados a 50 psicólogos y 22 médicos. Pero cuando se vinieron los cambios, y en su lugar quedó el doctor Anselmo Apodaca, únicamente contrataron a cinco psicólogos y cinco médicos para esa área, y menos de la mitad tienen experiencia; los demás fueron enviados a áreas administrativas.
“A la directora general (Margarita Montaño Soriano, sustituta de González Mata) se le hizo fácil acabar con el rezago dando a cada médico 100 casos y dejó los demás al personal que ya tenía sobrecarga. Así funciona la FEIDT, con los mismos de antes y con nuevos con poca experiencia”, dice a Proceso un funcionario de esa unidad, quien habló a condición de mantener el anonimato, por miedo a represalias. Otros confirmaron lo dicho.
Este diagnóstico toma relevancia a partir de la decisión de un tribunal federal que, la semana pasada, pidió a la PGR reponer el procedimiento de 20 de los detenidos por el Caso Ayotzinapa que aseguran haber sido torturados para autoincriminarse, y porque Servicios Periciales no actuó de manera independiente al evaluar la tortura.
Además determinó que la investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas “no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial” por parte de la PGR, “como lo exigen la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los protocolos de la ONU”, y ordenó crear una Comisión de la Verdad que lo investigue.
Los magistrados avalaron también el informe que en marzo pasado presentó en Ginebra el representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, titulado Doble injusticia, que encontró tortura en al menos 34 de los detenidos por la PGR en los que basa su “verdad histórica”.
Dicho informe fue rechazado por el gobierno mexicano con agresivo lenguaje diplomático.
Mecanismos de la impunidad
A partir de las investigaciones independientes de organismos internacionales que comenzaron a desnudar la versión de la PGR sobre el destino de los normalistas, esa dependencia anunció la salida de la química Alegría Medina, quien era incondicional de Zerón y a quien se señalaba desde antes por mala práctica en casos como la masacre de los 72 migrantes en San Fernando y la matanza de Cadereyta. Pero su equipo de trabajo continúa coordinando áreas clave.
A partir de la solicitud de transparencia con folio 1700100000418, sobre los cambios en la Unidad, y de información interna, se desprende que Gildardo Cruz Velazco, quien fue director de Laboratorios Criminalísticos –donde se coordinan la áreas Genética, Identificación, Criminalística, Fotografía, Balística y Química–, es ahora director del Laboratorio de Química Forense.
Héctor Enrique Osorno Magaña, quien era el encargado de incendios y fue el responsable de los controvertidos dictámenes del basurero de Cocula –donde supuestamente habrían sido calcinados los 43 normalistas–, ahora es director de área de Telecomunicaciones e Ingeniería.
En Medicina Legal Forense está Iván Mosqueira, elegido por Alegría para la Comisión Forense. Ángel Martínez, aún jefe de departamento, es señalado como quien no supo gestionar los casos de tortura para que no se acumularan.
Martha Acela Valdez González, directora de Biología Molecular, encargada de llevar los restos de los huesos encontrados en el río San Juan al laboratorio de Innsbruck, y en cuya área falsearon los resultados y anunciaron que eran de un segundo normalista –lo que luego fue desmentido por el EAAF–, y que retrasó los estudios a las ropas de los normalistas, sigue en el área de Genética, pero sin hacer labores periciales.
Dentro de la unidad se sabe que Alegría sigue asesorando a su sucesor, Apodaca, quien promueve los cursos que ella imparte. A ella se le vio en los festejos del pasado aniversario de Servicios Periciales.
Manuel Cerón, quien a pesar de ser personal administrativo apareció en Iguala con Tomás Zerón, en apariencia sembrando el hueso de Alexander Mora, da cursos junto a su exjefa y, dicen los entrevistados, trabaja en la procuraduría capitalina.
Otra integrante del equipo que permanece en su puesto es la odontóloga forense Yoshiko Cerón, que los acompaña a dar capacitaciones como la del Congreso Nacional de julio de la organización Interjurídicas.
Apodaca es señalado por los entrevistados como el que detuvo los cambios que estaban por aplicarse en Servicios Periciales para el mejoramiento del área: organización interna, contratación de personal capacitado para torturas o creación de panteones especializados en personas no identificadas.
Apodaca designó a Montaño Soriano directora general de Especialidades Médico Forenses; a ella los empleados la acusan, en documentos internos, de trato prepotente y de no contar con los estudios para el cargo. Su currículum, obtenido por una solicitud de información, muestra que ella es cirujana con maestría en pedagogía. No tiene otra especialidad.
“Con Apodaca sigue incrustado el grupo de Sara Mónica y ellos desplazaron a gente con experiencia y servicio profesional de carrera para contratar a gente sin experiencia ni perfil, como Montaño, y mantuvieron a los que hicieron daño. Ahora lo que quieren es colarse en la nueva fiscalía, pero nosotros queremos una evaluación seria de trayectoria”, señala uno de los entrevistados.
Deficiencias en dictámenes de tortura
Sobre el funcionamiento del área encargada de revisar los casos de tortura, por la cual el tribunal pidió la reposición de proceso de 20 detenidos por el caso Ayotzinapa, uno de los funcionarios entrevistados explica a Proceso las fallas:
“Cuando nos llega una petición del Ministerio Público, nos solicita información y nos dice que hagamos mecánica de lesiones y apliquemos el protocolo especializado en tortura. Los casos se iban asignando como iban llegando. Íbamos atrasados en 2 mil peticiones, y una petición puede tener hasta 15 personas (a examinar), pero cada persona es un protocolo único. Por la cantidad de trabajo se pensó crear la fiscalía, porque hay riesgo de que venza el plazo especificado por la ley y, por el retraso, los detenidos salgan libres o que se pierda evidencia, si es que fueron torturados.”
El rezago es tal que los detenidos que alegan tortura tienen que esperar hasta un año para que los vea un especialista. Si alguien se retrasa en entregar su dictamen, porque quedó atrapado en los laberintos de la burocracia, tiene que pagar multas de hasta 5 mil pesos de su salario.
“La señora (Montaño), para bajar el rezago, mandó a los recién contratados directo a hacer dictámenes de tortura, aunque es sumamente especializada; tienes que haber visto muchas lesiones para poder definirlas y muchas veces el paso del tiempo las borra. Pero lo hacen sin capacitación ni supervisión y sin paleta de colores para que homologuemos hasta el color de cada lesión”, indica.
Tras estas entrevistas lo que resuena es la queja generalizada de las limitantes de Servicios Periciales: falta capacitación especializada y de calidad, equipamiento, instrumental básico, seguros contra contagios, bonos por riesgo, máquinas con programas adecuados, computadoras, espacio físico, personal, terapias psicológicas, viáticos, buena coordinación, directivos experimentados…
Este reportaje se publicó el 10 de junio en la edición 2171 de la revista Proceso.
