Por Octavio Rodríguez Araujo
¿Y por qué habríamos de confiar en las instituciones del país? La Presidencia de la República insiste en que no privatizará Pemex y al mismo tiempo está haciendo todo lo posible por privatizarlo. Privatizar una empresa pública no equivale siempre a venderla tal cual a la iniciativa privada. Basta con subordinarla a ésta directa o indirectamente, ponerla al servicio de empresarios, nacionales o extranjeros, otorgarles ganancias vía productos, precios o concesiones.
De hecho Pemex es una empresa que ya está parcialmente privatizada, y no de ahora sino desde hace muchos años, desde que cedió la petroquímica secundaria, la de mayor valor agregado, a la empresa privada, desde que igualmente comenzó a vender petróleo crudo para refinerías privadas (extranjeras) a las que se les compra (importa) la gasolina en lugar de montar sus propias refinerías.
Igualmente se ha privatizado parcialmente desde que el transporte de productos del petróleo se les concesionó a empresarios privados, algunos fuertemente ligados a la política (Hank González, por ejemplo), y desde que se concesionaron a particulares las miles de gasolineras que hay en el país. Etcétera, porque hay más, como por ejemplo las concesiones otorgadas al corrupto sindicato que no sólo vende plazas y hace negocios con tiendas, sino que mantiene en su beneficio a un alto porcentaje de trabajadores redundantes (innecesarios) que le cuestan millones a la empresa y, por lo mismo, a los mexicanos que pagamos impuestos.
Aun así, priístas y panistas quieren darle más a los empresarios privados, nacionales y extranjeros, bajo el argumento de que el petróleo seguirá siendo de la nación (cualquier cosa que esto signifique) y una empresa bajo control del Estado que, en términos prácticos, quiere decir bajo control del gobierno o, más precisamente, de los gobernantes en turno.
Otras instituciones que se han puesto de moda con el caso Cassez, entre otros juicios menos espectaculares, han sido la ya desaparecida Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría General de la República, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Poder Judicial en su conjunto, sin pasar por alto al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que también tiene lo suyo.
Si la Corte liberó a la señora Cassez porque con ella no se siguió el debido proceso jurídico, no lo discuto, aunque me pregunto si toda insuficiencia en el debido proceso lleva siempre a la anulación de la sentencia. Mucho se ha escrito sobre el tema, pero sí quedó al descubierto que los encargados de dicho proceso actuaron de tal manera que merecen un juicio, en primer lugar político.
Sin embargo, aun aceptando que la SCJN actuó conforme a derecho con la francesa (en un acto más de justicia selectiva e ignorando a las víctimas), ahora está obligada a revisar los miles o cientos de miles de casos para ver si en ellos también se cumplió o no el debido proceso que tiene en prisión a muchos presuntos delincuentes, casualmente pobres en su absoluta mayoría. Si no lo hace, los mexicanos tenemos derecho a pensar (lo pensamos ya) que en el caso Cassez hubo mano negra y tráfico de influencias, al que no pueden recurrir la mayoría de los presos o indiciados como delincuentes en este país. Las mencionadas instituciones en el párrafo anterior son, para decirlo sin ambages, una vergüenza nacional.
Otra cosa, por cierto, es la vergüenza que les debe haber dado a los franceses bien nacidos el recibimiento y las consideraciones que le dio el gobierno de Hollande (dizque socialista) a una mujer que la misma Corte mexicana no ha exculpado al liberarla (liberarla y declararla inocente son dos cosas diferentes). Pero esta última vergüenza no es nuestra, sino de Francia.
¿Debido proceso? ¿Qué podría decir la SCJN en el caso del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME)? Hasta donde entiendo no se cumplió con el debido proceso al despedir a más de 44 mil trabajadores de Luz y Fuerza del Centro, ni tampoco al echar abajo la protección que les había brindado el segundo tribunal colegiado de circuito a los 16 mil 599 trabajadores de ese sindicato que siguen en pie de lucha. ¿Y quiénes los pisotearon al negarles el amparo?
La segunda sala de la SCJN al considerar que el Ejecutivo federal no es patrón del organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro (LFC), por lo que la relación laboral con los trabajadores quedó extinguida. (La Jornada, 31/1/13). Lo peor es que esto es inatacable y definitivo, aunque falta recurrir a otras instancias fuera del país.
El gobierno priísta, fiel a su tradición de tratar de comprar y cooptar a la oposición, ya ofreció pagarles a los trabajadores del SME una liquidación más alta que la proporcionada por Calderón en su momento. Y con este cinismo redentor pretende lavarse las manos con un yo no fui, fue Teté.
Del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no hay mucho más que decir de lo que ya se ha analizado en México, tanto después de las elecciones de 2006 como de los comicios de 2012. Ninguno de sus integrantes se salva del estigma de haber validado elecciones a todas luces fraudulentas (sobre todo la de 2006) a pesar de haber reconocido que hubo demostradas intromisiones ilegales en el proceso. Aquí, para variar, no se revisó el debido proceso jurídico ni fue cumplido el papel constitucional que debió observar el tribunal. Simplemente se dictaminó, sin recurso de apelación, lo que convenía al Poder Ejecutivo y a sus verdaderos mandantes para continuar en el poder.
Lo que ha resuelto el IFE, otra institución supuestamente del Estado a la vez que ciudadana en teoría, es una vergüenza más con la que tenemos que dormir hoy en la noche: sólo la coalición Movimiento Progresista rebasó los topes legales de campaña. ¡Zas! Fue tan escandalosa la resolución de la Unidad de Fiscalización (UF) del IFE que uno de los pocos sensatos consejeros propuso (no por algún tipo de presión política) que se pospusiera dicha conclusión para ser analizada con mayor detenimiento. Leonardo Valdés, que cambia de posiciones como de peinado, estuvo desde luego en contra de dicha posposición y argumentó, como está de moda, que el debido proceso fue seguido puntualmente.
Lo de Monex y otras empresas mediante las cuales presumiblemente se lavó dinero para la campaña de Peña Nieto quedó en el conveniente olvido de la UF, al igual que otras muchas denuncias debidamente comprobadas y ahora hasta reconocidas por el PAN.
Fuente: La Jornada
