Durante un año el gobierno federal ha insistido que el Ejército no tuvo nada que ver con el ataque del 26 de septiembre de 2014 contra los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Pero esta versión se desmorona con pruebas contundentes, al ser obligada la Procuraduría General de la República a mostrar las declaraciones ministeriales del comandante y otros miembros del 27 Batallón de Infantería, con sede en Iguala. Los soldados estuvieron al tanto de lo ocurrido, presenciaron los hechos e incluso hay elementos para deducir que eventualmente participaron en la represión contra los normalistas.
Por Anabel Hernández y Steve Fisher/ Proceso
Integrantes del 27 Batallón de Infantería, con sede en Iguala, Guerrero, jugaron un papel crucial la noche del 26 de septiembre de 2014 en el ataque a los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, del cual resultaron 10 normalistas heridos, tres muertos y 43 desaparecidos.
Así lo revelan las declaraciones ministeriales del comandante del 27 Batallón, coronel José Rodríguez Pérez; del capitán José Martínez Crespo y 34 militares más, rendidas ante la Procuraduría General de la República (PGR) los días 3 y 4 de diciembre pasados. Copias de dichos testimonios fueron obtenidas mediante la Ley Federal de Transparencia.
Esas declaraciones desmienten la versión del gobierno de Enrique Peña Nieto, que durante casi un año ha sostenido que el Ejército nunca estuvo en el lugar de los hechos y que ninguna instancia federal tuvo conocimiento de lo ocurrido sino hasta varias horas después.
Los militares confesaron lo contrario. Admitieron que espiaron a los estudiantes desde su llegada a la caseta de cobro Iguala-Puente de Ixtla a las 19:30. Conocieron en tiempo real todas las agresiones contra los normalistas y esa información también la tuvo en tiempo real la 35 Zona Militar, en Chilpancingo, Guerrero, cuyo comandante era entonces el general Alejandro Saavedra Hernández, ascendido en diciembre último a la comandancia de la IX Región Militar, también en Guerrero.
Aunque nunca admitieron haber tomado parte en el ataque a los normalistas, sus confesiones indican que al menos presenciaron todo.
“CIVILES” DISPARARON
“Recibimos la orden del (nombre tachado en el expediente por la PGR): ‘Ármense, vamos a salir’. También nos dijo: ‘Pónganse vergas porque hay personal armado que anda matando gente’”, declaró a la PGR uno de los interrogados, a quien se identificará aquí como militar número 13, pues su nombre fue censurado, al igual que el de varias decenas de declarantes más.
Un comandante del 27 Batallón de Infantería admitió que presenció el ataque contra el camión 1531 de la línea Estrella de Oro frente al Palacio de Justicia, en la carretera Iguala-Chilpancingo. Los estudiantes que viajaban en el vehículo están desaparecidos.
Además, Rodríguez Pérez reveló la existencia de un grupo especial del Ejército: los Órganos de Búsqueda de Información (OBI), integrado por militares vestidos de civil; sus miembros permanecieron en las calles de Iguala la noche del pasado 26 de septiembre.
Según testimonios de los vecinos y de los estudiantes sobrevivientes del ataque de la Policía Municipal, hubo personas vestidas de civil que les dispararon.
Las declaraciones ministeriales de los militares refieren que esa noche también salieron a las calles de Iguala dos escuadrones del Grupo de Fuerza de Reacción, uno de los cuales iba comandando por el capitán Martínez Crespo y el otro por un teniente cuyo nombre fue censurado por la PGR en los documentos. Además de ir todos armados con fusiles G3, uno de los escuadrones usó un vehículo de guerra llamado Sand Cat; en la escotilla de éste hubo en todo momento un soldado empuñando una metralleta.
VIGILADOS DESDE EL PRINCIPIO
En julio último el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, dijo en entrevista con el periodista radiofónico José Cárdenas que la noche del 26 de septiembre en el cuartel de Iguala no había personal ni vehículos disponibles para atender la emergencia. “Y qué bueno que fue así”, agregó, “porque de haber salido, hubiéramos creado un problema mayor”. Pero las declaraciones de los elementos del 27 Batallón de Infantería lo desmienten.
Rodríguez Pérez compareció el 4 de diciembre de 2014 ante la PGR en Iguala. Lo hizo en su calidad de comandante del 27 Batallón de Infantería, cargo del que fue relevado el pasado julio. Dijo que desde las 19:00 horas del 26 de septiembre hasta las 10:00 de la mañana siguiente hubo militares en las calles de Iguala.
Agregó que en el Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4, instancia de seguridad pública estatal) de Iguala hay presencia de dos militares por turno, como informó este semanario en diciembre de 2014 (Proceso 1989). Señaló que el 27 Batallón tiene efectivos de los OBI: “Son personas de civiles quienes nos informan de las situaciones que ocurren dentro del municipio de Iguala”.
Una fuente militar de alto rango consultada para esta investigación y que pidió el anonimato explica que todos los batallones, zonas, regiones militares e incluso la propia Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tienen pelotones de información (OBI) que forman parte de la Sección Segunda –la de inteligencia y contrainteligencia– de la institución.
La fuente agrega que los militares del pelotón de información no se uniforman; se mezclan con la población para obtener datos. Muchos de ellos no usan el corte de cabello de casquete corto (obligatorio en las Fuerzas Armadas) ni duermen en las bases militares.
Vecinos que a las 21:00 horas estaban en Juan N. Álvarez esquina con Emiliano Zapata dijeron que personas vestidas de civil comenzaron a disparar. Grabaron los audios de ese momento. “Eran civiles que estaban persiguiendo a los estudiantes”, dijo uno de los testigos.
Un teniente a quien en este reportaje se identifica como el militar 31 trabaja en el Centro de Información, Instrucción y Operaciones del 27 Batallón y fue responsable de recibir, desde la tarde del 26 de septiembre hasta la mañana siguiente, las llamadas de los militares adscritos al C4.
Afirmó que recibió nueve informes detallados del C4 entre las 19:30 horas del 26 de septiembre hasta las 10:00 del 27. Declaró que de cada llamada rindió inmediatamente un informe tanto a su superior en el batallón como a la 35 Zona Militar.
De acuerdo con las declaraciones de los militares, el primer Grupo de Fuerza de Reacción —con 16 efectivos— salió del 27 Batallón entre las 22:15 y las 22:30 horas en dos vehículos Cheyenne, comandados por un teniente cuyo nombre fue tachado por la PGR en los documentos.
Su salida no fue registrada en las bitácoras, y aunque partió en dos vehículos, oficialmente sólo iba al Hospital General, que está a un costado del batallón, a investigar si habían llegado heridos de bala, sin que ningún militar explicara por qué o para qué necesitaban esa información.
Ahí ya estaban los primeros tres estudiantes heridos.
El militar 13 declaró a la PGR que su superior, un teniente, salió del hospital con una libreta en la mano y luego ambos regresaron al batallón.
El teniente recibió nuevas órdenes y les dijo a los integrantes del grupo que cambiaran una Cheyenne por el vehículo blindado y artillado Sand Cat. El escuadrón salió de nueva cuenta del 27 Batallón hacia las 23:00 horas con la advertencia de que había un grupo armado en las calles.
“Quiero manifestar que hasta ese momento yo no sabía a qué fuimos”, dijo el militar 13 respecto a su viaje al Hospital General.
DECLARACIONES CONTRADICTORIAS
Martínez Crespo fue interrogado por la PGR el 3 de diciembre de 2014. Dijo que hacia las 00:15 del 27 de septiembre recibió la orden de salir con un escuadrón de Fuerza de Reacción en dos vehículos Cheyenne; iban equipados con casco, chaleco antibalas y fusiles G3. Al menos uno de los vehículos llevaba en el techo una ametralladora.
El capitán pidió al comandante del pelotón de información que lo llevara al Palacio de Justicia, pero supuestamente cuando llegaron ya no había ahí estudiantes ni policías. Una grúa estaba a punto de llevarse el camión Estrella de Oro.
El militar número 8 declaró que sus compañeros revisaron el autobús. Otros tres integrantes del escuadrón dijeron que después fueron a la Policía Municipal de Iguala, a la cual entró Martínez Crespo con otros uniformados.
Entrevistado por los reporteros, Ulises Ramírez, juez de barandilla, indicó que los estudiantes nunca fueron llevados a la base de la Policía Municipal de Iguala (Proceso 2015) y que incluso Martínez Crespo había revisado las instalaciones. En su declaración ministerial el capitán omitió esta información.
*Trabajo financiado con recursos del Fondo para Periodismo de Investigación y con apoyo del Programa de Periodismo de Investigación de la Universidad de California en Berkeley.
Fuente: Proceso
