El grupo de expertos de la CIDH indicó que un tercer peritaje en el basurero de Cocula no es necesario, pues en el que ya realizó José Torero se comprobó “la imposibilidad de dicha acción (incineración de los normalistas) en los tiempos y circunstancias señalados en las declaraciones de varios inculpados”.
“Ante la posibilidad, planteada por la PGR, de hacer un nuevo estudio en el basurero de Cocula, el GIEI precisó que no considera necesario dicho análisis para evaluar la dinámica del fuego, pues ya fue evaluada en el estudio solicitado por el Grupo al Dr. José Torero”, indicaron los expertos en conferencia de prensa este viernes, en la que detallaron lo que harán los próximos 6 meses en el país.
No obstante, dijeron que “dado que la PGR ha decidido realizarlo (el tercer peritaje), los criterios señalados por el GIEI para ello son que los expertos seleccionados tengan el mayor nivel científico y experiencia internacional en investigaciones complejas sobre dinámica de fuego, grandes explosiones o casos de alto impacto, además de que dio un listado de 9 expertos. Aún no se ha hecho el proceso de selección final de los expertos para participar”.
“El GIEI también hizo propuestas sobre los objetivos del peritaje, la documentación previa que debe ser utilizada, los criterios sobre el tiempo, la organización de la visita, el trabajo de campo y la realización de su informe. Cabe agregar que el GIEI recuerda que el EAAF (Equipo Argentino de Antropología Forense) está realizando un peritaje sobre el fuego en el basurero de Cocula, mismo que deberá ser tenido en cuenta como parte de las evidencias científicas”, revelaron.
Además, los expertos señalaron que “la información sobre hornos crematorios en la regiónes considerada clave”, “debido a la presencia de restos humanos quemados y/o cremados en la zona del basurero de Cocula y a las bolsas encontradas en el río San Juan. Hasta la fecha solamente se ha obtenido información parcial de crematorios privados y estamos a la espera de que se complete la información sobre este tema”.
Y propusieron “realizar nuevos cateos y evaluar diversos lugares, con base en la información proporcionada por las líneas de investigación propuestas, en la que se consideran trayectos y lugares a los que pudieron ser conducidos los normalistas, más allá de las fosas”:
“Acerca de las fosas, es necesario hacer un mapa de fosas y utilizar tecnología adecuada. Desde marzo, el GIEI solicitó mapas satelitales y la búsqueda con tecnología LIDAR en posibles fosas y alteraciones en el terreno de Pueblo Viejo y La Parota y otras zonas. Hasta la fecha estas diligencias no se han realizado”, lamentó.
Ante ello, urgieron “la compilación de toda la información disponible y la participación de organizaciones de víctimas que cuentan con información relevante son claves para tener un plan de investigación efectivo en estas hipótesis de búsqueda. Los recientes hallazgos de Carrizalillo muestran la gravedad de los casos de personas desaparecidas y fosas comunes, así como el ambiente de control y miedo en el que sigue viviendo una parte de la población en el estado de Guerrero”.
Los enviados de la CIDH elaboraron un documento sobre algunas actuaciones concretas que considera relevantes en esta etapa. Entre las nuevas líneas de investigación propuestas a la PGR y que se desarrollan en el documento mencionado están:
a) la investigación del 5º autobús como hipótesis del caso, incluyendo asistencia jurídica internacional, identificación plena del autobús y revisión de lo sucedido con los hechos y con la omisión de los mismos;
b) la evaluación de los datos existentes de telefonía tanto de los normalistas como de los inculpados, incluyendo las líneas de búsqueda que puedan surgir de dichas acciones;
c) la realización de nuevas diligencias, peritajes y toma de declaraciones, entre otros;
d) la evaluación de nuevas evidencias científicas, y el procesamiento de las ya recogidas;
e) la investigación sobre manejo y control información del C-4;
f) la toma de declaraciones de otros miembros de fuerzas de seguridad de la zona;
g) agregar a la investigación los informes de inteligencia existentes;
h) la ampliación de la investigación financiera;
i) la evaluación de las denuncias de los detenidos sobre malos tratos y torturas siguiendo los estándares internacionales, mediante el protocolo de Estambul;
j) la realización de una investigación más sistemática sobre los otros desaparecidos en la zona, que permita una evaluación conjunta de los casos y el modus operandi de los perpetradores.
“Todas estas líneas de investigación pueden proporcionar elementos clave para la búsqueda”, aseguraron.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes consideró que la realización de lasegunda autopsia al cuerpo de Julio César Mondragón, asesinado durante el ataque a los normalistas de Ayotzinapa el 27 de septiembre, y cuyo cuerpo apareció con graves señales de tortura, puede proporcionar nuevos elementos sobre el trato sufrido, causa de muerte y los traumatismos perimortem que no fueron evaluados en la primera autopsia y cuyas deficiencias fueron señaladas en el informe del GIEI. ”El Grupo participa en la diligencia como observador del trabajo forense, colaborando en los acuerdos entre los diferentes peritos de la PGR y los especialistas del EAAF, y en apoyo a la familia. También estará presente la CNDH”, precisaron.
“La esperanza de los familiares es encontrar respuestas sobre los hechos vividos, contar con un estudio realizado con las condiciones adecuadas y rescatar el buen nombre de Julio César. Esto forma parte del conjunto de las garantías de investigación en este caso y constituirá nuevas pruebas para la evaluación de estos hechos atroces”, confiaron.
Los expertos insistieron en las entrevistas con el batallón de Iguala, aunque indicaron que revisarán las declaraciones que hicieron ante el MP, en agosto y septiembre pasado, algunos soldados.
“El GIEI tuvo conocimiento de que 10 militares del Batallón 27 de Iguala se presentaron a declarar o ampliar sus declaraciones el 26 de agosto, una semana después de que el Estado respondiera al GIEI que sólo podría realizar un cuestionario para que fuera aplicado por la PGR. No se proporcionó al Grupo ninguna información sobre la realización de estas diligencias”, expusieron.
“Posteriormente, el 11 de septiembre, después de la publicación del Informe Ayotzinapa, dos militares ampliaron sus declaraciones ante la PGR. El Grupo evaluará dichas declaraciones y tomará su decisión sobre los pasos a dar para investigar de forma efectiva los hechos siguiendo los estándares de investigación en casos de derechos humanos”, agregaron.
Fuente: Aristegui Noticias
