Por Anayeli García Martínez
En una muestra más de desdén hacia el movimiento organizado de mujeres por parte de la nueva administración federal, la elección de la nueva titular del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) se dio en un proceso inequitativo y poco transparente en el que la ex directora del Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social en el Estado de México (Cemybs), Lorena Cruz Sánchez, fue privilegiada en la integración de la terna de candidatas.
Claudia Cruz, integrante del Consejo Consultivo del Inmujeres, consideró que el relevo en el instituto se caracterizó por la imposición de Lorena Cruz, quien desde un inicio fue impulsada por la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, como “la candidata” de Enrique Peña Nieto.
En ese tenor, la investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM Alicia Pérez Duarte, manifestó su “consternación” por un proceso “antidemocrático” en el que fueron excluidas las voces de la sociedad civil.
Al final, la terna de aspirantes quedó integrada –además de Cruz Sánchez– por la ex diputada federal del PRD y ex presidenta de la Comisión Especial del Feminicidio, Teresa Incháustegui Romero, y la directora de Vinculación de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), Milagros Herrera Buchanan.
Confrontación
La integración de esa terna no fue nada fácil, a decir de consejeras del Inmujeres. Desde el pasado 21 de diciembre la Junta de Gobierno del mecanismo –integrada por dependencias federales y las consejeras– pretendía elaborar una terna con los nombres de cinco candidatas, todas militantes del PRI y en su mayoría provenientes del Estado de México, y sin tomar en cuenta a las organizaciones civiles. Entre esas cinco aspirantes ya estaba contemplada Lorena Cruz Sánchez.
Las consejeras y representantes de la sociedad civil se inconformaron por desconocer los perfiles de las cinco mujeres, y presionaron para que se ampliara el plazo de análisis y recepción de propuestas hasta el 10 de enero.
Así, algunas consejeras declararon a los medios que se había abierto una convocatoria pública para registrar a más candidatas, pero el Inmujeres no la publicó de manera oficial.
Las versión del “dedazo presidencial” se reforzó días antes del 10 de enero, cuando de último minuto se registraron 13 aspirantes más al relevo del instituto.
Entre ellas, la ex gobernadora de Yucatán Dulce María Sauri, quien dirigió la Comisión Nacional de la Mujer, antecedente del hoy Inmujeres, pero fue descartada porque “le faltaba su acta de nacimiento”, lo cual fue desmentido por Alicia Pérez Duarte, quien integró el expediente de la también ex legisladora.
Golpe al Instituto
María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, calificó como grave que en la terna final quedara una candidata que no llena el perfil necesario para dirigir el instituto.
Recordó que el Inmujeres debe tener presencia ante organismos internacionales como la ONU y la OEA, además de ser referente de la política de igualdad a nivel nacional. En contraste –acotó–, Lorena Cruz no afrontó la imparable ola de asesinatos y desapariciones de mujeres en el Edomex.
La actual subsecretaria de Desarrollo Regional del Valle de Toluca fue directora del Cemybs en momentos en que el Instituto Mexiquense de la Mujer se integró en 2006 a la Secretaría de Desarrollo Social de la entidad, durante la gubernatura de Peña Nieto.
En diciembre de 2010, el OCNF y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos solicitaron una Declaratoria de Alerta de Violencia de Género en la entidad ante el creciente feminicidio, petición que el Cemybs rechazó.
La activista y ex diputada federal Martha Tagle sostuvo que la “imposición” de Cruz Sánchez tiene como fin “bajar el perfil” del Inmujeres, luego de que Peña Nieto y Rosario Robles fracasaron en su intento de “debilitar” al instituto al querer sectorizarlo a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).
Y es que antes de asumir la Presidencia, Peña Nieto envió una iniciativa de reforma al Congreso para integrar el Inmujeres a la Sedesol, lo que generó el descontento de feministas que aseguraron se restaban autonomía y facultades al instituto.
Robles fue la operadora presidencial para intentar convencer a las inconformes. Finalmente no lo logró, luego de que la protesta social obligó a dar marcha atrás a la propuesta de hacer del instituto un mero “apéndice” de la Sedesol.
