EL GIEI menciona un informe de inteligencia de la Secretaría de Marina que se refiere a un militar apodado El Satánico, del 27 Batallón, a quien se acusa de vender armas a Guerreros Unidos
Por Marcela Turati/ Proceso
El último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que investiga el caso Ayotzinapa plantea nuevas interrogantes sobre el papel del Ejército la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, cuando los 43 normalistas fueron desaparecidos, como la presencia de un camión militar en la colonia donde eran perseguidos los sobrevivientes a los ataques, la fotografía de una patrulla militar presente en el lugar donde los estudiantes fueron atacados, la negativa de ayuda a las víctimas que esa noche acudieron al 27 Batallón de Iguala y las contradicciones entre los soldados que participaron en el levantamiento de cadáver del estudiante desollado.
También menciona un informe de inteligencia de la Secretaría de Marina que se refiere a un militar apodado El Satánico, del 27 Batallón, a quien se acusa de vender armas a Guerreros Unidos. Durante las primeras indagaciones de los hechos quedó establecido que los integrantes de ese batallón presenciaron los ataques a los estudiantes, pero no los ayudaron.
“En el mes de junio se produjo la declaración ante la PGR del informe de inteligencia de un marino CGP (clave), donde señala que un elemento del 27 Batallón sería traficante de armas para el grupo Guerreros Unidos. Su declaración no aporta otros datos, pero el GIEI pidió a la PGR que se ampliara su declaración para poder realizar una investigación en profundidad sobre ese hecho”, se lee en el Informe Ayotzinapa II.
Aunque la respuesta que la PGR dio al GIEI fue que no se pudo localizar a ninguna persona con ese sobrenombre, el grupo señaló que no se ha realizado ninguna diligencia de investigación sobre ese tema y que desconoce si la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha hecho la propia.
Cabe recordar que desde hace un año que comenzó la investigación independiente, gracias a un acuerdo entre el gobierno mexicano y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), el grupo de expertos no obtuvo la autorización de entrevistar a los miembros del 27 Batallón que presenciaron los ataques de los estudiantes que llegaron a Iguala a tomar autobuses, y que fueron repelidos por policías municipales y miembros del cártel Guerreros Unidos, y tampoco a los elementos que hicieron patrullajes la noche en la que eran desaparecidos.
En este segundo y último informe, el GIEI menciona los movimientos del Ejército que pudo documentar la noche del 26 al 27 de septiembre.
“A) Acciones de vigilancia de los normalistas, llevadas a cabo por agentes de inteligencia vestidos de civil, tanto antes de su llegada a la ciudad como en el escenario en que se estaban dando los ataques; b) Visitas al Hospital General de Iguala para registrar los heridos o muertos producidos por los ataques; c) Salidas de dos patrullas con dos vehículos cada uno al escenario del crucero de Santa Teresa por una parte, y al escenario del Palacio de Justicia y Juan N. Álvarez y Hospital Cristina por otra; d) Envío de una patrulla en la mañana del día 27 a la custodia y protección de la escena del Camino del Andariego, donde apareció el cuerpo de Julio César Mondragón” (en referencia al estudiante desollado).
En el apartado sobre las actuaciones del Ejército, el GIEI señala dos datos nuevos que no pudo aclarar por la prohibición para entrevistar a militares. El primero fue que en la calle Juan N. Álvarez, donde los estudiantes eran atacados a balazos, había una patrulla militar a las 01:35 horas, según la evidencia fotográfica mostrada por periodistas y sus testimonios. Esa información fue ocultada o no mencionada en las declaraciones que hicieron los militares ante la PGR.
“Dicha información (la presencia de la patrulla militar) es contradictoria con la señalada por la práctica totalidad de los militares que iban en las dos patrullas que realizaron ese recorrido, que señalan que al pasar por dicha zona siguieron su camino hacia el Hospital Cristina. La relevancia de este hecho está sin determinar”, se lee en el informe.
La otra información recogida por el GIEI es la presencia de un camión militar en la colonia 24 de Febrero, donde los estudiantes estaban siendo perseguidos por policías municipales que trabajaban para Guerreros Unidos, dato que difiere con la información aportada por los militares.
“Según un testigo que circulaba aproximadamente a la 01:30-02:00 horas tratando de buscar ayuda médica por una pista de terracería en la colonia 24 de Febrero, con el objetivo de salir, a través de dicho camino, a la carretera Iguala-Chilpancingo librando el lugar conocido como El Tomatal, donde estaba situado el retén de la policía municipal, adelantó por dicha pista un camión militar, donde refiere que había unos 8-10 efectivos en la parte de atrás. La existencia y el recorrido de dicho vehículo militar no ha sido señalada en ninguna de las declaraciones del personal del 27 Batallón”.
El testigo que aportó ese dato es un familiar de uno de los futbolistas del equipo de Los Avispones, atacados esa misma noche, quien declaró: “Mi tirada era encontrar una calle que saliera acá para librar el retén de la entrada. Lo que hice fue subirme al cerro, ahí por donde está la trituradora, por el rumbo del asta bandera, por la trituradora. Ahí yo vi al Ejército, como a las 2 am, en sus camiones, ya con armas, lo único que pensé fue ‘ya que pasó la tempestad ya salen estos amigos’. Pero yo no tenía idea de lo que estaba pasando. La trituradora es por el rumbo del asta bandera. Es la colonia 24 de Febrero, por Periférico Poniente. Más o menos por ese rumbo, ya en la salida a Chilpancingo. Ahí fue donde vi un camión con unos 8-10 elementos armados atrás pero hasta ahí, de esos con lonas, de los grandes, no Hummer, sino grande. Ellos iban adelante de mí y yo los rebasé”.
El GIEI menciona en su informe que justo a esa colonia había huido el grupo de normalistas que viajaban en el quinto autobús Estrella Roja que, tras huir inicialmente a la colonia Pajaritos cerca de la zona del Palacio de Justicia, “eran perseguidos por patrullas de policía y atacados con piedras y disparos de armas de fuego, mientras huían por unas escaleras hacia la parte alta de dicha colonia”.
“También en dicha colonia se refugiaron los ocupantes de uno de los vehículos que fue a pedir ayuda al 27 Batallón, y que relataron que cómo no tuvieron apoyo de los soldados, se retiraron a casa de unos familiares, también en dicha colonia”, señala.
Como la presencia del camión militar en esa colonia no está registrada en ninguna declaración ni reporte hasta ahora y tampoco el vehículo militar (“identificado por el testigo como un ‘camión grande’ con unos 8-10 efectivos, y no una patrulla”), el GIEI señala que los hechos deben ser esclarecidos y el testigo que lo vio debe ser protegido.
El informe menciona que los testimonios de los militares que encontraron el cuerpo del estudiante Julio César Mondragón también presentan contradicciones en la hora del hallazgo (de tres horas de diferencia: entre 9 y 12 del día), y tampoco coinciden con la bitácora levantada por el Ministerio Público de la Procuraduría de Justicia de Guerrero.
Sobre las declaraciones de los militares entrevistados por la PGR, se detectó que durante su tercera declaración mencionaron algo a lo que no se habían referido antes, su presencia en la barandilla de la policía municipal de Iguala a donde, ahora se sabe, fue llevado un grupo de normalistas que luego fue desaparecido.
“(Fueron a la) comandancia no a conocer la situación de los normalistas detenidos, sino a preguntar por una moto que habría sido dejada abandonada en el escenario del Palacio de Justicia por el militar de inteligencia, debido a que tenía miedo de los policías municipales por su actitud agresiva. Según esto, el motivo y el contenido de la visita a la comandancia de barandilla después de haber pasado por el escenario del Palacio de Justicia, no estaría relacionado con la detención de los normalistas, sino con la desaparición de dicha moto. Sin embargo, en las declaraciones previas realizadas en diciembre de 2014 no se encuentra ninguna referencia a la desaparición de dicha moto, ni que el agente de inteligencia la hubiera dejado abandonada en el escenario del Palacio de Justicia”, hace notar el informe.
Otro momento que consigna el reporte elaborado por los expertos menciona las diferencias en las versiones de los militares que acudieron al Hospital Cristina, donde un grupo de 25 estudiantes estaban escondidos, entre ellos uno que tenía un disparo en la boca, y la de los estudiantes.
“Mientras los militares señalan que el trato fue digno y respetando sus derechos en todo momento, los relatos de los normalistas y el maestro señalan todo lo contrario. Los normalistas dicen que fueron regañados, que los hicieron formarse, alzar sus playeras, poner sus pertenencias en una mesa, que se les apuntó con armas y que pidieron los nombres, ‘den el nombre real, si no, no los van a encontrar’”, asienta.
La información que pidió el grupo de expertos y que nunca pudo obtener fue la siguiente:
- Entrevistas con el personal del 27 Batallón activos la noche del 26/27 de septiembre de 2014
- Las bitácoras o registros de acciones llevadas a cabo en esa noche.
- Fotografías y videos registrados u obtenidos esa noche por miembros del 27 Batallón.
- Reportes escritos y grabaciones que se tengan del C-4.
- Reglamentos de zona y régimen militar, así como órdenes de operaciones, Reglamento General de Partidas Militares y el Manual de Procesos de Campaña.
- Los convenios entre las diversas policías municipales, federales y Ejército respecto del sistema de seguridad.
- Informes de los GISES (Grupo de información de zona) y GAFES (Grupo de tropas especiales) del Batallón 27, respecto de los hechos.
