Con seis votos a favor y cinco en contra, el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó multar al PRI con poco más de 918 mil pesos por entregar tarjetas en Coahuila en la pasada elección.
Tras un largo debate en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), por una estrecha mayoría de consejeros -6 a 5- se consideró que los monederos rosas distribuidos por el PRI en las elecciones de Coahuila deberían considerarse como gasto sin fin partidista, con lo que se revocó el sentido del dictamen.
Éste planteaba declarar infundada la queja por considerar que se trataba solamente de propaganda y no el uso ilícito de promesas de aportaciones de programas sociales a futuro, por lo que el INE impondrá una sanción del 100 por ciento de los recursos involucrados, 918 mil pesos.
De acuerdo con el dictamen original, se consideraba que estas tarjetas correspondían solamente a una propaganda electoral y eventualmente, el contemplarlas como una “dádiva” correspondería determinarlo al Organismo Público Local Electoral. Sin embargo, la mayoría de consejeros, incluido el presidente del INE, Lorenzo Córdova, revirtieron el sentido del voto.
Córdova destacó la importancia del debate más allá de lo que concierne a la propia elección de Coahuila, pues la entrega de una tarjeta de débito personalizada en la que se le proponía al elector que de votar por tal partido, comenzaría a redituarle en recursos mediante un programa social, constituía mucho más allá de una promesa de campaña y se inserta en una transgresión al uso político de los programas sociales.
Subrayó la importancia de que, de avalar su uso, fuera precedente de cara nada menos que a las elecciones de 2018.
“No es lo mismo, déjenme decirlo de manera coloquial, de manera muy sencilla, no es lo mismo decir: ‘vota por tal partido o vota por tal candidato’; o bien, no es lo mismo tampoco decir: ‘me comprometo a hacer una carretera’, o lo que suele ocurrir durante las campañas; que decir: ‘si votas por mí te voy a dar un beneficio concreto y personalizado si gano’”, dijo Córdova.
La consejera Pamela San Martín destacó que esta estrategia implicaba recolectar los datos personales de los votantes -por lo cual se dará vista al Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información- mediante el llenado de un formulario, con la promesa de que se entregarían los beneficios condicionados al triunfo del candidato, lo cual es una irregularidad que debería ser considerada como un gasto ilícito.
El consejero Ciro Murayama destacó que este ofrecimiento del PRI se aprovechaba de las condiciones de pobreza que enfrenta el país y la cantidad de pobres, para ofrecer dádivas siempre y cuando ganara el candidato, algo que no puede considerarse normal para la democracia mexicana.
Aquí va más allá de promesas de apoyo porque están involcurados la recolección de datos personales de los potenciales beneficiarios de programa sociales y se asocia a un condicionamiento del uso de programas sociales.
En contraste, los consejeros, Marco Antonio Baños, Dania Ravel, Claudia Zavala, Enrique Andrade y Adriana Favela salieron en defensa del dictamen, aduciendo que se trataba meramentre de una propaganda y no un gasto del PRI sin fin partidistya, ni ligado a la manipulación del programas sociales. Subrayaron que en su caso, era competencia del OPLE de Coahuuila verificar si se trataba de la entrega de dádivas. Sin embargo, el dictamen no pudo sostenerse y se aprobó sancionar al PRI.
Fuente: La Jornada
