En sólo 5 meses han sido asesinados tres activistas sociales en Sinaloa, los cuales se caracterizaron por mantener una lucha de exigencia, desafiar a la autoridad y, hasta ahora, sus casos están sumergidos en la impunidad.
Los nombres de Sandra Luz Hernández, Ramón Corrales Vega y ahora Octavio Atilano Román Tirado tienen un sello particular: fueron asesinados con armas de fuego, con más de una herida y la justicia para sus casos ha quedado en discurso.
El sábado 11 de octubre, en Mazatlán, el líder de los comuneros desplazados por la construcción de la Presa Picachos, Octavio Atilano Román Tirado, fue asesinado a balazos frentre a su familia cuando conducía su programa de radio ‘Aquí es mi tierra’, en la estación ABC, de la Organización Editorial Mexicana.
Este crimen causó la indignación de activistas sociales, empresarios y académicos, quienes advierten un ‘mensaje directo’ que intenta silenciar a las voces críticas.
De acuerdo con testigos y reportes de las fuerzas de seguridad, Román Tirado recibió al menos cinco impactos de bala, uno en la cabeza, otro en el cuello y tres más en el tórax.
“El asesinato no quedará impune”, “Iremos hasta las últimas consecuencias”, “Se aplicará todo el peso de la ley”, son frases que han sido usadas por Mario López Valdez, Gobernador de Sinaloa, así como por Gerardo Vargas Landeros, Secretario General de Gobierno, y Marco Antonio Higuera Gómez, Procurador de Justicia.
La activista Sandra Luz Hernández fue la primera en ser asesinada este año. El 12 de mayo, cuando se iba a encontrar con una persona que le daría informes del paradero de su hijo desaparecido, recibió al menos 15 disparos.
La activista mantuvo durante dos años manifestaciones ante autoridades estatales y federales, siempre con el reclamo de obtener justicia por la desaparición de su hijo y de otras personas en su misma situación, sin embargo, nunca logró obtener una respuesta diferente de los titulares de la seguridad en Sinaloa.
La Procuraduría actuó con celeridad después del homicidio, presentó a una persona a la que se le imputó el asesinato, sin embargo, aunque se le dictó formal prisión aún no hay una sentencia por falta de elementos.
Otro activista fue asesinado 10 días después. Un grupo armado le quitó la vida a Ramón Corrales Vega, ex presidente del comisariado ejidal de la comunidad Cajón de Cancio, de Choix, que encabezó protestas de campesinos contra la empresa minera Paradox Global Resources.
El incumplimiento de pago y fraude a campesinos, así como la falta de servicios que serían otorgados por la empresa que explota las minas de Choix, desde 2006, fueron expresadas con marchas y plantones en Gobierno del Estado, al que acusaban de omiso y negligente ante las demandas.
El activista recientemente asesinado es Octavio Atilano Román Tirado, líder de los comuneros desplazados de la Presa Picachos, cuando el sábado estaba en las instalaciones del periódico El Sol de Mazatlán.
Fuente: Noroeste
