Teresa González y Alberta Alcántara, acusadas de secuestrar a seis agentes de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI), exigieron la reparación del daño y una disculpa pública. Este miércoles el Tribunal de Justicia Federal y Administrativa resolverá la solicitud.
Por Anayeli García Martínez
Alberta Alcántara y Teresa González, indígenas otomíes que fueron acusadas de secuestrar a seis elementos de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI) en 2006, exigieron al Estado mexicano una disculpa pública, pues aunque en 2010 obtuvieron su libertad afirman que no se les reparó el daño por pasar tres años y ocho meses en prisión.
En conferencia de prensa, ambas indígenas señalaron que después de que obtuvieron su libertad, funcionarios de la Procuraduría General de la Republica (PGR) –dependencia que las acusó de secuestro– mantuvieron la afirmación de que no eran inocentes, lo que fue motivo de discriminación y exclusión entre la gente de su comunidad.
En 2006 Alberta y Teresa, junto con Jacinta Francisco Marcial, fueron detenidas y sentenciadas a 21 años de prisión por el secuestro de seis policías.
Sin embargo, Jacinta fue liberada el 15 de septiembre de 2009 por que la PGR se desistió de la acusación; por su parte Alberta y Teresa fueron liberadas en abril de 2010 por una apelación ante la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En septiembre de 2010 Jacinta demandó la reparación del daño ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA). El caso sigue en trámite. Por su parte, Alberta y Teresa interpusieron la misma queja pero con base en lo establecido en la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado.
Ante una posible resolución del tribunal federal, que mañana decide si procede la reparación del daño, ambas indígenas llamaron a esta instancia para que considere en su decisión que hubo una falsa acusación, no se respetó el principio de presunción de inocencia, y que los años de cárcel repercutieron en sus vidas personales.
“Nosotras ya demostramos que somos inocentes, ahora les toca a ellos reparar el daño que nos ocasionaron. Ellos no se fijaron que estaban destruyendo familias”, dijo Teresa, quien tras salir de la cárcel, junto con su cuñada Alberta, se dedica a cultivar jitomate y venderlo en los mercados ambulantes, y a hacer muñecas artesanales para sobrevivir.
Al respecto, Andrés Díaz, abogado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, organización que acompaña a ambas mujeres, dijo que ellas fueron parte de un proceso irregular y por ello es necesario que el Estado reconozca su responsabilidad, repare el daño económico y moral, y tome acciones para evitar que casos como éste se repitan.
El abogado dijo que desde el Centro Prodh se pide al tribunal que tome una resolución apegada a un enfoque de Derechos Humanos y considerando los tratados internacionales, pues recordó que la reparación es una parte sustancial de la justicia, además de que en este caso trasciende la discriminación hacia estas mujeres indígenas.
Al respecto, Daniel Zapico, director de Amnistía Internacional-México, condenó que en nuestro país el sistema judicial sea un sistema de condena que no investiga cuando se trata de personas indígenas, además destacó que en muchas ocasiones con la liberación no se hace justicia y por ello la reparación del daño es un concepto que incluye indemnización económica, reconocimiento público del Estado del daño moral y medidas de no repetición.
“Cuando se produce una violación a Derechos Humanos el Estado está obligado a reconocerla, repararla en el caso concreto y garantizar que hechos como estos no se van a volver a repetir”, dijo el activista.
El Centro Prodh destacó que el procedimiento que marca la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado es, hasta el momento, la única vía que las personas tienen en México para reclamar una reparación del daño a su favor cuando la autoridad ministerial actúa de modo irregular y ello deriva en una reclusión injusta.
Sin embargo sólo incluye la indemnización, definida como “reparación integral del daño” por la afectación personal y moral, pero no se refiere a otras medidas más amplias, como ordenarle al Estado una disculpa pública o medidas tendientes a garantizar que hechos como los que vivieron no se vuelvan a repetir. No obstante, Alberta y Teresa se pronunciaron porque hubiera un pronunciamiento en este sentido.
Fuente: CIMAC Noticias
