Luego de tener una reunión con funcionarios del Gobierno federal, los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos se quejaron de que aún no se investiga al Ejército Mexicano ni a la Policía Federal por su presunta omisión en los hechos de violencia de Iguala.
En rueda de prensa que ofrecieron en las instalaciones de la escuela normal “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, los familiares expresaron su molestia por la falta de resultados por parte de la PGR y Secretaría de Gobernación en las investigaciones para localizar a sus hijos.
Este viernes, los padres acompañados por Vidiulfo Rosales Sierra, Abel Barrera Hernández, miembros del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y Manuel Olivares, secretario técnico de la Red Guerrerense de Derechos Humanos, tuvieron una reunión con el subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda, el Comisionado Nacional de Seguridad Pública, Monte Alejandro Rubido y el director general de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, Tomás Zerón,
“Nos pareció que en la conversación con los funcionarios federales tuvimos la sensación de que ellos están siguiendo la misma línea de investigación de que los 43 estudiantes fueron asesinados e incinerados en un basurero de Cocula”, dijo el abogado de Tlachinollan, Vidiulfo Rosales.
El encuentro entre los familiares con los enviados del Gobierno federal se desarrolló en el hangar de la aeropista de esta ciudad, y duró hora y media.
Rosales recordó que en las pláticas anteriores que han tenido con estas autoridades, se comprometieron a rediseñar la estrategia de búsqueda de los normalistas, lo que implicaría nuevas líneas de investigación.
Y una de esas líneas estarían dirigidas a los encargados del 27 Batallón de Infantería y a la Policía Federal, quienes tienen un destacamento en Iguala y el día de los hechos, nunca entraron en acción para evitar lo que ocurrió la noche del viernes 26 y la madrugada del sábado 27.
En las declaraciones de algunos normalistas que sobrevivieron a los ataques perpetrados en su contra por policías municipales y personas civiles, ellos acudieron a las instalaciones del 27 Batallón para solicitar ayuda, la cuál se les negó.
Rosales afirmó que otro de los puntos que ha incumplido el Gobierno federal es entregarles una copia de los expedientes de las averiguaciones previas consignadas que derivó en la detención de más de 30 presuntos implicados, entre policías municipales y miembros del grupo delictivo “Guerreros Unidos”.
En la reunión que hubo con Miranda, Zerón y Rubido, los padres expusieron su molestia y preocupación porque a dos meses de la desaparición de sus hijos, el Gobierno no aporta nada nuevo en las investigaciones.
“Llevamos dos meses sin que se sepa nada de los estudiantes y lo preocupante es de que el Gobierno solo está jugando con nuestros sentimientos”, dijo don Felipe de la Cruz, vocero de los padres de familia.
Criticó que el Presidente Enrique Peña Nieto ya haya enviado las primeras señales para criminalizar al movimiento social de todo el país que está apoyando a los padres de familia en su lucha para encontrar a sus hijos.
El ejemplo más claro, según Felipe de la Cruz, fue la detención y encarcelamiento de 11 jóvenes que participaron en la marcha del 20 de noviembre en la Ciudad de México, y que en nada tuvieron que ver en los disturbios ocurridos ese día.
Los padres de familia y los activistas señalaron que a pesar de las amenazas de Peña, las movilizaciones van a seguir.
Y que como parte de estas protestas de desobediencia civil, este fin de semana se van a constituir consejos municipales en Acapulco, Tecoanapa, Ayutla de los Libres, San Luis Acatlán y Tlapa.
De las 81 alcaldías que hay en Guerrero, 41 están tomadas y en todas estas se van a nombrar consejos municipales, cuya misión será poner en marcha un plan de gobierno democrático y popular.
Felipe de la Cruz, informó que en la reunión de este viernes, los funcionarios dieron a conocer que el Gobierno mexicano ya hizo el depósito de un millón de dólares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que envíe a personal técnico que va a participar en las investigaciones para dar con el paradero de los 43 normalistas.
Este recurso que aportó el Gobierno mexicano, es para el pago de salarios del personal de la CIDH que estarán en este País.
Fuente: Reforma
