Fiscal general Jeff Sessions está lanzando una revisión de una iniciativa policial de la DEA llamada Proyecto Cassandra después de que se publicó un informe de investigación esta semana en el que afirmaba que el gobierno de Obama dio un paso libre a las operaciones de tráfico de drogas y lavado de dinero de Hezbolá para ayudar a el acuerdo nuclear con Irán no tuviera obstáculos.
The secret backstory of how Obama let Hezbollah off the hook
El fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, ordenó este viernes una revisión de las investigaciones antidrogas contra Hezbolá de la era del expresidente Barack Obama, informó el Departamento de Justicia.
El anuncio llega a los pocos días de que Politico publicara que el Gobierno de Obama frenó unas investigaciones por tráfico de cocaína conocidas como Proyecto Casandra contra esta milicia chií libanesa para no entorpecer las negociaciones nucleares con Irán.
Esas investigaciones las lideraba la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).
La revisión tiene como objetivo “evaluar las acusaciones de que ciertas cuestiones no fueron adecuadamente perseguidas y para asegurar que todas las cuestiones se manejan apropiadamente”, según el Departamento de Justicia.
“Aunque confío en que el último Gobierno no puso barreras para permitir a los agentes de la DEA que llevaran los casos del Proyecto Casandra, este es un tema importante para la protección de los estadounidenses”, dijo Sessions.
“Las operaciones -añadió- diseñadas para investigar y llevar ante la Justicia a las organizaciones terroristas que alimentan la crisis de las drogas tienen que ser una prioridad para este Gobierno”.
Irán suscribió en 2015 un pacto con seis potencias, entre ellas EE.UU., por el que se comprometió a limitar su capacidad atómica y permitir la supervisión de su programa nuclear a cambio del levantamiento de sanciones internacionales en su contra.
El reporte de Político sobre el Proyecto Cassandra
Durante su campaña electoral, el expresidente Barack Obama prometió mejorar la relación con Irán y acercarse al mundo musulmán, para hacerlos aliados de los Estados Unidos, pero su determinación tuvo un alto costo, según reveló reportaje publicado por el portal Politico en varias partes.
En 2009, el entonces mandatario asumió el cargo y evitó que se aplicara la ley a una red de narcotráfico por parte del grupo terrorista Herzbolá, respaldado por Irán, a pesar de que sus actos delictivos afectaban a los Estados Unidos, hacia donde se envió droga cocaína.
La investigación denominada Proyecto Cassandra, se lanzó en 2008 después de que la Administración Antidrogas acumulara evidencia de que Hezbolá se había transformado de una organización militar y política centrada en Oriente Medio en un cártel internacional de delincuencia que algunos investigadores creían que recaudaba hasta mil millones de dólares al año en drogas, el tráfico de armas, el lavado de dinero y otras actividades delictivas.
Durante los siguientes ocho años, los agentes que trabajaban en una instalación secreta de la DEA en Chantilly, Virginia, escucharon conversaciones telefónicas, hicieron operaciones encubiertas y utilizaron informantes para mapear las redes ilícitas de Hezbolá con la ayuda de 30 agencias de seguridad extranjeras y de EEUU.
Según el reportaje de Politico, los envíos de cocaína se hicieron de América Latina a África occidental y a Europa y Medio Oriente, y otros a través de Venezuela y México a los Estados Unidos.
Entre sus conclusiones están que el círculo nuclear de Hezbolá estaba involucrado.
Cuando el Proyecto Cassandra fue calificado como un acto de conspiración, los funcionarios del gobierno de Obama implementaron insuperables obstáculos a los investigadores, acuerdo con entrevistas con docenas de participantes que en muchos casos hablaron por primera vez sobre los eventos envueltos en secreto, y una revisión de documentos gubernamentales y registros judiciales.
Cuando los líderes del Proyecto Cassandra buscaron la aprobación para algunas investigaciones importantes, procesamientos, arrestos y sanciones financieras, los funcionarios de los departamentos de Justicia y Hacienda retrasaron, obstaculizaron o rechazaron sus solicitudes, indicaron las fuentes.
El Departamento de Justicia rechazó las solicitudes del Proyecto Cassandra y otras autoridades para presentar cargos criminales contra integrantes importantes, como el enviado de Hezbolá a Irán, un banco libanés que supuestamente blanqueó miles de millones de presuntos beneficios de drogas y un participante clave en una célula con sede en Estados Unidos de la fuerza paramilitar iraní Quds.
“Esta fue una decisión política, fue una decisión sistemática”, dijo David Asher, quien ayudó a establecer y supervisar al Proyecto Cassandra como analista de finanzas ilícitas del Departamento de Defensa. “Rompieron en serie todo este esfuerzo que fue muy bien respaldado y dotado de recursos, y se hizo de arriba hacia abajo”.
La historia no contada del Proyecto Cassandra ilustra la inmensa dificultad para mapear y contrarrestar redes ilícitas en una era donde el terrorismo global, el narcotráfico y el crimen organizado se han fusionado, pero también la medida en que las agendas compiten entre agencias gubernamentales y las prioridades cambiantes en los niveles más altos.
El hombre que se convertiría en el principal asesor antiterrorista de Obama y luego director de la CIA, John Brennan, recomendó en un documento de política que “el próximo presidente tenga la oportunidad de establecer un nuevo rumbo para las relaciones entre los dos países” a través no solo de un diálogo directo, sino de una “mayor asimilación de Hezbollá en el sistema político del Líbano”.
Los miembros del proyecto Cassandra dicen que los funcionarios del gobierno también bloquearon o socavaron sus esfuerzos para perseguir a los principales operadores de Hezbolá, incluido uno apodado el “Fantasma”, uno de los traficantes de cocaína más grandes del mundo, incluyendo a los EEUU.
Cuando los agentes del Proyecto Cassandra y otros investigadores buscaron repetidamente investigar y enjuiciar a Abdallah Safieddine, el enviado de Hezbolá a Irán, a quien consideraban el eje de la red criminal de Hezbollah, el Departamento de Justicia se negó, según cuatro ex funcionarios con conocimiento directo de los casos.
Los ex funcionarios de la administración Obama se negaron a comentar sobre casos individuales, pero señalaron que el Departamento de Estado condenó la decisión de no entregar a Fayad.
Varios de ellos, hablando bajo condición de anonimato, dijeron que estaban guiados por objetivos políticos más amplios, que incluyen reducir el conflicto con Irán, frenar su programa de armas nucleares y liberar al menos a cuatro prisioneros estadounidenses en poder de Teherán, y que algunos esfuerzos de aplicación de la ley sin duda alguna se vieron limitados por esas preocupaciones.
(Con información de EFE, Diario de NY, Fox y Político)
