La fiscalía de Stuttgart confirmó que miles de rifles de asalto de manufactura alemana ingresaron de manera ilegal a los estados de Guerrero, Chiapas, Chihuahua y Jalisco, clasificados por la autoridad alemana como regiones peligrosas, en donde, además, dijo, se violan los derechos humanos, reveló este jueves el diario Tageszeitung–TAZ.
El texto, firmado por Wolf-Dieter Vogel, cita a la vocera de la fiscalía alemana, Claudia Krauth, quien reconoce que “hay armas que aparecieron en donde no estaría permitido que aparecieran”, en referencia a estos cuatro estados mexicanos.
De acuerdo con el diario germano, que también afirma poseer un documento de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en el que se confirma el dato, se trata de nueve mil 652 fusiles de asalto modelo G36 de la empresa de fabricación de armas alemana Heckler & Koch.
Cuando menos la mitad de ellos fueron entregados de manera irregular a los cuerpos policíacos de estos estados vetados por la autoridad alemana para ser receptores de armamento procedente de este país.
Desde el año 2010 la fiscalía de Stuttgart sigue una investigación para determinar si la empresa Heckler & Koch habría violado la Ley sobre Control de Armamento Bélico y de Economía Exterior alemanas al entregar cargamento a estados mexicanos prohibidos por la autoridad de Alemania. Por el momento todavía se discute si los policías estatales mexicanos habrían realmente recibido los rifles de asalto o no.
De acuerdo con Krauth, lo que se tiene que determinar ahora es quién es el responsable de la entrega irregular de armamento: los funcionarios de la empresa alemana con sede en Oberndorf o las autoridades mexicanas. Para ello, la fiscalía solicitó ya al gobierno mexicano asistencia jurídica recíproca.
La exportación de armamento es un negocio lícito en Alemania. Sin embargo, cada cargamento que sale de este país tiene que ser con la autorización de la Oficina Federal de Exportación. Entre los años 2005 y 2007 esta oficina autorizó a la empresa productora de armamento la exportación de armas a México, con una única condición: que éstas no llegaran a los estados de Chiapas, Chihuahua, Jalisco y Guerrero por ser considerados estados en donde se violan los derechos humanos. Sin embargo, en los años siguientes se registraron indicios de que los fusiles G36 llegaron a estas zonas “prohibidas”.
Uno de estos indicios se encontró en marzo de este año durante el enfrentamiento que hubo entre la policía y estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, en Guerrero, en donde dos jóvenes murieron por las balas de las armas que fueron utilizadas por la autoridad. Estas armas habrían sido los fusiles G36.
Consultados por el TAZ, expertos en armas confirmaron –a partir de las fotografías del enfrentamiento que tuvo lugar sobre la Autopista del Sol, a la altura de Chilpancingo–que se trataba de armamento alemán.
Sin embargo, la empresa Heckler & Koch aseguró en ese momento que no se trataba de sus armas y puntualizó, además, que es una empresa que se apega al derecho y a las leyes de la República Federal Alemana.
A partir de la petición de la fiscalía alemana, el gobierno mexicano tendría que investigar si sus autoridades habrían realizado la entrega ilegal de armas a estos estados. El TAZ, sin embargo, plantea sus dudas al respecto, toda vez que de acuerdo con la estadística sólo el 2% de los delitos en México son esclarecidos. “Además, la mayor parte de las autoridades son corruptas”, argumenta el diario.
De acuerdo con una solicitud de información pública hecha por el TAZ, la Dirección de Comercialización y Armamento y Municiones de la Sedena confirmó mediante un documento fechado el 15 de marzo de 2012 que el norteño estado de Chihuahua habría recibido dos mil 113 armas de fuego.
Así, al parecer ya no existen dudas en la fiscalía alemana sobre el hecho de que existen armas ilegales en territorio mexicano, lo que, considera el TAZ, es positivo para llegar a un desenlace en el que se finque responsabilidad a los responsables, ya sean “las autoridades mexicanas, la empresa de fabricación de armas alemana y/o las propias autoridades agermanas, quienes a pesar de ser conscientes de la corrupción y la situación en materia de derechos humanos han dado su consentimiento para la exportación de armas”.
Fuente: APRO
