El padre y el abuelo del niño que disparó contra sus compañeros, asesinó a su maestra y luego se quitó la vida, en una escuela de Torreón, Coahuila, son investigados -y sus cuentas bancarias en proceso de ser congeladas- porque sus movimientos bancarios no corresponden con su actividad cotidiana, informó el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto.
“Encontramos flujo de recursos que no corresponden con la forma usual por parte de la señora Rebeca Jiménez y los señores José Ángel Ramos, padre e hijo, y esto ha generado la investigación correspondiente; vamos a presentar los resultados ante la fiscalía del estado y la General de la República y evidentemente estamos en proceso de congelamiento de cuentas, en razón de que vimos flujos de recursos que no corresponden a la actividad de las personas”, dijo en entrevista el funcionario federal.
El caso fue expuesto en el marco de la reunión de la conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), como ejemplo de coordinación entre el gobierno federal y las entidades, así como la importancia de generar unidades de inteligencia patrimonial y económica, con las que cuentan actualmente 24 entidades.
“Recibimos una petición por parte del gobierno de Coahuila y de las instancias encargadas de la investigación patrimonial y económica y sobre ello se desarrolló una investigación el día de ayer.
“Hoy se informó a la gobernadora y a los gobernadores, como un (ejemplo) del mecanismo útil para el combate a los grupos delictivos la coordinación entre la Unidad de Inteligencia Financiera y las Unidades de Información Patrimonial de las entidades federativas”, explicó Nieto.
El proyecto es que las 32 entidades cuenten con este tipo de unidades de inteligencia financiera que estarían enlazadas a partir de una plataforma digital tecnológica y de comunicación; homologación de criterios.
Los estados, a su vez, darían datos relacionados con el registro civil y de la propiedad, así como de padrón comercial y de vehículos.
La Federación daría información financiera y de los sujetos obligados por actividades vulnerables para generar más casos que lleguen a tribunales.
Fuente: La Jornada
