Por posibles casos de defraudación fiscal, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) indaga contratos otorgados a farmacéuticas por parte de la Secretaría de Salud en la administración pasada, que suman 83 mil millones de pesos.
A la par, dicha instancia analiza llevar ante jueces especializados casos de congelamientos que ascienden a los 5 mil 400 millones de pesos, y 52 millones de dólares más, de los que no puede disponer en este momento. Con ello, busca que acceder a mediante la extinción de dominio para remitir los recursos al sector salud en medio de la emergencia sanitaria.
El titular de la UIF, Santiago Nieto, reveló que además de las investigaciones que se realizan a funcionarios de la administración anterior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Pemex, Sedesol, y Sedatu, también se analizan contratos de la Secretaría de Salud por presuntos actos de corrupción y delitos fiscales.
“Hemos encontrado farmacéuticas que recibieron pagos del gobierno mexicano de 83 mil millones de pesos y que presentan pérdidas fiscales por 416 millones, lo cual nos parece que es un esquema de defraudación fiscal”, indicó.
A la par, señaló que se “han planteado” la posibilidad de destinar recursos para el sector salud provenientes del congelamiento de cuentas, pero aún no cuentan con la disposición legal para ello.
“Actualmente tenemos 5 mil 400 millones de pesos congelados en los bancos por actividades ilícitas, y 52 millones de dólares, y no se han podido movilizar porque no hay una disposición legal que nos permita hacerlo. Hemos pensado en solicitarle a la Fiscalía General de la República, vía la facultad que tienen ellos para plantear la extinción de dominio, que se lleven los casos ante los jueces especializados en materia civil para que se puede extinguir el dominio sobre la mayor parte de estos bienes”.
Entre las carteras principales, se encuentra el congelamiento de 2 millones de dólares vinculadas con el cártel Jalisco Nueva Generación, así como otro caso relacionado contrata de personas que representa 80 millones de pesos, los cuales “nadie los ha reclamado”.
Fuente: La Jornada
