Por Luis Javier Valero Flores
Ahora sí que es de no entenderse. La postura gubernamental sobre dos aspectos, torales en materia educativa, el de la cobertura universal en los niveles de educación media superior y superior, y el cobro de cuotas en las escuelas primarias y secundarias, pareciera que en la zona norte del estado padeciera un problema de comunicación.
Lanzada con bombo y platillos, la decisión del gobernador César Duarte de otorgar la cobertura universal en educación media y superior en todo el estado de Chihuahua, se había concretado, -no sin algunos pequeños problemas- y había colocado a la entidad en el tope de las entidades en un aspecto que, casi, había logrado carta de naturalidad, la de que solamente unos cuantos estudiantes tenían acceso a las instituciones educativas públicas, y el resto tenían la opción -si a tal situación se le puede denominar opción- de acceder a alguna institución educativa privada.
No se necesita insistir mucho en que la preferencia por las públicas se finca estrictamente en los costos, algo que ahora está causando una justa manifestación de estudiantes de la Uacj, en la exigencia de abaratar las cuotas de inscripción a esa universidad pública.
Bueno, pues ahora se informa, como si fuera una novedad, que los estudiantes de preparatoria rechazados podían “optar por escuelas particulares”, y que en este caso, la Subsecretaría de Educación en la Zona Norte fungirá “como gestora para que los estudiantes rechazados puedan encontrar un espacio en cuando menos 63 colegios particulares que ofrecen sus servicios en la ciudad (Juárez)…”. (Nota de Francisco Chávez, El Diario de Juárez, 30/VII/13).
Más aún, el reportero informó que “fuentes educativas mencionaron que no existe gran diferencia de las cuotas escolares entre escuelas públicas y privadas, por lo que se puede considerar como una segunda opción de estudios”. (Ibídem).
“Nuestro papel es ser gestores para que se puedan otorgar algunas becas en los planteles de nivel medio superior”, le afirmaría al reportero Ramón Mario López López, subsecretario de Educación en la Zona Norte.
Además, la nota informa que las mismas “fuentes educativas” le dijeron que las cuotas mensuales en los planteles privados ascienden a los 800 pesos, en tanto que las de los Colegios de Bachilleres es de 600, también mensuales.
Sin embargo, el sistema de Colegio de Bachilleres en el estado tiene asignada una cuota de inscripción, por semestre, de mil 600 pesos, más 400 pesos por la compra de libros y el costo de 1 uniforme de diario y 1 deportivo, lo que implica un desmesurado gasto familiar para la mayoría de las familias chihuahuenses.
De ahí que pensar en las escuelas privadas no sea opción; lo es para quienes tienen ingresos por encima de la media, ello explica la elevada demanda de los espacios en las escuelas públicas, las que, por otra parte, deberán reconsiderar los costos de inscripción.
Lo anterior, de ninguna manera está en la sintonía de las pretensiones del Gobernador Duarte, quien ha dicho que no se actuará como en el pasado -no tan remoto- en el que a los rechazados simplemente se les decía lo que ahora nos dice el subsecretario López López: “Existe la opción de las escuelas privadas”.
El otro gran tema, el de las cuotas escolares “voluntarias”, implantadas por las sociedades de padres de familia, presenta ahora otra arista. Según dice el mismo subsecretario López López, en la dependencia que dirige se están preparando para atender “sobre la marcha”, de manera individual, las denuncias que se presenten en el cobro de pretendidas cuotas de inscripción a las escuelas y que en este momento, afirma, “los subsistemas escolares están atentos para que no se den enfrentamientos”.
¿Enfrentamientos? ¿Entre quienes? ¿Por qué razón puede haber enfrentamientos al momento que los padres de familia se presenten a inscribir a sus hijos a las escuelas?
Si todos estamos ciertos que las cuotas de inscripción son ilegales, que no se debe condicionar el ingreso escolar al pago de cuota alguna, entonces ¿Por qué deberá haber enfrentamientos?
Solo hay una manera de que los haya. Si directivos de las sociedades de padres de familia insisten en presionar, en las escuelas, en el pago de las cuotas “voluntarias”, apoyados por directivos escolares, entonces sí se pueden presentar los mentados enfrentamientos, evitarlos está en manos de las autoridades educativas, si actúan con firmeza.
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