Alfredo Castillo, comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, informó que fue interceptado un buque con más de 68 mil toneladas de hierro, el cual había sido extraído de manera ilegal y era parte de las actividades ilícitas de Los caballeros templarios.
En conferencia de prensa, explicó que fue mediante una denuncia ciudadana a un correo electrónico como se dieron cuenta de la presencia del barco en Lázaro Cárdenas, por lo cual implementaron un operativo con la Policía Federal, el Servicio de Administración Tributaria y la Secretaría de Economía para interceptarlo en el puerto de Manzanillo, Colima.
“A través de la Orden de Verificación de Mercancías de Comercio Exterior en Transporte se realizó la revisión al buque de nombre Jian Hua, el cual transportaba más de 68 mil 750 toneladas de mineral de hierro con un valor de decenas de millones de pesos” refirió Castillo.
De acuerdo con la Secretaría de Economía, el barco traía un permiso para transportar el mineral; sin embargo, no correspondía a la mina, por lo cual se determinó que el hierro era ilegal.
El Sistema de Administración Tributaria embargó el material incautado por las fuerzas federales, mientras la Procuraduría General de la República se encargará de realizar las investigaciones en torno a la mina, en donde fue extraído el material.
Castillo dijo que la empresa responsable tendrá un plazo de 30 días para presentar el permiso de la Secretaría de Economía que ampare el mineral que se encuentra a bordo del buque
Finalmente resaltó que en trabajos conjuntos realizados recientemente por las fuerzas e instituciones federales y locales en el puerto de Lázaro Cárdenas, han logrado impedir que el grupo criminal obtenga provecho de más de 200 mil toneladas de material ferroso.
Continúa depuración
Asimismo, como parte de la depuración de la Procuraduría de Michoacán fueron despedidos 110 policías ministeriales y peritos criminalistas, así como 20 Ministerios Públicos por no aprobar los exámenes de control y confianza.
Los elementos fueron notificados en la mañana del miércoles de que recibirán una liquidación de tres meses de sueldo, y se les pidió que entregaran chalecos antibalas, armamento y radios que tenían bajo resguardo.
Al menos 20 elementos del Ejército arribaron a la sede de la dependencia para vigilarla, mientras que otros revisaron el armamento.
Los ahora ex policías pidieron apoyo a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos debido a que consideraron que fueron víctimas de una acción arbitraria.
