INAI: Investigacion es contra Oficina de la Presidencia y el SAT

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El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) aseguró que la revista Contralínea no ha sido obligada a revelar las fuentes relacionadas a sus investigaciones realizadas sobre la operación de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

Por medio de un boletín de prensa, el Instituto respondió a la nota del medio y confirmó que sí hay una investigación en contra de la Oficina de la Presidencia de la República y del Servicio de Administración Tributaria (SAT) por la presunta develación de datos personales de la organización MCCI, pero aclaró que no hay ninguna indagatoria abierta en contra del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Sobre la nota publicada por la revista Contralínea, titulada ‘Inai investiga al Presidente AMLO y pide a Contralínea revelar sus fuentes’; es importante precisar que, en efecto, el INAI inició una investigación previa de protección de datos personales (INAI.3S.08.01-059/2021), en términos de la Ley, en contra de la Oficina de la Presidencia de la República y del Servicio de Administración Tributaria (SAT), como sujetos obligados de la legislación de la materia y no así en contra del titular del Poder Ejecutivo Federal, esto a partir de una denuncia presentada por una asociación civil ante la presunta divulgación indebida de información confidencial, contenida en facturas electrónicas, en la conferencia matutina del 7 de mayo de 2021″, se lee en el documento del INAI.

“En respuesta a un requerimiento para conocer el origen de la información difundida, el SAT negó haber transferido datos en su posesión y la Oficina de la Presidencia de la República señaló que recibió diversa información que expuso en la conferencia matutina referida, por conducto de una reportera de la revista Contralínea“, comentó el organismo.

El INAI argumentó que como parte del procedimiento, la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados prevé que sí puede formular requerimientos de información, inclusive a terceros, para allegarse de elementos que le permitan continuar con sus investigación.

“Lo anterior como fue en este caso, en el que se requirió a la revista Contralínea aportar información en coadyuvancia con este Instituto”, agregó el organismo.

El Instituto precisó que fue el pasado 15 de septiembre cuando notificó a la revista sobre el requerimiento de información, pero recalcó que “de ninguna manera, la revista Contralínea está obligada a revelar sus fuentes del ejercicio periodístico que realiza”.

“Incluso, en el requerimiento, el INAI fue puntual en señalar que, si existía para el medio o alguno de sus periodistas, cualquier impedimento legal para proporcionar la información con la que le relacionó la Oficina de la Presidencia de la República, así lo debía hacer saber a este organismo garante. Esto, en pleno respeto al ejercicio de la libertad de expresión, la labor periodística y el secreto profesional”, destacó el documento del INAI.

Y agregó : “también, se debe puntualizar que no existe ningún apercibimiento legal en el requerimiento formulado, que determine alguna consecuencia jurídica o legal en caso de que el medio de comunicación no proporcione la información requerida; por tanto, queda descartada la posibilidad de que el Instituto inicie algún procedimiento para imponer alguna sanción a la revista Contralínea, como se mencionó incorrectamente”.

Finalmente, el Instituto insistió en que el requerimiento solicitado al medio digital “deja a salvo la opción de hacer valer el secreto profesional, en todo momento”.

“El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) manifiesta absoluto respeto por el derecho a la libertad de expresión y refrenda su compromiso como aliado del ejercicio periodístico”, sostuvo.

El pasado 15 de septiembre el INAI –por conducto de su Secretaría de Protección de Datos Personales– le requirió a esta revista, entre otras cosas, “precisar el origen de la información que la C. Nancy Flores proporcionó a la Oficina de la Presidencia de la República; o bien, en su caso, manifieste si existe algún impedimento legal que se relacione con el ejercicio del derecho a la libertad de expresión que enmarca su actividad periodística para proporcionar la referida fuente de información, ya sea por parte del medio de comunicación que representa o de la o los periodistas que guardan relación laboral o contractual con su representada, que suscribieron la nota o notas y/o reportajes publicados en la revista Contralínea, relacionados con el tema”.

El doctor en derecho Mario Santiago Juárez, profesor investigador de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, considera que este requerimiento “es inaudito. Sinceramente no tengo antecedentes de que haya sucedido algo así. Más bien [el INAI]tendría que explicar muy bien y fundamentar muy bien su decisión, pero es curioso. Yo lo único que concluyo es que hay un afán de intimidación porque tienen ese poder para hacerlo”.

CLAUDIO X. GONZALEZ-ONGS
El empresario Claudio X. González Guajardo es cofundador de varias organizaciones, entre ellas MCCI. Foto: Cuartoscuro.

También explica que ni los jueces ni las autoridades administrativas pueden pedir a los periodistas que revelen sus fuentes de información. “Ya incluso pedirlo es un atentado, es una forma de obstaculizar tu derecho porque, si lo vemos bien, cuando viene de una autoridad, es una intimidación. Aunque sea una orden judicial que puede ser ilegal o inconstitucional, pero puede tener consecuencias intimidatorias y eso atenta contra el sistema democrático”.

En su oficio INAI/DGEIVSP/916/2021, el INAI también pide a este medio que “remita la nota o notas y/o reportajes contenidos o publicados en la revista Contralínea, que se relacionan con la información referida en el punto anterior; debiendo precisar la fecha y el medio en que se realizó la publicación o publicaciones respectivas”.

El doctor Mario Santiago Juárez no descarta que esta indagatoria del INAI se haya abierto por “la influencia que tienen los empresarios y estas organizaciones como Mexicanos Contra la Corrupción, y también quien está detrás: María Amparo Casar, que tiene influencia terrible en medios de comunicación, y que está protegiendo sus propios intereses. Ella lucra de Mexicanos Contra la Corrupción”.

-SinEmbargo con información de Contralínea

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