En México, las prácticas anticorrupción y la transparencia solo recibieron una puntuación de 4.62 sobre 10, siendo excelente la última puntuación, según el Informe de Evaluación Anticorrupción de América Latina 2023-2024, en el que 18 países recibieron revisión y preparación de los miembros.
Consejo de Abogados de Derechos Civiles y Económicos.
En materia legislativa, el país logró una puntuación de 8.57 sobre 10, pero este número se considera insuficiente para que el sistema nacional anticorrupción reduzca la corrupción en el país, según la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción en México.
El informe señala que la corrupción es una de las principales preocupaciones de las personas mayores de 18 años que viven en México, situación que frecuentemente es denunciada por autoridades gubernamentales y agencias policiales, según la percepción de la gente.
justicia.
Entre las principales conclusiones del análisis está que a pesar de los mecanismos para prevenir la corrupción en las asignaciones públicas, la administración del presidente López Obrador aún se caracteriza por buscar excepciones para adjudicar un alto porcentaje a través de subvenciones directas y sin licitaciones.
Estos premios se asignan principalmente a instalaciones de salud y proyectos de infraestructura como el Arca Maya.
Y en lo que respecta a la transparencia y la rendición de cuentas, se están reportando importantes retrocesos a medida que la actual administración federal proporciona cada vez menos información sobre sus contratos.
“La comunidad jurídica consultada encontró que la falta de servicios profesionales estructurados socava la selección adecuada de casos, el buen cumplimiento de los procesos y el desarrollo de carrera adecuado a los objetivos institucionales, creando oportunidades para la corrupción y otros intereses ajenos al interés público”.
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“, dijo el Estudio Latinoamericano Anticorrupción 2023-2024.
En el sector privado, el documento deja claro que las personas jurídicas privadas pueden estar sujetas a responsabilidad administrativa, penal y civil, y que incluso las empresas tienen restricciones para contratar a ex funcionarios públicos.
“En caso de violación de la responsabilidad administrativa, las empresas (y las personas naturales) podrán ser objeto de sanciones económicas de hasta el doble de las ganancias obtenidas, o en caso de no obtener ganancias, hasta 162 millones 855 mil pesos”, afirmó claramente.
“Detalla el informe, que indica que otras sanciones que estipula la ley son la cancelación de los contratos públicos por un período de tres años.
De tres meses a diez años, suspensión de operaciones de tres meses a tres años, disolución de la empresa e indemnización por daños al presupuesto del Estado.
Sin embargo, “no existen cuestiones de responsabilidad penal conjunta”.
