FGR evidenció actuaciones ilegales de Tomás Zerón en las diligencias en el río San Juan, en Cocula
La Fiscalía General de la República (FGR) evidenció actuaciones ilegales del exjefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón, en las diligencias en el río San Juan, en Cocula, donde se encontraron restos humanos presuntamente de los normalistas de Ayotzinapa, publica el diario Reforma.
Así queda asentado en una nueva investigación de la Dirección General de Asuntos Internos, de la Visitaduría General de la Fiscalía General de la República (FGR), firmada el pasado 25 de junio.
Ahí se señala que Zerón incurrió en faltas administrativas graves –por lo que se le deberá cancelar su certificado como funcionario de seguridad-, así como cometer posibles delitos contra la administración de justicia, por alterar, modificar, ocultar, destruir, perder o perturbar el lugar del hallazgo, y desviar u obstaculizar la investigación.
El 28 de octubre de 2014, Zerón realizó la diligencia en el río San Juan, un día antes de hallar en el mismo lugar las bolsas con restos que según la versión oficial confirmaba que los estudiantes habían sido incinerados en el basurero de Cocula.
Entre los señalamientos de la Visitaduría se indica que el funcionario no tenía la autorización legal para trasladar a Agustín García Reyes ‘El Chereje’ de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) al río San Juan, en Guerrero.
También se menciona que recabó una videograbación de su participación en la escena, la cual no fue incluida en el expediente y la hizo pública, en una versión editada, hasta que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) reveló las actuaciones de dichas diligencias.
“La videograbación recabada durante la diligencia además de no haber sido entregada al agente del Ministerio Público federal (…) fue editada y con ello se pretendió acreditar ante la opinión pública que el personal del Alto Comisionado de las Naciones Unidas participó en las diligencias”, señala el informe.
Asegura que también ordenó indebidamente a los peritos de la entonces PGR buscar específicamente bolsas en el río, lo que pudo impedir que el personal analizara toda la zona en busca de cualquier indicio, además de que solicitó resguardar el lugar de los hechos sin hacerlo del conocimiento del Ministerio Público de la Federación, pues él no tenía esas facultades.
Por esas conductas, las penas son de entre 4 y 10 años de prisión y de entre 3 y 8 años, según cada caso.
El acuerdo de conclusión resuelve dar vista a la Unidad de Atención inmediata de la Visitaduría General, para que inicie una carpeta de investigación en contra de Tomás Zerón y otros funcionarios.
Junto con Zerón, otros ocho funcionarios de la entonces PGR fueron señalados en la investigación de Asuntos Internos de la ahora Fiscalía por faltas administrativas graves o posibles delitos cuando ocupaban cargos en 2016.
Fuente: Reforma
