Desvíos de recursos en materia de seguridad por casi 150 millones de pesos fueron detectados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en el estado de Chihuahua, publica El Diario.
Por José Pérez Espino
De acuerdo con el reporte al que tuvo acceso El Diario, el perjuicio al erario ocurrió en la pasada administración a través de la Fiscalía y la Secretaría de Hacienda estatal, a cargo entonces de Jorge González Nicolás y Jaime Herrera Corral.
Los 149.8 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) en 2015, no se aplicaron a los programas establecidos.
La secretaria de la Función Pública estatal, Stefany Olmos Loya, dijo en un oficio que dará seguimiento a las recomendaciones de la ASF.
Según la auditoría al gasto federal, explicó, “se detectaron posibles actos u omisiones de los servidores públicos adscritos a la Fiscalía General del Estado y a la Secretaría de Hacienda ambas del estado de Chihuahua, los cuales pueden constituir responsabilidades administrativas en los términos de ley”.
En su respuesta a las observaciones de la ASF, fechada el 15 de noviembre de 2016, Olmos Loya, señala que en el ámbito de sus atribuciones se realizarán las investigaciones correspondientes.
“De ser el caso, fincar responsabilidades que haya lugar y se impongan las sanciones respectivas a los servidores públicos o los particulares, personas físicas o morales, que se determinen como presuntos responsables de los actos u omisiones de las irregularidades que se mencionan”, dijo.
En el pliego de observaciones a la gestión del gobernador César Duarte Jáquez durante 2015, la ASF expone que “se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal” por un monto de 149 millones 808 mil 710.65 pesos “por la falta de aplicación de los recursos correspondientes al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 2015”.
Agrega que el Gobierno del Estado de Chihuahua “deberá demostrar la aplicación de los recursos no ejercidos a la fecha de revisión, más los intereses generados en los objetivos del fondo, o en caso contrario realizar el reintegro al Tesorería de la Federación”.
De acuerdo con los resultados de la revisión, al 31 de diciembre de 2015, el Gobierno de Chihuahua pagó y ejerció 94 millones 672.5 mil pesos, que representan el 33.7 por ciento de los recursos del FASP.
Al 30 de junio de 2016, pagó 134 millones 610.5 mil de pesos, que representan 47.9 por ciento.
Los recursos restantes por 146 millones 300.5 mil pesos, que representan el 52.1 por ciento, más los intereses financieros por 3 millones 508.2 mil pesos, no se ejercieron a la fecha de la auditoría, detallan los datos.
El informe señala que “la Secretaría de la Función Pública del Estado de Chihuahua inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente número 05-2016-717-GB-GF-6”.
Del total, la ASF pide al Gobierno del Estado que “aclare y proporcione la documentación que acredite el ejercicio y aplicación de los recursos del FASP 2015 y sus rendimientos financieros por un monto de 3 millones 933 mil 153.98 pesos, a los objetivos del fondo de acuerdo con lo establecido por la Ley de Coordinación Fiscal”.
Según el informe del auditor Juan Manuel Portal “el estado no cumplió con los objetivos del FASP”.
“El estado no cumplió al 100 por ciento las metas establecidas en los indicadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”, según la ASF.
Con respecto al nivel de cumplimiento del indicador que mide el porcentaje de eficiencia en la aplicación de los recursos provenientes del FASP para el ejercicio 2015, el estado reportó 44.2 por ciento.
De la tasa anual estatal de la incidencia delictiva por cada mil habitantes reportó un 110.8 por ciento, para el caso de la Cobertura de Evaluaciones de Control de Confianza aplicadas al estado de fuerza, informó el 99.3 por ciento, y; para el caso, de profesionalización de los elementos policiales en el ejercicio fiscal reportó el 99.3 por ciento.
“El estado ha considerado darle prioridad al ejercicio de los recursos de años anteriores, ya que cuenta con un alto porcentaje de recursos no ejercidos de ejercicios anteriores”, agrega.
En general, reportó 26 mil 657 metas en la Estructura Presupuestaria para el Seguimiento de los Recursos 2015, de las cuales se alcanzaron 11 mil 464 al 31 de diciembre de 2015, que representaron un avance del 43 por ciento.
Quedaron pendientes por alcanzar 15 mil 193 “por lo que no se cumplió con las metas”, señala.
La entidad destinó 7 millones 141 mil pesos para la adquisición de armamento y cartuchos a la Secretaría de la Defensa Nacional, mismos que fueron entregados 38 días hábiles posteriores al pago.
En 2015, la entidad tenía 12 mil 922 elementos policiales, distribuidos entre las dependencias siguientes: 6 mil 291 en la Policía Municipal; 4 mil 881 en la Fiscalía General del Estado y mil 750 en los Ceresos, de acuerdo con el reporte.
“En este contexto –expone–, existe un indicador de 3.8 policías por cada mil habitantes”.
El valor de este indicador se encuentra por arriba de 2.8 policías por cada mil habitantes, que es la media recomendada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Los índices delictivos del estado presentaron variaciones a la alza con respecto de 2014, en 20.3 por ciento por robo a transeúnte, 11.4 por ciento por robo a casa habitación; 7.4 por ciento por robo a negocios; 6.8 por ciento por lesiones.
Y, a la baja en 26.1 por robo de vehículos; 25 por ciento en secuestro; 18.2 por ciento por robo a bancos; 13 por ciento por homicidios; y 11.1 por ciento extorsión.
Fuente: El Diario
