La Fiscalía General de la República imputó a Rosario Robles haber causado un daño a la hacienda pública por 5 mil 73 millones 358 mil 846 pesos, al considerar que fue omisa en la operación de desvíos que llevaron a cabo sus subordinados en la Sedatu y la Sedesol en la Estafa Maestra.
El juez federal decidió aplazar para el próximo lunes a las 18:00 horas la audiencia en la que determinará si vincula o no a proceso a Rosario Robles por sus presuntas omisiones ante los desvíos de más de 5 mil millones de pesos en el caso de la Estafa Maestra.
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Durante una maratónica audiencia de casi diez horas, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó pruebas documentales y testimoniales en donde argumenta que la ex secretaria de Desarrollo Social causó daños al patrimonio de la hacienda pública por más de 5 mil millones de pesos al ser omisa respecto de los convenios que firmaron sus subalternos.
En la audiencia de imputación, los fiscales federales revelaron que tres de sus exsubordinados en ambas dependencias le informaron verbalmente y por oficio a Robles la existencia de las irregularidades consistentes en la firma de convenios fraudulentos y no hizo nada por impedirlo ni lo informó a su superior jerárquico, el entonces presidente Enrique Peña Nieto.
Los fiscales informaron que son 27 los convenios generales o de coordinación, los contratos particulares y los apéndices que se simularon dentro de esta trama delictiva para desviar los más de 5 mil millones de pesos a través de universidades públicas de Morelos, Quintana Roo, Chiapas e Hidalgo.
De acuerdo con la versión de los testigos, le reportaron las anomalías año con año de 2014 a 2018, sin que hubiera una contra orden para impedirlas.
De hecho, estos tres testigos colaboradores declararon que en una reunión celebrada en junio de 2014 entre funcionarios de la Sedesol con Juan Manuel Portal, entonces titular de la Auditoría Superior de la Federación, éste le dijo a Robles de los actos de corrupción que habían detectado y de los cuales también supuestamente fue omisa.
Los testigos son José Antolino Orozco Martínez, exjefe de la Unidad de Políticas, Planeación y Enlace Institucional; Marcos Salvador Ibarra Infante, exdirector general de Coordinación de Delegaciones, y María del Carmen Gutiérrez Medina, exjefa de la Unidad de Políticas, Planeación y Enlace Institucional en la Sedatu y la desaparecida Sedesol, quienes ya colaboraron con la FGR al haber recibido el beneficio del criterio de oportunidad.
