La hermana Consuelo Morales Elizondo, recientemente galardonada con el premio nacional de Derechos Humanos, denunció ante el Consejo de Seguridad de la ONU la impunidad generalizada que prevalece en México en el caso de las desapariciones.
La fundadora del organismo Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac) se presentó hoy en el foro internacional en Nueva York, y pidió a las autoridades mexicanas aceptar la ayuda de especialistas del exterior para resolver los casos relacionados con estas ausencias.
“Nuestra experiencia en Monterrey nos está mostrando resultados, pero en muchas partes de México, familias de desaparecidos aún son victimizadas e ignoradas. La impunidad sigue siendo la norma. Las desapariciones continúan. Y las familias siguen sufriendo”.
“En este esfuerzo, el apoyo de la sociedad civil internacional e instituciones internacionales, particularmente de expertos como la Comisión Internacional sobre Personas Desaparecidas, Human Rights Watch y la Oficina del Alto Comisionado, han jugado un papel crítico. Gobiernos como el mío deberían aceptar su ayuda, no temerla ni rechazarla”, expuso la religiosa en su presentación de cinco minutos.
Durante la sesión de dos horas, denominada “El reto global de rendir cuentas por personas desaparecidas en conflictos, violaciones a derechos humanos, desastres, crimen organizado, migración y otras razones involuntarias”, Morales Elizondo invitó a la comunidad internacional a caminar con los mexicanos para afrontar el problema con tecnología, experiencia y voluntad política.
En el evento convocado por el Reino Unido y la Comisión Internacional sobre Personas Desaparecidas (ICMP), aseveró que la violencia que se vive en México ha generado desaparición de miles de personas, de parte de las fuerzas de seguridad y el crimen organizado, lo que ha provocado un gran dolor para los familiares de las víctimas.
También expuso que en un principio, cuando se agudizó el problema, acudían a Cadhac mayormente hombres jóvenes y niños, procedentes de familias pobres, que al pedir ayuda a la policía, con frecuencia recibían como respuesta una negativa, pues les decían que sus allegados merecían la desaparición, “porque seguramente andaban en malos pasos”.
Los activistas se percataron de que la desaparición de tantas personas era posible sólo porque había quienes lo permitían. Además, los familiares se enteraban de que la policía no entrevistaba a los sospechosos, las instancias ministeriales no abrían expedientes y oficiales corruptos colaboraban con el crimen organizado.
“En este ambiente, cárteles, fuerzas de seguridad y políticos hacían lo que querían. Impunidad total”, señaló la presidenta de Cadhac, quien expuso cómo en Nuevo León han colaborado exitosamente familiares y autoridades en la investigación de las desapariciones.
Luego recordó que, para encontrar una solución al problema, acudió junto con afectados ante el procurador estatal, quien estuvo de acuerdo en aceptar colaboración de la sociedad civil, en un arranque difícil, pues había desconfianza de las partes.
Sin embargo, cuando encontraron las coincidencias, se obtuvieron avances, como identificaciones de algunos restos humanos, y criminales procesados. Pese a todo, los resultados han sido discretos y la mayoría de los expedientes siguen sin ser resueltos, expuso.
“Nos dimos cuenta de que gran parte del problema era que nadie buscaba a las personas desaparecidas aun cuando los casos se habían reportado en el tiempo dentro del cual es muy probable que puedan encontrarse”, mencionó en su presentación.
Sin embargo, en el 2013 Cadhac y los familiares trabajaron con el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de Naciones Unidas, con la oficina del Alto Comisionado, y con personas con experiencia de toda Latinoamérica, para crear un protocolo de búsqueda, que fue adoptado por el gobierno de Nuevo León en 2014 cuando se recibe un aviso de este delito.
La nueva disposición fue benéfica: entre marzo de 2014 al mismo mes de 2015 hubo unos mil 500 casos reportados, en los que mil 400 personas fueron halladas, y de ellas mil 300 con vida, lo que representa 88% de efectividad, dijo.
Concluyó la hermana Consuelo: “Las madres y los padres, hijos e hijas de los desaparecidos son personas con gran dignidad. Ellos poseen el coraje más inspirador. Frente al miedo, la violencia y la corrupción, ellos continúan en su búsqueda por la verdad, guiados por lo que llamamos amor. Es un honor ir caminando a su lado”.
En el evento también participaron Matthew Rycroft, representante de Gran Bretaña ante la ONU; Thomas Miller, representante de ICMP; Zeid Ra’ad Al Hussein, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; Giuseppina Maria Nicolini, alcaldesa de Lampedusa, Italia, y David Tolbert, presidente del Centro Internacional para la Justicia Transicional.
Fuente: Proceso
