El PAN formalizó la petición para que se nombre a un fiscal especial que investigue la procedencia del patrimonio del Presidente Enrique Peña Nieto y del Secretario de Hacienda, Luis Videgaray.
“La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión hace un respetuoso exhorto al titular de la Procuraduría General de la República a nombrar un fiscal especial, que cuente con probada independencia, autonomía y solvencia moral, para que investigue la procedencia del patrimonio del Presidente Enrique Peña Nieto, de los secretarios de Estado y personal de la Presidencia de la República ante la sospecha fundada de manifiesto conflicto de intereses”, indica la propuesta presentada en la última sesión de la Comisión Permanente del Congreso.
Firmada por el senador Javier Lozano, a nombre de diputados y senadores del PAN, la propuesta argumenta que al darse a conocer que el Presidente de la República compró una casa a la compañía de Roberto San Román se ha cuestionado el procedimiento ético del Poder Ejecutivo.
Recordó que el empresario fue beneficiado con contratos en el Estado de México durante la Administración del mexiquense.
“El tema de reflexión no es, como se puede pensar de manera incorrecta, la compra de una casa. Tampoco lo es el que pensemos que de acuerdo a la normatividad vigente, el Presidente Peña Nieto tenga autoridad para signar contratos de obra a empresarios que participan en concursos para la construcción de obra pública, tal y como lo plantea un comunicado emitido por la oficina de la presidencia emitido a las 2:30 de la madrugada.
“Muy por el contrario, el tema es de mayor importancia. Podemos apreciar, en este sexenio, la aparición de un modelo constante; la compra de casas a empresarios que después aparecen como beneficiarios de contratos de obra pública”, se argumenta.
Se señala que así sucedió con la compra de la residencia situada en la calle de Sierra Gorda, con los números 150 y 160 en las Lomas de Chapultepec en la Ciudad de México y de la cual la sociedad mexicana se enteró por un reportaje de la prensa nacional y es propiedad de la señora Angélica Rivera Hurtado.
La propuesta agrega que lo mismo sucedió con la casa comprada por el actual Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, ambas compradas al empresario beneficiado con contratos de obra pública.
“En el caso de la compra en Ixtapa de la Sal, la noticia publicada por el diario Wall Street Journal señala que el empresario San Román Widerlehr ha sido beneficiado con 11 contratos desde que Peña Nieto es Presidente de México, y que durante el gobierno de éste en el Estado de México el empresario obtuvo contratos que le dejaron ganancias por más de 100 millones de dólares.
“Si bien, la residencia de Ixtapan de la Sal fue reportada por Peña Nieto en su declaración patrimonial, hasta el día de hoy es que se sabe la identidad del propietario de la desarrolladora”, se precisa.
La propuesta del PAN indica que todos estos acontecimientos, conocidos en la sociedad mexicana a través de la prensa nacional e internacional, ponen al descubierto un método de gobernar, “el cual, por lo menos, generan desconfianzas y levantan sospechas”.
Por ello, argumenta, es necesaria la propuesta de una fiscalía especial que indague la procedencia del patrimonio de Peña Nieto y de otros colaboradores.
Fuente: Reforma
