El Partido Revolucionario Institucional (PRI) impugnará la resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) que invalida la reforma a los estatutos del tricolor realizada en noviembre del año pasado, con la cual se amplió el mandato del dirigente priísta, Alejandro Moreno, hasta después del proceso electoral de 2024.
Luego del cerrado fallo de los consejeros electorales durante la sesión de este lunes, la dirigencia del PRI se dijo respetuosa de las resoluciones del árbitro electora; aunque acotó que “se agotarán todas las instancias legales, a fin atender el llamado de las y los militantes de todo el país respecto a las modificaciones de sus estatutos”.
El fondo del asunto analizado por el INE se relaciona porque la reforma estatutaria del PRI permite que sea su Consejo Político Nacional (CPN) –y no la asamblea nacional— la que reforme los estatutos, siempre que haya uno de estos tres supuestos: caso debidamente justificado, una reforma legal o por orden del tribunal.
La autoridad electoral atendió el caso ante la denuncia presentada por los opositores dentro del propio partido a la dirección de Moreno, entre ellos los senadores Miguel Ángel Osorio Chong y Claudia Ruiz Massieu.
“Las modificaciones estatutarias no consisten en la extensión del mandato de la dirigencia nacional del PRI, como equivocadamente se pretende señalar, sino simplemente en la adecuación de nuestros estatutos conforme a la normativa electoral que se dará con la inminente aprobación del Plan B”, señaló la cúpula priísta en un comunicado ante la resolución del Consejo General del INE.
Agregó que las reformas buscan impulsar acciones afirmativas, paridad sustantiva en gubernaturas, reconocimiento a la participación de los jóvenes y dotar de mayor certeza jurídica a las facultades con las que ya cuenta el Consejo Político Nacional.
Indicó que respeta la resolución de los consejeros –seis votos contra cinco— sobre la imposibilidad de pronunciarse sobre la procedencia constitucional y legal de las modificaciones realizadas a las reglas internas del tricolor, “en el entendido de que los consejeros que votaron estarían a la espera de la publicación del denominado Plan B”.
El CEN priísta remarcó que “aún falta el posicionamiento de las demás instancias en la materia, y se deberán agotar todas las etapas del proceso para acreditar la legalidad de las modificaciones realizadas a los estatutos”.
Explicó que la facultad con la que cuenta el Consejo Político Nacional para determinar una prórroga a la dirigencia nacional del PRI “fue aprobada desde 2020 por unanimidad de los consejeros electorales del INE y confirmada por unanimidad de los integrantes del TEPJF. Por lo cual es vigente”.
Fuente: La Jornada