La Cámara de Diputados interpuso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una controversia constitucional en contra del Congreso del estado de Tamaulipas, luego de que llegara a la conclusión de que el intento de dicho órgano legislativo para proteger al gobernador de esa entidad, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, invade atribuciones exclusivas de San Lázaro.
En un comunicado, la Cámara baja señaló que un grupo de abogados de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, por instrucciones del Pleno, interpuso la mencionada demanda por considerar que el Acuerdo emitido por el Congreso de Tamaulipas, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 3 de marzo de 2021, “invaden atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados en el procedimiento de Declaración de Procedencia”.
Dicha demanda fue signada por la diputada Dulce María Sauri Riancho, en su calidad de Presidenta de la Mesa Directiva y representante legal de la Cámara de Diputados.
El Pleno de la Cámara de Diputados, en sesión del 25 de marzo, aprobó la demanda de controversia constitucional por 285 votos a favor, 77 en contra y 46 abstenciones, con base en el argumento de que la acción del Congreso tamaulipeco vulneraría “la facultad exclusiva de la Cámara para declarar la procedencia en contra de servidores públicos de las entidades federativas por delitos federales”.
Los diputados federales “consideraron que el Congreso del Estado de Tamaulipas no puede llevar a cabo un nuevo procedimiento de declaración de procedencia, ya que ello implicaría dejar sin efecto el procedimiento substanciado ante la Cámara de Diputados, situación que no es posible porque dicho procedimiento no puede quedar ocioso ni resultar intrascendente”.
Lo anterior, debido a que “la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos determina, con mucha claridad y sin interpretación alguna, que las resoluciones emitidas en las declaraciones de procedencia son definitivas e inatacables, lo que implica que la resolución que en su momento emita la Cámara de Diputados en dichos procedimientos, no acepta medio de impugnación alguno”.
En dicha demanda, se solicita que las y los ministros de la Suprema Corte otorguen la suspensión del acto reclamando, para el efecto de que se mantengan las cosas en el estado que guardan y no se aplique el respectivo Acuerdo.
Fuente: La Jornada
