Por Luis Javier Valero FLores
Un aire de certidumbre cruza por el país: el de la cercana derogación de la reforma educativa.
Ya no son solamente los contingentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) quienes la exigen. Todos los días, miles de maestros de todo el país se suman a tal postura, la evidencia de ello son los numerosos incidentes ocurridos en los distintos congresos seccionales en los que los controles ejercidos por la cúpula sindical parecen caerse, o caen, y los que se mantienen lo hacen a base de la violencia pura, como en Zacatecas, recurso utilizado abiertamente en Oaxaca, Chiapas y Guerrero.
En esa certidumbre deberán señalarse como factores muy importantes la realización de la inmensa manifestación convocada por Morena y su dirigente nacional, Andrés Manuel López Obrador, en apoyo a los maestros de la CNTE de Oaxaca, celebrada el 26 de junio y las inmensas manifestaciones realizadas por los maestros de Nuevo León.
Ecos de esa acumulación de fuerzas contrarias a la reforma educativa son la liberación de dos de los dirigentes de la CNTE de Oaxaca, detenidos arbitrariamente y, de igual modo, liberados en las primeras horas de ayer, así como la decisión gubernamental, luego de muchos meses de confrontación y de una salvaje ofensiva mediática, militar y policiaca en contra de la disidencia magisterial, del establecimiento de la primera negociación con sus dirigentes.
Chihuahua no está lejos de esa oleada, y de esos horrores.
Pero acá ocurrió, no una paradoja, sino un atraco pues sorpresivamente el Congreso de la Sección 8 se pronunció en contra de la reforma educativa.
¿Cómo explicarse que se elige una nueva dirigente, integrante de la cúpula magisterial y al mismo tiempo se vota por una postura radicalmente distinta a la del Comité Nacional?
Como antes, como siempre, la dirigencia “oficial” del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), dirigido por el exasistente de Elba Esther Gordillo, Juan Díaz, llevó al cabo la elección de la dirigencia de la Sección 8 en las primeras horas de la mañana del viernes y, como antes, con las mismas malas artes de siempre, aderezadas, también como siempre, con los señalamientos de la comisión de infinidad de corruptelas por sus dirigentes, los salientes y los entrantes.
Al tiempo que era designada secretaria general de la Sección 8 del SNTE, en el curso de la realización del XXXI Congreso Extraordinario, Rosa María Hernández Madero, ex secretaria particular del saliente dirigente Alejandro Villarreal (a su vez, ex secretario particular del anterior dirigente) recibía “clave de subdirectora de secundarias estatales generales E0341, con efectos desde el mes de enero, con carrera magisterial, con lo que violaron la Ley del Servicio Profesional Docente, de acuerdo con un grupo de docentes que señaló fraude en la elección”. (Nota de Patricia Mayorga, El Diario, 16/VII/16).
La presidencia del XXXI Congreso de la Sección 8 descalificó a la planilla “Dignidad” para contender por la dirigencia sindical, la cual estaba integrada por maestros opositores a la dirigencia y encabezada por Noel García, uno de los dirigentes más visibles de Resissste, la agrupación sindical magisterial identificada con la CNTE.
Los llamaron a la negociación, sabedores de que no tenían asegurado el triunfo en las urnas, pero eso sí, amos del Congreso y jefes de los elementos de las empresas de seguridad privada a las que recurrieron.
Los dirigentes oficialistas –todos ligados a la dirigencia del PANAL y casi todos herencia de la “Maestra” Gordillo– ofrecieron a la disidencia la inclusión de seis integrantes al Comité Seccional, siempre y cuando aceptaran la no realización de elecciones; ante la negativa, agregaron dos más a la propuesta.
Rechazado también ese ofrecimiento, los oficialistas optaron por negarles el registro de la planilla y acrecentar las medidas de seguridad, con decenas de guardias de seguridad al interior de las instalaciones de la sección sindical y, al exterior, por innumerables policías, aparentemente solo estatales, llegados al lugar a bordo de decenas de patrullas.
En la disidencia había la certidumbre de que obtendrían el triunfo y le arrebatarían a las huestes de Juan Díaz la conducción de la emblemática Sección 8 del magisterio, de ahí su insistencia en la realización de una elección secreta para designar al nuevo comité.
Ante la férrea postura oficialista, de no realizar elecciones, los maestros disidentes optaron por abandonar el Congreso.
Horas antes de estos acontecimientos se había suscitado una votación que prendió las luces de alarma en la cúpula magisterial y que fue la causa del retiro del registro a la planilla “Dignidad”, la de los disidentes.
Los oficialistas habían perdido una votación crucial y no podían arriesgarse a la realización de un proceso electoral con voto secreto entre los delegados; supieron que podían perder la dirigencia sindical.
Así fue: en las primeras horas de la madrugada del viernes, la dirigencia sindical encabezada por Alejandro Villarreal pretendió posponer la presentación y discusión de los resolutivos de la Mesa 8, que había abordado el tema de la seguridad laboral, que no era otro que, ni más ni menos, que el de la reforma educativa, cuya vertiente principal es el de la evaluación a los docentes, señalado por miles y miles de ellos como el mecanismo para someter a la incertidumbre laboral a los maestros y eje central de las movilizaciones magisteriales y populares de varias entidades, luego de la masacre de Nochixtlán del 19 de junio.
Tenían razón en sus temores los dirigentes oficialistas. Propusieron un receso ¡A las 5 de la mañana!, con el ánimo de diluir la resolución de la Mesa 8 y, hasta no presentarla a la discusión de la Reunión Plenaria, pero perdieron esa votación y el Congreso votó, sin objeciones, el resolutivo de esa Mesa.
Era –es– una bomba.
La resolución –ya oficial, de todo el XXXI Congreso de la Sección 8– es exigir la “abrogación” de la reforma educativa.
¡Bombazo! La Sección 8, la de Chihuahua, se ha pronunciado por la abrogación-derogación, como usted guste denominarla, de la mentada reforma.
No es todo, el Congreso mandató al nuevo Comité Seccional a que efectuara todas las acciones necesarias a fin de respaldar dicha resolución, entre las cuales se encuentra el paro de labores a partir del 22 de agosto, fecha en que inicia el nuevo ciclo escolar.
Y la nueva dirigencia se encuentra en un verdadero brete, no pueden estar en contra de la reforma educativa pero el Congreso que los eligió fue tajante, debe abrogarse la reforma.
Y la dirigente, Rosa María Hernández, ya empezó a hacer malabares, tachando a sus compañeros como ignorantes de las “cosas jurídicas” y fanáticos de las redes sociales pues adujo que la reforma debería analizarse por quienes tuvieran conocimientos jurídicos, al tiempo que llamaba a los maestros a no fiarse excesivamente de “lo que parezca en las redes sociales”.
En Zacatecas ocurrió igual. Allá impusieron, a punta de golpes, a Soralla Bañuelos de la Torre, diputada federal del Partido Nueva Alianza, apoderada legal del Comité Nacional del SNTE y quien ha llegado a decir que será “la próxima Elba Esther Gordillo”. Será impugnada por la disidencia, la que aparentemente tenía la mayoría de los delegados del congreso.
Todo lo anterior ocurrió en los momentos en que, luego de larguísimos meses y muy severos señalamientos entre el gobierno federal y la CNTE, además del encarcelamiento de varios dirigentes de la disidencia magisterial (que entre el viernes y el sábado parecía revertirse con la liberación de dos de los dirigentes encarcelados), se desarrolla un diálogo entre la insurgencia magisterial y el gobierno de Peña Nieto, además del anuncio –timorato– del secretario de Educación, Aurelio Nuño, de que se examinaría la evaluación educativa.
Durante meses, la postura del gobierno fue que sí tenían disposición a dialogar, pero que no se podía incluir la negociación de la reforma educativa. Ayer, el presidente Peña Nieto declaró que “al Ejecutivo le corresponde implementar la reforma educativa, pero esto no limita que eventualmente se abra a debate y el Congreso, de así considerarlo, estudie las iniciativas que se presenten en la materia”. (Nota de Georgina Salieran, La Jornada, 16/VII/16).
En lo que es la tónica de los días presentes, la declaración de Peña fue seguida de otra, contraria a aquella, pues “Reiteró que no hay marcha atrás en la implementación de dichos cambios y lo que se acordó con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) es revisar la evaluación para hacerla de manera mucho más eficiente”. (Ibídem).
El gobierno de Peña Nieto va de tumbo en tumbo. Luego de la aplastante derrota del 5 de junio, reflejo de la baja calificación que le otorgan los mexicanos, y del errático nombramiento de Enrique Ochoa como nuevo presidente del PRI, no va a tener más remedio que recular, al tiempo que la mayoría de los gobernadores deberán replantearse sus relaciones con la dirigencia del SNTE.
Una cosa deberían saber, su partido, el PANAL, por su cuenta, no obtendría la votación necesaria para mantener su registro en la mayoría de las entidades.
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